Pronto hemos llegado al final de la XIª
Legislatura, una legislatura anómala, excepcional por su brevedad -apenas
cuatro meses (desde el 13 de enero al 3 de mayo)-, por el comportamiento del
Gobierno actuando en funciones y por el carácter preelectoral de toda ella,
concebida por los partidos más grandes como la antesala de unas elecciones
definitivas -una oportuna segunda vuelta-, en las que los electores podrían
modificar el sentido de sus preferencias políticas de manera suficiente como para
formar gobierno sin verse forzados a negociar, ya que la disposición a escuchar,
dialogar, entenderse y acordar, tan necesaria en quienes se dedican a la gestión
de los asuntos públicos -y, por tanto, comunes, compartidos-, es, empero, bastante escasa en las élites políticas
de este país.
Pero persisten los mismos problemas que hace
seis meses, algunos agravados por la acción (o la inacción) del mismo gobierno
y por la interinidad legislativa, concurren los mismos partidos, con las mismas
debilidades y carencias y con los mismos dirigentes, que, por cierto, suspenden
todos en las encuestas, incluso los nuevos, y persiste el mismo tramposo
sistema electoral que altera la voluntad de los ciudadanos, por lo cual, los
resultados de la jornada del 26 de junio no pueden ser muy distintos de los del
pasado 20 de diciembre, aunque sí pueden ser peores, dado que los sondeos sobre
las preferencias electorales sitúan al Partido Popular como el partido más
votado.
En
este posible interregno entre dos gobiernos de Rajoy (¡ojalá no nos maldiga el
destino!), ocupado también por un gobierno de Rajoy en funciones, el Partido
Popular ha mostrado los peores rasgos de su repertorio (los mejores no se conocen), en particular su tendencia a
gobernar con autoritarismo y a encubrir los casos de corrupción que salpican a sus
dirigentes.
En
funciones
Por una de esas jugadas del destino, el peor gobierno
de la etapa democrática ha recibido el inmerecido regalo de mantenerse en el
poder más tiempo del estrictamente necesario, con lo cual se ha prolongado el
castigo a los ciudadanos peor tratados por las medidas anticrisis. Pero lo más
curioso del caso es que este gobierno, resultado de una legislatura obsoleta,
se ha negado a rendir cuentas ante el parlamento salido de las urnas el pasado
20 de diciembre.
En el Partido Popular justifican este desafío
al poder legislativo con la argucia de que se trata de un gobierno en
funciones, cuando esa misma situación interina no le ha impedido tomar
decisiones que tendrán vigor durante más de medio siglo. Aducen que careciendo
de la confianza de la cámara, el Gobierno no debe someterse a ella, cuando esa
debe ser la razón más poderosa del Congreso para someterlo a su control y
evitar que se exceda en las limitadas funciones que le competen. Es una
interpretación tan interesada como paradójica argüir que un gobierno en
funciones (provisional) está menos sometido a control parlamentario que otro
que goza de la confianza de la cámara, pero delata el ideal autoritario de
gobernar sin testigos ni controles.
La Vicepresidenta ha utilizado de modo
torticero la separación de poderes como argumento de autoridad para justificar
la independencia del Gobierno respecto a las Cortes. Según esta nueva teoría de
la democracia, de la que los ciudadanos han conocido su aplicación práctica en
los últimos cuatro años, las urnas sirven para elegir a los diputados, pero
después de nombrado el gobierno la ciudadanía se disipa, desaparece la
soberanía nacional y sólo queda el Ejecutivo, que manda y dispone a su antojo
sin rendir cuentas de sus actos. El hecho de que el Gobierno esté en funciones
no altera la sustancia de la teoría, pues continúa investido de todos los
poderes del Estado, debido a que todavía controla la cúpula de las
instituciones que ha ocupado durante la legislatura con una mayoría absoluta ya
periclitada. El Ejecutivo subsume al Estado, al Partido y también a la Nación,
que deja de ser soberana, para ser una colectividad dependiente de lo que
decide un gobierno investido de poderes ya caducos pero extraordinarios. Lo
cual, como afirma Carl Schmitt, lo convierte en el verdadero soberano, porque
decide sobre lo excepcional, sobre lo que no está legislado o está por encima
de lo legislado, en este caso, su forma de actuar al margen del Congreso y de
la Constitución, que, por otra parte, ha sido abolida concienzudamente, a golpe
de decreto, durante la Xª Legislatura en lo que atañe a los derechos civiles y
sociales de la ciudadanía.
Lo que ocurre no es sorprendente, si se tienen
en cuenta el origen y la trayectoria del Partido Popular desde hace décadas y
cuál es su habitual forma de gobernar, tan llena de resabios franquistas.
Mariano Rajoy ha utilizado la mayoría absoluta
para gobernar como un autócrata, ha sido
el Jefe del Gobierno que más veces ha utilizado un procedimiento de urgencia
(más que Aznar, incluso), como es el decreto-ley, para legislar de forma
ordinaria sobre asuntos de tanta trascendencia como la reforma laboral o el
rescate de la banca (decidido sin debate), y hacerlo desde bien pronto (el
primer año: 16 leyes y 28 decretos); en total 75 decretos de una suma de 145
proyectos de ley; de los 163 tramitados, 59 lo han hecho por la vía de
urgencia. Es un Gobierno que ostenta el demérito de haber reformado 26 leyes de
una vez y sin debate parlamentario, y que más veces ha rechazado la
comparecencia de Rajoy y de los ministros en las cámaras y ante los
periodistas.
Rajoy ha sido el gran ausente del Congreso, el silencioso
líder de un gobierno que no comunica, que actúa y guarda silencio, y también el
gran mentiroso; en los tres primeros años y medio de legislatura el Gobierno
fue opaco: el Partido Popular rechazó el 63% de las peticiones de
comparecencia; en 105 ocasiones vetó la de Rajoy, en 22 ocasiones la de Ana
Mato, aunque también las de otros miembros del Gabinete, como la ministra
Báñez, el ministro de Defensa o el de Interior. La norma ha sido negarse a
explicar, a rendir cuentas y eludir cualquier responsabilidad política.
Rajoy ha estado ausente del 85% de las
votaciones, y a pesar de las numerosas peticiones de los partidos de la
oposición, sólo ha comparecido en el Congreso dos veces de forma extraordinaria:
una vez, el 1 de agosto de 2013, a propósito del caso Bárcenas, y fue para
mentir a la cámara; la segunda, el 4 de abril de este año, para dar cuenta del
acuerdo de la Unión Europea con Turquía sobre el incierto destino de los
refugiados de Siria. Por su parte, la Vicepresidenta sólo ha comparecido una
vez en cuatro años en la Comisión Constitucional, en la que debía dar cuenta de
su actividad.
La reforma de la administración de Justicia, la
Ley de Enjuiciamiento Criminal (ley de "punto final"), la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la
Ley de Seguridad Ciudadana (“ley mordaza”) y la Ley de
Seguridad Nacional forman un paquete legislativo de excepción, que no
corresponde a la situación real del país, pero se acerca a la forma ideal del
Gabinete de ejercer el poder, que muestra al PP como un partido no democrático,
que soporta mal las consecuencias del régimen representativo, porque,
como herederos del franquismo, sus dirigentes albergan el sueño de los
dictadores, que es mandar sin rendir cuentas de sus decisiones a los ciudadanos
y remitirse a Dios, a la historia o a otras mudas y solemnes instancias para no
responder de sus actos de gobierno.
Este anómalo “gobierno de excepción en
funciones” parece el adecuado colofón a un mandato cuajado de desplantes al
Congreso y a la opinión pública, y pródigo en actos atrabiliarios para entorpecer
la investigación de los casos de corrupción que le anegan y justificar unas
medidas que han hecho retroceder el país a situaciones que creíamos ya superadas.
La
corrupción que no cesa
A pesar de las trabas puestas a la
investigación de jueces y policías, la justicia ha seguido (penosamente) avanzando en la
instrucción de causas por diversos delitos de corrupción, y en estos meses interinidad
legislativa hemos conocido una serie de nuevos episodios que sitúan la corrupción
en el partido del Gobierno en cotas que eran difíciles de imaginar hace sólo
unos años.
La décima legislatura se despidió con el
descubrimiento de las actividades de dos diputados, Arístegui y Gómez de la
Serna, que, como antes Trillo y Pujalte, simultaneaban su labor en la Cámara
con la de opacos comisionistas, pero la lista de personas implicadas en presuntos
o probados delitos aumenta cada día; las últimas son Patricia Herrero,
exdirectora general de Empleo de la Comunidad de Madrid; Pablo Sanjuanbenito, codirector
del Parque Nacional de Guadarrama; Torres Hurtado, el ya ex alcalde de Granada,
y dos concejales, por delitos en proyecto inmobiliario; dos cargos sanitarios
del Gobierno de Feijoo, por negar fármacos a enfermos de hepatitis C; Francisco
Díaz, viceconsejero de Festejos de Melilla (Operación “Tosca”), y el ministro
Alfonso Alonso, por pagar un precio excesivo en un alquiler cuando era alcalde
de Vitoria.
En la Comunidad Valenciana, convertida cada una
de sus provincias en una satrapía, los imputados se cuentan por docenas y a los
casos más conocidos -Gurtel, Fabra, Brugal, FUDERSA (Blasco), Fórmula 1, IVAM, Imelsa,
Terra Mítica, EMARSA, Noos, FITUR, Acuamed, Palau de les Arts, Canal 9, etc- hay
que añadir nuevos imputados: Juan Cotino, vicepresidente de las Cortes
valencianas, y otras 23 personas, por diversos delitos relacionados con la
visita del Papa en 2006 (la fe mueve montañas, y al parecer, dinero); Alfonso
Grau, vicealcalde de Valencia, Rita Barberá y 47 personas (operación “Taula”) por
blanqueo de dinero y por presunta financiación ilegal del Partido, dirigido
ahora por una comisión gestora. Pero Rajoy, que “desea acabar cuanto antes con
esta lacra” y no se acuerda de su apoyo a Camps cuando se conoció el asunto de
los trajes pagados por la Gurtel -“Estoy contigo, Paco”-, asegura que no ha
tomado medidas antes porque no lo sabía -“ni yo ni mi partido teníamos ni idea
de lo que pasaba en Valencia”. Claro, en el diario “Marca”, no suelen aparecer
estos asuntos.
Si de la taifa valenciana pasamos a la satrapía
madrileña, cambiamos de lugar pero no de costumbres tanto en el Ayuntamiento
como en la Comunidad, núcleos de las tramas Gurtel y Púnica y ejemplos de
despilfarro de dinero público, donde la Unión Europea ha detectado deficiencias
graves en la administración de los Fondos Feder entre 2007 y 2013, se investiga
la venta de 2.935 viviendas sociales de la Comunidad madrileña (IVIMA) y 1.860
pisos del Ayuntamiento a compañías especuladoras (comprar pisos del IVIMA a
68.000 euros cada uno para venderlos a 140.000 euros), con pérdida para las
instituciones (32 millones de euros para el Consistorio), y se investigan las cuentas
de la Fundación Arpegio, de Fundescam y de una serie de empresas públicas,
semipúblicas y privadas (Canal de Isabel II, Mercamadrid, Madrid Calle 30,
Telemadrid, Gowex, Cofely, Aneri, Madrid Network, AENA, Madrid 2016,
Informática ICM, Servicios Funerarios, Ifema y Madridec, entre otras), con
extrañas inversiones, generosas donaciones, misteriosos contratos y fantasmales
servicios privados prestados a precio de oro.
La taifa murciana tampoco es manca, pues 35 de sus
45 municipios están o han estado afectados por casos de corrupción de sus
ediles, de los cuales, salvo dos, todos son del PP. La justicia investiga ahora
el caso del auditorio de Puerto Lumbreras, de donde era alcalde el actual
presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, y otros dos grandes casos
que afectan a la presidencia de Ramón Luis Valcárcel (1995-2014), como la
construcción del aeropuerto (sin aviones) de Corvera y la desaladora de
Escombreras, adjudicada a una trama de empresas encabezada por la ACS de Florentino
Pérez.
En el partido de los patriotas y de las
“personas normales” (¿qué entenderá Rajoy por “normales”?), algunas de estas
personas (normales) han ido a hacer las Américas, como han desvelado “los
papeles de Panamá”, por los cuales hemos sabido que el ya ex ministro José
Manuel Soria (el del impuesto al Sol) era administrador de una empresa familiar
ubicada en un paraíso fiscal, lo mismo que Micaela Domeq, esposa de Arias
Cañete (salpicado también por el caso Acuamed), beneficiada también en su día
por la amnistía fiscal decretada por el Gobierno siendo ministro su marido.
Tras no pocas objeciones, la dirección del PP se
ha visto obligada a entregar un aval por la fianza de 1,2 millones de euros,
solicitada por el juez, como responsable civil subsidiario en el caso Bárcenas
por la supuesta existencia de una doble contabilidad (caja B) en la
administración central del partido, cuando aparece, por ahora de forma
presunta, otra caja B, en la trama de la “Púnica”, en la que Granados, también
presuntamente, actuaba como recaudador para el Partido, además de para sí mismo
y para su socio (David Marjaliza). Y finalmente, una inspección fiscal ha
llegado a las cuentas del “Liderísimo”. El Ministerio de Hacienda ha impuesto a
José María Aznar el pago de 199.052 euros, en una declaración complementaria, y
una multa de 70.400 euros por sus irregularidades fiscales.
Así que, ante una campaña electoral en ciernes,
el Partido Popular ostenta como “garantía” de transparencia y honradez una
abultada lista de cargos de todos los niveles, ya condenados o en curso de
investigación, por casos que forman una amplia gama de dejaciones, abusos,
faltas y delitos cometidos por sus militantes ocupando cargos públicos.
Dejando de lado los posibles méritos políticos
de todos ellos, más bien escasos, un partido que, sin autocrítica, ha defendido
o defiende la honorabilidad de Rato, Mato, Soria, Matas, Cañete, Fabra, Bárcenas,
Puerta, Naseiro, Barberá, Camps, Costa, Castedo, González Panero, Díaz Alperi, Betoret,
Granados, González, Cañellas, Matutes, Cotino, Grau, López Viejo, Baltar, Blasco,
Conde, Areal, Gómez de la Serna, Arístegui, Pujalte, Ripoll, Trillo, Van-Halen,
Lamela, Güemes, Crespo, Torres Hurtado, Rus, Rambla, Ciscar, Castellano, Alonso,
Botella, Aznar y decenas de otros, y, como se desprende de la documentación
incautada por la policía, sobre el que hay fundadas sospechas de que casi toda
la plana mayor percibía sobresueldos en negro
durante los peores años de la crisis, mientras exigía a los ciudadanos
apretarse el cinturón, un partido así, repito, no debería concurrir otra vez a unas
elecciones legislativas sin haberse depurado profundamente.
La
cuestionable “recuperación”
Ayudada por factores externos como el descenso
del precio del petróleo, la compra de deuda por el Banco Central Europeo, la
depreciación del euro y la flexibilidad en el plazo para reducir el déficit
público decidida en Bruselas, y por factores internos como el saneamiento de la
banca con fondos públicos, la rebaja de los seguros sociales y los impuestos a
las empresas y, en muy buena medida, por las condiciones leoninas impuestas a
los trabajadores con la reforma laboral, la economía española crece (el 3,2%
del PIB en 2015), pero, contra lo afirmado triunfalmente por el Gobierno, no es
la que más ha crecido en Europa en los dos últimos años.
La economía crece, pero lo hace de modo
insuficiente, lento, titubeante, y ahora, otra vez, con atonía, pero sus
beneficios se reparten de manera desigual, pues se dirigen hacia los estratos
sociales con rentas altas y muy altas, mientras la crisis se ha asentado
firmemente entre los perceptores de rentas bajas y muy bajas, que son los
estratos bajos de la clase media y de las clases asalariadas y populares. La
recuperación no ha llegado a todos los hogares y, de seguir por este camino,
dejará atrás por largo tiempo a la tercera parte del país, mientras las dos
partes más afortunadas se alejarán. Y eso no es justo, aunque esta calificación
moral carezca de validez ante los agentes económicos.
Hay que proteger el crecimiento, sí, con
condiciones, claro está, pero sobre todo hay que repartir mejor sus beneficios,
destinando una proporción sensiblemente mayor a sacar a flote a quienes han
soportado a sus expensas los peores costes de la recesión, sin ser culpables ni
de sus causas ni de sus (malos) remedios.
El principal argumento de Rajoy y de los suyos
de cara a las elecciones es que la llegada al Gobierno de otro partido, en
particular si es la coalición de Podemos e Izquierda Unida, puede malograr lo
que, con notoria intención propagandística, llaman pomposamente “la
recuperación”, y poner en peligro la futura creación de empleo. Utilizan otra
vez la promesa de la zanahoria cuando preparan el palo con nuevos recortes
-10.000 millones de euros pide la Unión Europea-, debidos en parte a la falsía
de los Presupuestos Generales de 2016, amañados para tratar de engañar a los
votantes españoles antes de las elecciones del 20-D-2015, pero inútiles a la
hora de confundir a los técnicos de Bruselas.
La justificación para reducir el gasto público
asistencial, arremeter contra el Estado de bienestar, recortar derechos
laborales y civiles, rebajar sueldos y congelar pensiones, introducir copagos y
privatizar bienes y servicios públicos para entronizar una versión hispánica de
capitalismo salvaje (pero católico); la razón aparente de las medidas de
austeridad, en suma, ha sido la imperiosa necesidad de reducir el déficit
público y la deuda externa, provocados, según su parecer y el de Merkel, por
haber vivido por encima de nuestras posibilidades. Así que los recortes han
sido como un merecido castigo a nuestras travesuras consumistas.
Pero los resultados obtenidos con tales medidas
han quedado bastante lejos de las expectativas que han exigido tanto sacrificio
a los ciudadanos, en particular a los estratos medio y bajo de la clase media,
a los asalariados y clases sociales más populares. Veamos algunas grandes
cifras, con un apunte previo
sobre la recesión. Un nuevo análisis del INE sobre el descenso del PIB en los
años de crisis, estima que la segunda recesión, con una caída del 5% del PIB
entre 2011 y 2013, fue más severa que la primera, que generó una caída del 3,6%
del PIB, entre 2008 y 2009; en total un descenso del 8,6% en vez del 7,3% del
PIB, calculado al principio.
En 2015, la deuda externa alcanzó la cifra de
1,8 billones de euros. Por lo que hace a la deuda pública, en marzo de 2016,
las administraciones públicas tenían una deuda acumulada de 1,095 billones de
euros, la cifra más alta desde 1909.
En 2015, el déficit público fue del 5,1% del
PIB, el pactado con Bruselas era del 4,2%. Con este dato, Rajoy no ha cumplido
ni un solo año el déficit pactado, y en 2015, con una desviación cercana a los
9.000 millones de euros, que anuncia un nuevo recorte, ha logrado colocar a España
como el segundo país de la Unión Europea con mayor déficit, detrás de Grecia. Por
ese incumplimiento, Bruselas amenaza con sancionar a España con una multa de 2.000
millones de euros.
Respecto a los ingresos del Estado por
impuestos, a pesar de lo dicho, el Gobierno de Rajoy acabó la legislatura con
una carga fiscal mayor que la de Zapatero. La demagogia de bajar un poco los
impuestos al final de la legislatura después de haberlos subido mucho nada más
llegar a la Moncloa, arroja un saldo de 17.500 millones de euros más, que es la
diferencia entre la subida de impuestos de 23.000 millones en 2011 y las
rebajas electoralistas de 2015, que rondaron los 5.500 millones de euros.
Pero son las familias y las empresas las que
hasta ahora han logrado reducir su nivel de endeudamiento recortando sus
créditos a un ritmo de 70.000 millones de euros al año. Los préstamos a
familias y particulares ascendieron a 912.000 millones de euros en noviembre de
2008 y el nivel máximo de endeudamiento para las empresas se alcanzó en abril
de 2009, con 1,2 billones de euros. En 2016, las empresas acumulan todavía
908.000 millones de euros en préstamos y las familias 717.000 millones de
euros, pero han reducido sus deudas en un 28% y en un 21%, respectivamente.
El año 2015 acabó con 678.200 parados menos, y
en ese año y en 2014 se crearon 959.000 empleos, que el Gobierno exhibe como
resultado positivo de su gestión. Sin embargo las cifras son relativas: entre
2012 y 2013, primeros años de aplicación de la reforma laboral, se destruyeron
1.017.800 empleos, que son más que los empleos creados hasta el final de 2015 (959.000).
Téngase en cuenta también que la población activa se ha reducido y que parte
del descenso se debe a que un millón de residentes extranjeros ha abandonado España.
En 2011, había 761.400 personas que llevan un año sin trabajar y 1.431.000 que
llevaban dos; en 2015, las personas que llevan un año sin empleo eran 1.212.000
y 2.100.000 las que llevaban dos años.
Al acabar 2015, había 4,8 millones de parados,
el 22% de la población activa, de los que 1,4 millones llevan en paro más de
tres años, y del total sólo 1,3 millones percibe alguna ayuda.
Ahora el desempleo supera el 21%, pero hasta el
año 2019 no se espera que baje del 15%.
Salvo en los discursos, el drama del paro no
parece preocupar mucho al Gobierno, pues, al Plan Juncker, dotado con 21.000
millones de euros para reanimar la economía de la eurozona, que se gastan según
proyectos nacionales para animar la inversión privada, España ha presentado
proyectos por valor de 615 millones de euros, con los que espera movilizar
2.500 millones de aportación privada y crear 5.500 empleos. Los países que más
fondos han obtenido al presentar planes más ambiciosos, son Francia, Italia y
Gran Bretaña, a la espera de celebrar el refrendo sobre el “brexit” (ni dentro
ni fuera de la UE, pero cojo lo que puedo), que están en mejor situación que
España.
En 2014, el Gobierno concibió un plan de 1.200
millones de euros para ayudar a 400.000 parados de larga duración con un subsidio
de 426 euros al mes durante 6 meses. Pero en 2015, de ese colectivo sólo 14.000
personas habían hallado empleo, del plan se habían gastado 182 millones y
habían recibido las ayudas 105.000 parados. Lo cual mostraba un nuevo caso de
picaresca gubernamental, ya que los recortes no acaban en el Presupuesto sino
que siguen en la ejecución, al recortar en el desembolso sobre lo ya recortado
en la aprobación. Con Rajoy, los parados han perdido, como media, 56 euros
mensuales de subsidio.
La reforma laboral de 2012 ha arrojado al paro
a 900.000 jóvenes. En el Plan de Formación y Empleo Juvenil de la UE, a España
le habían correspondido 943 millones de euros. Al acabar 2015 sólo se había
gastado el 12% de esos fondos a pesar de tener un paro juvenil del 46% (el 66%
en los que tienen entre 16 y 19 años). ¿Mala gestión o simple indiferencia ante
los dramas ajenos?
Quizá ambas cosas, que contrastan con la
celeridad con que el gobierno atiende las quejas de los grandes grupos
económicos. Un caso flagrante de servilismo a un oligopolio es el impuesto a la
luz solar para impedir la producción doméstica de energía eléctrica. Otra
petición empresarial atendida con premura por el Gobierno ha sido la del grupo
ACS, al suspenderse, por provocar seísmos, la actividad del proyecto “Castor”,
que pretendía construir un depósito subterráneo de gas frente a la costa de
Castellón. El Estado ha indemnizado pronto y bien a la empresa con 1.350
millones de euros, pero varias asociaciones aseguran que para los consumidores el
coste real del fracasado proyecto supera los 4.700 millones de euros.
La reforma laboral también ha abierto dos
brechas -de salarios y de duración de los contratos- entre los antiguos y los
nuevos empleos: se crea empleo, pero es malo, precario, temporal (la duración
media de los contratos ha bajado de 79 días en 2006 a 53 días en 2015), con
bajos salarios, pocos derechos y horarios extenuantes, lo que ha hecho aparecer
una nueva categoría social: la del trabajador pobre (y sobreexplotado), cuyo
salario no le basta para subsistir. En promedio, en 2015, el poder adquisitivo
de los salarios retrocedió al nivel de la recesión de 1993, que siguió a los
“fastos” de 1992 (Olimpiadas, Expo Universal y Vº Centenario).
En 2015, el 35% de los asalariados percibía un
sueldo medio de 9.034 euros al año, en 14 pagas de 645 euros. El grupo mayor de
asalariados, 3,69 millones de personas (el 22% del total), percibía un sueldo
medio de 1.840 euros anuales, 153 euros al mes, y el 50% de los asalariados
recibía menos de 14.000 euros anuales. En 2011, los trabajadores percibieron
salarios por valor de 531.000 millones de euros, en 2015 han sido 510.000
millones, por lo que en cuatro años han perdido 21.000 millones de euros en
conjunto, así que son más pobres; el 55% de las horas extras realizadas no se
cobran y, desde 2012, ha aumentado un 31%; tres de cada diez contratos
temporales duran menos de una semana y se pueden enlazar uno tras otro con la
misma empresa.
Uno de cada cuatro españoles corre el riesgo de
caer en la pobreza y en la exclusión social. Tres millones de personas han
abandonado la clase media para descender de estrato social; la clase baja de la
sociedad ha pasado de representar el 27% de la población en 2007 al 38,5% en 2013. Hay un millón y medio de
familias donde todos los miembros carecen de empleo, 800.000 hogares sin ningún
ingreso y 500.000 en pobreza severa. El 14% de las familias asegura tener
dificultades para que sus ingresos lleguen a fin de mes; a pesar de todo ello,
España dedica a la protección infantil y familiar sólo el 1,4% del PIB, casi la
mitad de la media de los países de la Unión Europea, y el 0,2% del PIB a luchar
contra la pobreza, menos de la mitad de la media europea. Pero somos el tercer
país con la gasolina más cara de Europa, y la luz ha subido un 10% en esta
legislatura (el 80% desde 2003).
Rajoy, con un remanente de 32.481 millones de
euros, se ha gastado la mitad del fondo de pensiones -66.000 millones de euros-
que dejó Zapatero.
CC.OO. estima en 78.000 millones de euros los
recortes efectuados en servicios públicos entre 2009 y 2014. Entre 2011 y 2015,
las administraciones públicas han perdido 166.560 empleos: la central 54.000
empleos, las entidades locales 48.000, las comunidades autónomas 57.000 y las
universidades algo más de 7.000. Según la federación de Enseñanza de CC.OO.,
entre 2009 y 2015 ha habido un aumento de 1.037.000 alumnos en la enseñanza
pública, pero 29.931 profesores menos, mientras hay 12.537 profesores más en la
enseñanza privada. Se ha reducido un 92% el presupuesto destinado a la
educación compensatoria (para los que tienen más dificultades en aprender el
normal sistema reglado) y un 93% el destinado a la formación de profesores.
Un innegable sentido del privilegio, gobernar
para los suyos como expresa la ley Wert (LOMCE, Ley Orgánica 8/2013) y asegurar
la hegemonía de la derecha en el futuro a través del adoctrinamiento de las
nuevas generaciones. Es una ley elaborada pensando en los niños como futuros
votantes del Partido Popular y en establecer desde la infancia la selección social
de quienes irán hacia los estudios superiores, para ser cuadros técnicos y
directivos e incluso formar parte de la élite dirigente de la sociedad, y
quienes se habrán de encaminar hacia empleos menos específicos para ser sólo y
trabajadores subalternos y ciudadanos corrientes.
La ley Wert establece desde muy pronto la
estrategia para reproducir en las aulas los valores ideológicos de la derecha y
los comportamientos de clase. Pensada
contra los niños de las clases populares. Ley Wert aprobada sin diálogo
con la comunidad educativa (docentes, padres, alumnos) ni consenso
parlamentario, pero tuvo muy en cuenta las opiniones de la Curia y de FAES,
quita poder a padres y profesores en los colegios y refuerza el de las administraciones
de que dependan. Pensada en el mercado laboral, prepara para engarzar con la
reforma neoliberal de la enseñanza superior, en contra de la pública y apoyo a
la enseñanza privada y concertada. Más peso académico a la religión católica al
hacerla evaluable (aumento del 150% en
matrículas de la asignatura), quitárselo a las Humanidades, a la ética
ciudadana y a los derechos civiles.
Antes de concluir, unas noticias sobre un
gremio, que parecen un chiste: en 2014, 119 banqueros españoles cobraron más de
un millón de euros al año (cada uno de ellos, claro está). La remuneración
media de los banqueros españoles fue de 2,39 millones de euros anuales por cabeza,
superior (en esto sí) a la media europea, que es 1,9 millones, que tampoco está
mal. La banca española supera en eficiencia a la alemana, la francesa y a la
italiana, pero, según un estudio de FUNCAS, en los próximos tres años cerrarán
3.000 oficinas y 15.000 empleados se irán a la calle. En 1995, la banca y las
cajas de ahorros daban empleo de 233.000 trabajadores, en 2015 a 175.000
(58.000 menos; el 25% menos).
En el Informe anual 2015, el gobernador del
Banco de España, Luis Linde, afirma que, “ante un crecimiento modesto de la
productividad”, es necesario rebajar los salarios de los empleados y reducir la
protección de los contratos indefinidos, pero él tuvo, en 2014, unos ingresos
de 176.000 euros, un 5,8% de aumento sobre el año 2013, y en 2015, unos
ingresos de 183.969 euros, un 4,5% más que el año anterior, unas subidas
quiméricas para cualquier trabajador.
Por todo lo expuesto, que no es un relato
exhaustivo de lo acontecido en estas dos desiguales legislaturas, sino un breve
recordatorio de algo de lo sucedido, el Partido Popular debería renunciar a
presentarse a las próximas elecciones y cambiar por completo de actitud: es
decir, colaborar con la justicia en esclarecer los muchos casos de corrupción
que le afectan y regenerar sus filas para hacerlo merecedor del respeto y del
voto de los ciudadanos.
Como eso no va a suceder, en vista de lo dicho
y de lo hecho en estos cuatro años y medio, el día 26 de junio el Partido
Popular debería ser castigado con severidad por sus electores, en buena parte
perjudicados como asalariados y consumidores por su política económica, como
contribuyentes por sus fraudes y sus medidas fiscales y como ciudadanos por el
recorte de derechos civiles y por su autoritaria y opaca manera de gobernar. Pero
es de temer que no sea así, pues España es un país bastante raro por sus
estructuras políticas y por la conducta casi general de sus ciudadanos.
Las primeras son formalmente representativas,
pero, en realidad, tras el objetivo de facilitar la formación de gobiernos
estables, definen un aberrante régimen oligárquico y cada día más plutocrático, y respecto a los segundos, una porción no desdeñable y
numéricamente decisiva de los electores ofrece preocupantes muestras de vivir
de espaldas a nuestra historia, al no haber comprendido la importancia de los
derechos civiles en las sociedades complejas, ni haber asumido de forma
consciente los derechos y deberes del ciudadano moderno, que es el único
soberano. Claro está que los partidos políticos han ayudado poco en la
necesaria función pedagógica de difundirlos, sin la cual difícilmente puede
existir un régimen democrático digno de tal nombre, y que el Estado, siempre
cicatero con los derechos de los gobernados, ha contribuido bastante a
perpetuar esa minoría de edad, y procura mantener a la ciudadanía en la
ignorancia penalizando la educación y la cultura y ofreciendo, con la eficaz
colaboración de la iniciativa privada, pan y circo, o mejor dicho mermadas
raciones de pan pero generosas sesiones de circo, o sea, elevadas dosis de
propaganda, mucho fútbol y programas de evasión y de intrascendente cotilleo
televisivo.
Entre tanto, los sondeos preelectorales dan
como primera fuerza en número de votos al Partido Popular… a pesar de la
herencia de Rajoy.
España es un país muy extraño.
Trasversales nº 38, edición digital, junio 2016.
