¿Sucesión o ratificación popular?

El Rey ha abdicado a favor del Príncipe. Dignum et justum est. Ha sido un gesto necesario, conveniente, pero tardío, dado el deterioro que existe en la opinión pública sobre las cosas de Palacio.

La sucesión está asegurada por el carácter hereditario de la institución y porque el sucesor -varón, mayor de edad- puede asumir de manera inmediata las funciones inherentes al cargo. No habrá, pues, interinidades ni vacíos.

No obstante, el procedimiento mecánico de la sucesión -a rey abdicado, rey coronado- no despeja las dudas existentes sobre la legitimidad de la institución, pues el reinado de Juan Carlos I de Borbón, se erige sobre las excepcionales circunstancias del cambio de régimen, en las que su figura jugó un papel principal en la transición desde la dictadura al vigente régimen democrático, al contar con una doble y contradictoria legitimidad.

Por un lado, la conferida por los Principios Fundamentales del Movimiento como heredero del dictador, y por el otro, la concedida por la Constitución de 1978, aprobada en referéndum, sí, pero en ningún caso por la legitimidad directamente otorgada por la opinión popular, expresada en un referéndum específico sobre la forma de Estado.   

Aunque se desconocen hechos relevantes del suceso, el papel jugado por el Rey en el intento de golpe de Estado del 23-F-1981 (el “tejerazo”) le concedió un plus de legitimidad democrática, que contribuyó a confundir la adhesión, o al menos el respeto, a la persona con el concedido a la institución. Se ha dicho que los ciudadanos españoles son, o eran, más juancarlistas que monárquicos.

Hechos posteriores han reducido el apoyo público a la monarquía, pero sin aclarar si tal merma afecta a la figura del rey o a la institución. ¿España está dejando de ser juancarlista o está dejando de ser monárquica? ¿Es, acaso, republicana? Convendría comprobarlo para tranquilidad de monárquicos y de republicanos, pero sobre todo para tranquilidad del país en general, que tiene tareas más imperiosas que atender.

Con un régimen político consolidado, aunque sometido a una profunda erosión de las instituciones, a un retroceso de los derechos democráticos y a un deterioro de las clases dirigentes, la sucesión al trono se produce en una coyuntura muy alejada de la incertidumbre que, en 1975, marcó los días de la Tercera Restauración borbónica, ni existe ahora peligro de desestabilización por la amenaza de una intervención militar.

El tiempo corre más deprisa que la percepción de los vivientes, en particular si llevan una existencia muelle, mucho más que las instituciones, que envejecen con inusitada rapidez, y mucho más que los políticos, que viven entregados a la exigencia del corto plazo.

Siguiendo la opinión de Thomas Jefferson, que afirmaba que el poder de los vivos debía prevalecer sobre el legado de los muertos, que “ninguna sociedad puede elaborar una constitución perpetua ni una ley perpetua” y que toda ley expira de forma natural tras el paso de una generación, ni al Príncipe, que aporta un expediente limpio (suponemos), debería serle de utilidad lo que hizo su padre hace cuarenta años para restaurar la monarquía (ni lo que ha hecho después para lo contrario) ni a los ciudadanos más jóvenes lo que hicieron los suyos para apoyarla o ignorarla. Es, por lo tanto, necesaria una nueva ratificación de la monarquía.

Hay en la calle una nueva generación, que se está abriendo paso en política, cuyas opiniones los mayores, los viejunos, deberían escuchar.