Código Penal

Sobre la sentencia de la violación en grupo a una chica, perpetrada por "la manada"
Primero. El Código Penal no representa la suprema sabiduría ni la máxima objetividad en todos sus artículos. Segundo, tampoco la representan quienes lo interpretan y lo aplican, que son los jueces. Tercero, y tampoco quienes elaboran las leyes, que son los diputados. El Código Penal tiene su historia y su dependencia de ideas que socialmente puedan haber quedado desfasadas pero que aún conserven su impronta en algunos artículos.
No hace mucho tiempo, Eduardo Torres Dulce, que fue Fiscal general, decía que el Código Penal se había modificado casi 30 veces en pocos años y que de tales reformas, con enmiendas a artículos, adiciones, reinterpretaciones, etc había quedado en muchos casos con artículos difíciles entender y, por ende, de aplicar desde un solo punto de vista. Lo cual explica, también, las condiciones en que se elaboran las leyes, que, por múltiples causas, se alejan de las condiciones idóneas de tranquilidad, serenidad, ponderación, atención al bien común (antes que a los intereses de partido), consultas con la sociedad, con expertos en distintas materias, análisis de la jurisprudencia existente y de los efectos que han tenido leyes similares, etc. y se acercan bien, a la confección de leyes que se adecuan a la ideología del partido que tiene la mayoría en el Parlamento o bien al habitual mercadeo con otros partidos si no la tiene. Si me apoyas en este enmienda, yo te apoyo en la otra, y si me prestas los votos necesarios para sacar adelante esta ley, yo te apoyaré en el proyecto de la ley de Costas, o de Aguas, o de Dependencia, o en las pensiones o en los presupuestos.

Blanca y radiante

Como una virgen vestida con el color de la pureza o una ingenua niña de primera comunión, blanca y radiante iba ataviada Cristina Cifuentes para despedirse del cargo de Presidenta de la Comunidad de Madrid, en el que, con pertinaz porfía, se ha mantenido a pesar de las evidencias de que el máster en “Derecho Público del Estado autonómico” (vaya con el nombre y con la práctica de esta alumna aventajada) había sido más bien el regalo de un departamento universitario bastante opaco, antes que un título merecido por su esfuerzo y dedicación.

Encastillada en el cargo y desafiante ante quienes le exigían pruebas verosímiles que acreditaran su currículo o la dimisión, Cifuentes se negaba a hacerlo, apoyada por su grupo en la Asamblea y por su partido, como lo prueban los aplausos recibidos en la reciente convención de Sevilla.

La experiencia nos dice que si el PP hubiera tenido mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid es casi seguro que Rajoy no hubiera cedido y que Cifuentes a estas horas seguiría en el cargo, pero, para su desventura y para beneficio del sistema democrático, no la tiene, y la amenaza de ser desalojada por un moción de censura promovida por el PSOE y apoyada por Podemos, y quizá por un renuente Ciudadanos, obligaba a Rajoy a mover ficha.

Sin embargo, la ficha no la ha movido él, en apariencia, sino una mano negra, del entorno “amigo”, pero rencoroso, que, con un vídeo añejo sacado de algún fondo de reptiles, ha obligado a Cifuentes a dimitir por un quítame allá esos tarros de crema, que estaban inadvertidamente dentro de su bolso.

No sabía la ya expresidenta que en esa sucursal de Eroski, que estaba (ya no existe) frente a la Asamblea de Madrid, era habitual que las cajeras pidieran a las clientas que abrieran los bolsos, incluso las cajas de compresas o de galletas, dado el elevado número de hurtos que allí se producían. Lo que nadie esperaba es que la entonces vicepresidenta de la Asamblea, que cobraba un buen sueldo amén de los pluses y otras prebendas, fuera aficionada a los deportes de riesgo por ahorrarse una miseria, pues en ese almacén no era extraño ver salir a gente corriendo seguida por guardas de seguridad, que no les solían alcanzar. Se ve que Cifuentes no era aficionada al “running”, que está tan de moda.

En cualquier caso, un asunto menor, una debilidad, que, le puede suceder a cualquiera, por ejemplo a otro diputado del PP, en unos almacenes de Londres, cuando, en la bolsa, se le “deslizó” -eso dijo- un pijama sin pasar por caja.

Pero el asunto menor de Cifuentes se junta con el asunto un poco mayor del falso máster y con otros, verdaderamente grandes, de la Comunidad de Madrid, que es un centro neurálgico de mala administración, despilfarro y tramas corruptas, un auténtico pudridero, desde el momento que, en 2003, Esperanza Aguirre, que nada sabe de la corrupción que la ha rodeado durante años sin romperla ni mancharla, sentó sus reales en la Presidencia de la Comunidad, gracias al “tamayazo”, con que se la birló a Rafael Simancas, en una jugada parecida a la que el PP preparó a Demetrio Madrid para quitarle la presidencia de la Comunidad de Castilla-León, que luego ocupó Aznar. Madrid quedó absuelto del infundio que se le imputaba, pero no le devolvieron el cargo. Para que luego vengan con la mandanga de que si Gabilondo quiere gobernar, que gane las elecciones.    

Según ha indicado su interino sucesor en el cargo, Cifuentes conserva su escaño de diputada en la Asamblea, porque no ha incumplido ningún artículo del código ético del PP que merezca su remoción.

Ignoro el contenido de dicho código ético, que presumo deliberadamente laxo o quizá tenga sólo una existencia nominal, como el célebre máster, pero lo cierto es que se siguen conociendo casos de corrupción en las filas del Partido Popular, el último el del senador Pedro Agramunt, por unos favores en Azerbayán, sin que el famoso código haya servido para otra cosa que para hablar de regeneración y transparencia y al mismo tiempo arropar a los corruptos.

Por fortuna, no actúa así la baqueteada administración de justicia, que con pocos medios humanos y materiales y notables interferencias desde el Ejecutivo, sigue pasito a pasito con su tarea y al final los casos alcanzan su meta. Este año, el PP tiene una “agenda judicial” muy cargada, pues están imputados 4 ministros, 6 presidentes de comunidades autónomas, 5 expresidentes de diputaciones, 3 ex tesoreros nacionales, 18 consejeros de comunidades autónomas y casi 800 concejales y otros cargos de menor importancia. Más lo que vaya saliendo.    

Aquellos claveles…

Otra vez es 25 de abril, y otra vez vuelve el agridulce recuerdo de aquellos cravos vermelhos da liberdade, como cantaba Carlos Puebla en una visita a Portugal; rojos claveles azarosamente convertidos símbolo de la esperanza de cambio, que el movimiento de las fuerzas armadas -MFA- despertó entre los portugueses y las izquierdas de Europa. Pues, una insólita revolución pacífica venía soplar sobre las cenizas aún calientes de la oleada de insumisión juvenil, estudiantil pero también obrera, que había agitado el continente, a los dos lados del muro, a finales de los años sesenta.

La comuna de Berlín en 1967, había continuado en la primavera de Praga y en el mayo francés del 68 y en el otoño caliente italiano de 1969. En los años setenta, la festiva agitación callejera había dejado paso a algo mucho más serio -el terrorismo no nacionalista-, que en Alemania (Rote Armee Fraktion), Francia (Action Directe), Grecia (O. R. 17 Noviembre) e Italia (Brigatte Rosse, Prima Linea), revelaban la prisa y la impotencia de grupos de la extrema izquierda ante el declive del movimiento de masas. A partir de entonces, todo fue más sórdido, más dramático, más dogmático, pues el fracaso de la expectativa de que en los países desarrollados de Europa era posible realizar cambios radicales emulando  exóticas revoluciones del tercer mundo, dio paso a una rabiosa y desesperada reacción contra el Estado burgués, a la que muchos jóvenes se entregaron con espíritu prometeico y la vana intención de doblegarle o de entregar su vida como tributo a un sueño fracasado, casi como un suicidio ante el amor despechado de una revolución esquiva.

El 25 de abril, que venía a compensar en Europa la deriva golpista que poco a poco iba cambiando la faz de América Latina, sorprendió gratamente al “rojerío” español, que vio con alborozo un triunfo que compensaba la caída del gobierno de Allende por el cuartelazo de Pinochet unos meses antes, pero también alarmó al propio régimen franquista en su ocaso, que vio aterrado como caía fácilmente el gobierno de Marcelo Caetano, su socio en el Pacto Ibérico que unía a dos dictaduras que vivían dándose la espalda, bajo la atenta mirada del amigo americano.

La revolución de los claveles influyó en la Transición española, que, tras el asesinato de Carrero Blanco en 1973, ya se alumbraba. En ese verano hizo su aparición pública la Junta Democrática, el PSOE celebraría su congreso de Suresnes en septiembre y el resto de la oposición clandestina, que ya daba señales de vida, se preparaba para lo que ya anunciaba el mal estado de salud de Franco. Su dictadura sería la última en caer de las tres del sur de Europa, ya que la de los coroneles griegos acabó sus días en julio de ese año.  

Doctor Montes. Eutanasia

El caso que aduces, Maravillas Cora, que la vida dependa de un criterio mercantil ajeno a la propia voluntad, puede deberse tanto a ahorrar dinero y esfuerzo humano por falta de fondos para acortarla, como a alargarla por el ingreso que produce, por ejemplo, si el enfermo está internado en una residencia o clínica privada, que lo considera "un cliente" y lo convierte en un rehén. Además de por lo que puede aportar su agonía en la investigación médica. 
En cualquier caso, creo que la opinión del enfermo sobre la duración de su vida debe prevalecer sobre la de cualquier otras persona o entidad. Y que esta voluntad debe respetarse aun cuando no pueda manifestarla en el momento oportuno. Para eso está el testamento vital o un documento similar, ante notario, recogiendo su última voluntad.

Yo tampoco tengo una posición categórica sobre este tema, pero intento abordarlo desde la perspectiva de la autonomía de ser humano para decidir sobre su propia vida. Esfuerzo que ha sido largo, y que no ha terminado, por librarse de tutelas bien o mal intencionadas para decidir por encima de él. Si no hemos podido decidir si estábamos de acuerdo en ser traídos a este mundo, que podamos, por lo menos, decidir el momento de abandonarlo, más aún cuando se trate de poner fin a una vida larga, y ya agotada, o a una existencia en condiciones penosas.

Morir en Madrid

                                                                                     Al doctor Montes, in memoriam

El doctor Luis Montes ha fallecido en Madrid. Ignoro las circunstancias del óbito, pero espero, por su bien y el de sus allegados, que haya salido de este mundo con serenidad, dignamente, como él quiso que pudiera hacerlo quien quisiera.

El doctor Montes fue una de las víctimas de la particular cruzada que Manuel Lamela, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, emprendió en 2005 contra quienes defendían el derecho a morir sin sufrimiento innecesario y, en particular, contra los médicos del Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ocho de Leganés. Cruzada que iba directamente dirigida contra la voluntad de los enfermos en situación terminal que desearan acabar dignamente sus días.

Manuel Lamela, abogado, miembro del Partido Popular y católico intransigente, abusando del poder público que su cargo no le otorgaba decidió un día que en Madrid había que morir rabiando de dolor, como prescribe una de las más inhumanas versiones de su fe, que desprecia el supremo mandato del hijo del carpintero de Nazaret: “Amaos unos a otros”.

El dos de marzo de 2005, la Consejería de Sanidad de Madrid recibió una denuncia anónima que acusaba a los médicos del hospital Severo Ochoa de una práctica masiva de eutanasia en el Servicio de Urgencias. El día 11 de marzo, el consejero Lamela, sin más averiguaciones, destituyó a la dirección del hospital, empezando por el jefe de dicho servicio, el doctor Luis Montes, y acusó a ocho médicos de abusar de las sedaciones con enfermos terminales, práctica que pudiera haber derivado en 400 casos de homicidio. 

Después de más de dos años de informes y contra informes, se supo que los 400 casos se reducían a 169, de estos, la llamada Comisión Lamela señaló que en 73 casos existía mala praxis, que produjo la muerte de 20 pacientes. Pero el informe de una comisión de peritos del Colegio de Médicos redujo a 34 los casos de sedación irregular, no de mala praxis, indicando que no era posible afirmar que hubieran podido provocar la muerte de los enfermos. El juez redujo a quince los casos de sedaciones a investigar y tras tomar declaración a imputados y a peritos sobreseyó el caso, decisión ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El honor de los facultativos tan injustamente acusados ha sido rehabilitado, pero en los hospitales de Madrid las cosas no han vuelto a ser como antes, porque ha quedado el precedente de la doctrina Lamela.

Desde entonces, los facultativos de cuidados paliativos son muy cautos para prescribir cuidados paliativos a enfermos terminales, porque temen enfrentarse a una demanda, verse sancionados, imputados en un delito de homicidio y perder el empleo. Por eso en Madrid, la ciudad mártir, donde cada día se vive peor, se muere de mala manera. Con dolor y rabiando, porque lo quiso Lamela, que, desde un cargo directivo en un hospital privatizado por su Partido, no dijo ni  pío sobre cómo se resolvió el famoso caso de los 400 falsos homicidios, que es una prueba evidente de su incompetencia y de su mala fe, en el doble sentido de la palabra.  

Y es que allí donde gobierna, esta derecha salvaje impone su moral particular, que es la que viene directamente de las cavernas de Roma: en Madrid hay que morir rabiando de dolor y en Navarra no se ha podido abortar legalmente durante veinticuatro años. Sólo porque lo quiere la Conferencia Episcopal y así lo dispone su obediente brazo político, el Partido Popular.

Publicado en El obrero

Cifuentes

El caso del falso máster de Cristina Cifuentes, es un caso de libro, por no decir de máster, que demuestra que del PP no es posible esperar una regeneración interna y mucho menos confiar en que la acometan en las instituciones, que tanto han contribuido a deteriorar. 
El PP es un partido de otro régimen político, incrustado en este, que vive aferrado parasitariamente a instituciones que no estaban preparadas para recibir ese uso y que han sido convertidas en instrumentos al servicio de una noción patrimonial del poder y de intereses personales inconfesables, ante los cuales los ciudadanos se encuentran desarmados, porque el régimen está ya podrido desde la médula.

Cataluña, ¿es diferente? 4. Respuesta a Jordi.

Ocupadas un par de jornadas en otros menesteres, vuelvo al tema (perdonen,  pero un amigo merece este esfuerzo) y retomo el tema de la democracia por dos razones de diferente entidad.

La primera, por la importancia del “Procés”, que pretendía hacer de Cataluña un país independiente a expensas del territorio de otro, y además llevarlo a cabo contra la voluntad de la mayoría de los catalanes. Y recalco, estas circunstancias porque parece que, a la vista del coste que el intento ha tenido para algunos de sus promotores, en el entorno social afín al independentismo y a sectores de la izquierda, no se ha dado al asunto la importancia que merece. A mí, me parece un asunto muy serio, un suceso excepcional en la historia de un país, que ha salido mal, pero eso no quita responsabilidad a quienes han intentado llevarlo a cabo sin éxito.  

La otra razón tiene que ver con el procedimiento, que debe ser acorde con el objetivo que se quiere alcanzar, y como se ha aireado hasta el cansancio que se trata de un objetivo democrático, entiendo que el camino para llegar a él también deba serlo, porque de otro modo, los medios (presuntamente) no democráticos podrían desvirtuar el (presunto) fin democrático que se pretende obtener. Más aún, cuando desde las filas independentistas se ha sostenido (y se sostiene) que España sufre una involución democrática, a la que Cataluña quiere escapar a través de una vía democrática propia. Y si bien lo primero es difícil de negar, pues, en España (y en Europa) las medidas de austeridad para salir de la crisis (a costa, dicho sea de paso, de las rentas más bajas) han ido acompañadas por la restricción de derechos, en Cataluña no sólo el Govern de CiU ha aplicado las mismas medidas, sino que su presunta evolución democrática se desmiente por el modo de llevar adelante el “Procés”, que, desde el punto de vista democrático, ha sido una verdadera chapuza. Con lo cual, en este asunto tampoco Cataluña es diferente. Veámoslo despacio.

Aunque hay antecedentes, el “Procés” perseguía un objetivo, tempranamente anunciado en 2010, que es cuando oficiosamente se pone en marcha con una manifestación, convocada por la Generalitat con el lema “Somos una nación, nosotros decidimos” y con el President Montilla a la cabeza, para protestar por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, emitida en junio.

Oficialmente, el “Procés” arranca en septiembre de 2012, cuando el Parlament, por 84 votos a favor (CiU, ERC, ICV-EUiA y SCI, el partido de Laporta), 21 en contra (PP y C’s) y 25 abstenciones (PSC), aprueba realizar un referéndum de autodeterminación durante la Xª Legislatura autonómica.

El 25/11/2012, se celebran elecciones autonómicas, las segundas en menos de dos años. Con una consulta sobre autodeterminación en el programa, CiU obtiene 50 escaños (12 menos que en 2010), ERC 21 diputados y se convierte en la segunda fuerza por delante del PSC, que logra 20 (pierde 8).

El 19/12/2012, ERC apoya la investidura de Artur Mas como President y firma con CiU un pacto de gobierno que incluye una consulta sobre el futuro político de Cataluña.

En enero de 2013, el primer Pleno de la Legislatura aprueba una declaración que proclama al pueblo catalán sujeto político y jurídico soberano. Votan a favor 85 diputados (CiU, ERC, ICV y CUP (1), en contra 41 diputados (PSC, 5 de los 20 no votan, PP y Ciutadans, 2 de la CUP se abstienen, 2 del PP no acuden).

En febrero, la Generalitat funda el Consejo de Transición Nacional, que debe explorar las vías legales hacia la independencia: el “Procés” está en marcha.

En julio de 2014. La Ponencia del Parlament acaba de redactar el proyecto de ley consultas que debe amparar el refrendo del 9 de noviembre y en agosto, por 5 votos a favor (de juristas propuestos por CiU y ERC) y 4 en contra, el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña avala la legalidad de la Ley de Consultas Populares no Refrendarias y Participación Ciudadana.

Aprovechando la Diada, los nacionalistas caldean el ambiente en el que el Parlament debe decidir sobre la consulta -Forcadell: “En un momento u otro tendremos que romper la legalidad española”; “¡President, ponga las urnas!”; Junqueras: “Ha llegado la hora de saltarse las leyes españolas”; Rigau: “No aplicaremos estrictamente la LOMCE, le damos una vueltecita y la esquivamos”.

El 19/9/2014, el Parlament aprueba la ley de consultas por 106 votos a favor (CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA, y CUP) y 28 en contra (PPC, C’s). El PSC apoya la ley pero dice que no ampara el acto del 9-N.

El 28/9/2014, tras consultar al Consejo de Estado, el Gobierno central interpone  recurso de inconstitucionalidad, que el Tribunal Constitucional admite a trámite y deja en suspenso cautelar la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria de la Generalitat. Mas dice “Tenemos que engañar al Estado” y acata la suspensión cautelar de la consulta, que convierte en un proceso de participación ciudadana.

El 9 de noviembre se celebra el refrendo revestido de “acto participativo” (abierto hasta el 25 de noviembre). Con un censo estimado de  6,2 millones de personas mayores de 16 años, votan 2,3 millones de personas, el 81% de los votantes contesta afirmativamente a las dos preguntas: que Cataluña sea un Estado, y que sea independiente. Artur Mas dice: “Si la fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios que me mire a mí; el responsable soy yo y mi Gobierno”.

Y efectivamente, el fiscal Superior de Cataluña, por orden del Fiscal General del Estado, presenta una querella por desobediencia, obstrucción, prevaricación y malversación de fondos públicos, contra Artur Mas, Joanna Ortega e Irene Rigau, por la celebración del refrendo.

El año termina con una noticia del diario “Expansión”, que pasa prácticamente desapercibida: en 2014, 446 empresas catalanas se han trasladado a Madrid.

El “Procés” sigue su marcha imperturbable.

Juegos

En Madrid, Ciudadanos juega al póker con el PP; ambos jugadores, con el rostro impasible, escrutan los movimientos del otro para intentar concluir la partida llevándose la apuesta que está sobre el tapete -la dimisión, destitución o reemplazo de Cifuentes-, evitando que sea apeada con una moción de censura por el PSOE y Podemos. A todos les ha entrado prisa electoral, pero Rajoy, impasible, deja que el tiempo abrase a sus adversarios. Cifuentes, sentenciada, ha optado por abandonar el trono obligada, sin honor y sin máster.

En el resto de España, en el PP siguen jugando al Monopoly, con el Gobierno en funciones, casi paralizado, y confiando que la presión de los indepes catalanes y la aplicación del artículo 155 les salven la legislatura.       

El cercano funeral político por Cifuentes, ha repercutido también en Podemos desatando un lío -¿y cuándo no es Pascua en Podemos?- por un quítame allá esos tronos. Cuando se está preparando a Errejón como candidato al trono de la Comunidad de Madrid, alguien ya piensa en despojar del suyo a Iglesias.

A ver si va a tener que ser Felipe VI quien le diga al experto en “Juego de tronos” lo que tiene que hacer para conservar su monarquía, aunque sólo sea por devolverle el obsequio que el gran Descamisado le hizo en su día.  

En el PSOE pocas cosas están claras, que Gabilondo será candidato a la Comunidad, sí lo está, pero poco más. Y la oferta a Carmena como hipotética candidata a la alcaldía más parece un rumor envenenado. Tampoco está claro que Carmena repita como candidata, a no ser que consiga, por su propia salud, librarse de unos cuantos incompetentes que varias capillas de Podemos y sus aledaños le han colocado como equipo.    

Los independentistas catalanes siguen jugando, como trileros, a mover los cubiletes para esconder al candidato a President -nada por aquí, nada por allá, ¿dónde está?-  y Puigdemont, en Alemania, juega a “la manga riega, que aquí no llega”, creyéndose a salvo de la justicia española.

En el PNV siguen jugando a lo de siempre: a la regla Ignaciana de no ser del mundo, léase España, pero estar en el mundo (cobrando), y ateniéndose a la frase del de Loyola, de “en tiempo de desolación nunca hacer mudanza”. ¿Y para qué van a cambiar, si les va bien con el cupo?

España es Casino Royal, pero sin 007.

Cataluña, ¿es diferente? 3. Respuesta a Jordi

Vamos a hablar, por fin, de democracia. Arguyes en tu comentario: “Es tan simple como esto: queremos votar en un referéndum, si no somos mayoría pues se acaba y punto y final, y si sale que sí, se acepta la mayoría como en cualquier democracia”.

Claro, visto así, es simple: se convoca un referéndum, se vota, la mayoría gana, el resto lo acepta y la vida sigue, no digo que igual, pero casi igual, pues, tras la mágica “desconexión”, pensada por Artur Mas, Cataluña ya es otro país, que, en apariencia, sólo ha sufrido un cambio en la cúspide del poder político. Pero sobre esto último volveré más tarde.

A lo largo del “Procés”, desde la Generalitat, no sólo desde CiU, ERC o la CUP, sino desde la Generalitat, se ha llevado a la ciudadanía una idea muy simple (y falsa) de la democracia, recogida en consignas como “Sólo queremos votar”, “President, ponga las urnas”, “Votar es democracia”, etc, etc, dando a entender que quien no las compartía no era demócrata, y marcando una diferencia, otra más, entre Cataluña, donde se pedía democracia, y Madrid o España, que la negaba, lo cual enlazaba con el tono general de la propaganda nacionalista que opone dos sociedades imposibles de conciliar: Cataluña quiere una república democrática, pero se lo impide una España monárquica y franquista (recuerdo que el resultado del refrendo se interpretó por los “indepes” como la derrota de la monarquía del artículo 155).   

Hay que reconocer, que, efectivamente, es una regla de la democracia que la mayoría gane; es así de simple, pero antes hay factores que complican las cosas, y el primero es el acuerdo sobre el objetivo, pues no basta que una mayoría gane para que exista una consulta democrática si no se comparte el objetivo. Imaginemos que, en España, pudiéramos decidir democráticamente suprimir derechos civiles o privar del voto a algún grupo social minoritario. Aquí tampoco valdría la regla de la mayoría para respaldar de forma “democrática” un objetivo que no lo es.

Volviendo al caso de Cataluña, se trata, en primer lugar, de que el objetivo de separar Cataluña de España merece, para unos, someterse a una consulta y para otros no lo merece. Y después viene quién tiene la potestad de convocar un referéndum, si es que se comparte el objetivo de la consulta, cuáles son las normas que lo han de regir (plazos, campaña, censo, pregunta, lugares, etc, etc) y cuál es la finalidad (¿consultar?, ¿decidir?, ¿decidir qué?). Es decir, que entre el deseo de votar y el resultado de la consulta hay un largo camino que debe ser recorrido por un acuerdo. Si no es así, el resultado no es democrático, pues la historia está llena de ejemplos de dictadores que han vencido en refrendos por abrumadoras mayorías porque los han hecho a su medida.

Y vuelvo a tu afirmación: “queremos votar en un referéndum, si no somos mayoría pues se acaba y punto y final”, y digo, claro, pero ¿cuántos son los que quieren votar? Porque aquí hay algo que, desde el punto de vista democrático, no se entiende bien. Pues, si ya antes de votar, los que quieren convocar un referéndum saben que no son mayoría (disponían sólo del 48% de votos válidos y del 35% del censo en las “elecciones plebiscitarias”) (“Se ha perdido el plebiscito” dijo Baños, de la CUP), ¿merece la pena hacer el esfuerzo de convocarlo para confirmar la minoría? Desde un punto de vista racional, ratificar una derrota no merece el coste económico y político que conlleva un refrendo, pero es que la consulta tenía otro fin, y no precisamente el de aceptar su resultado, pero eso lo dejo para más adelante.  

Además de lo dicho, que las normas sean acordadas por las partes en litigio, un refrendo democrático debe cumplir otros dos requisitos: Uno, que los votantes reciban amplia información, y más en un caso tan trascendente. Dos, que las instituciones públicas sean neutrales y se pongan al servicio de los litigantes y, sobre todo, de los ciudadanos, que deben ser tratados de igual modo para que gocen de los mismos derechos.

El primer requisito no se cumplió. No sólo se dificultó, en los medios de información públicos, la opinión de los partidos no independentistas, sino que la propia Generalitat, que debía ser neutral, no ofreció información veraz, sino que puso en marcha una intensa campaña de mentiras y tergiversaciones para tratar de encubrir la endeblez de su proyecto.

Dividir un país no es cualquier cosa, sino una de las decisiones más graves que debe tomar un gobierno, y poner a los ciudadanos en la tesitura de tener que decidir sobre ello no puede ser un acto irresponsable que oculte los riesgos que implica y magnifique las presuntas ventajas. En este aspecto, la Generalitat y los partidos independentistas “vendieron” a los ciudadanos una fábula, que no se ha podido cumplir y que no ha recibido el respaldo internacional prometido. Nadie ha reconocido a la nueva república catalana. De las consecuencias sociales y económicas no hablo.

Es posible que muchos ciudadanos mal informados, o deformados por las elevadas dosis de propaganda recibidas en los últimos años, hayan creído a pies juntillas lo que los dirigentes independentistas les han contado, pero estos, como profesionales de la política y reconocidos viajeros por Europa sabían a lo que se enfrentaban, y si no lo sabían, podían hacerse una idea de lo que les esperaba al ver las dificultades que tiene el Reino Unido para abandonar la Unión Europea, a pesar de que sigue un procedimiento acordado.

Pero antes de llegar a la celebración del referéndum y a su resultado es preciso recorrer el camino previo y remontarse a su origen legal, que, también debe ser democrático. Y no lo fue.       

Cataluña, ¿es diferente? 2. Respuesta a Jordi

Además de la participación de los catalanes en la Transición y en la reforma de las estructuras del Estado, hay que tener en cuenta la etapa anterior, que es la dictadura, en que Cataluña tampoco fue diferente al resto de España.

Los nacionalistas han ofrecido a las nuevas generaciones una historia falseada,  en la que afirman que la guerra civil fue una guerra de Franco (y de España) contra Cataluña y, que, en consecuencia, los catalanes, así, en conjunto (como un solo pueblo), han sido antifranquistas, lo cual es rotundamente falso.

Como el resto del país, antes de la guerra civil Cataluña ya era una sociedad escindida por ideologías enfrentadas. Y esa división se mostró en el apoyo de una parte importante de la burguesía catalana al levantamiento del 18 de julio y al régimen posterior. En principio, porque parecía un golpe blando que sólo pretendía restaurar el orden, reprimir a las izquierdas y someter al levantisco movimiento obrero, como antes habían hecho Martínez Anido y Primo de Rivera, porque la burguesía catalana, en particular la alta burguesía, siempre ha contado con la protección del Estado, económica (aranceles y protección del mercado nacional y colonial) o política (orden público). Es más, la gran burguesía, muerto Prim y su proyecto, no sólo se sumó a la Restauración alfonsina, sino que, consciente de su ventaja económica, se propuso influir de modo determinante en el destino de España, ventaja que algunos de los primeros nacionalistas no vinculan al campo de la producción y del mercado, sino a la superior calidad de la raza catalana -aria- frente al resto de españoles -semitas-, y otros hablan incluso de la vocación imperial de Cataluña para llevar adelante ese proyecto.

El franquismo tuvo en Cataluña el respaldo social no sólo de la alta burguesía, sino de capas conservadoras de clase media, que eran tradicionales, católicas, antirrepublicanas, antisocialistas y, desde luego, enemigas de los anarquistas. Conviene recordar la influencia del carlismo, como una reacción antimoderna y clerical en determinadas comarcas catalanas, al que el franquismo, a través del Movimiento, también representaba.

En este aspecto es saludable acudir a la hemeroteca y repasar las colecciones de diarios como “La Vanguardia”, “El noticiero universal”, “El correo catalán” o el “Diario de Barcelona”, no ya de los años cuarenta, sino de los años sesenta y setenta, para ver lo que opinaba la prensa catalana sobre el franquismo, y prestar atención a los masivos recibimientos populares que Franco recibía cuando visitaba Cataluña. Ejercicio necesario para entender el arraigo del franquismo y explicar de dónde salían los políticos que nutrían las instituciones del Estado en Cataluña, los cargos públicos en instituciones regionales, sindicales, deportivas, en gobiernos civiles, diputaciones o alcaldes y concejales de los 950 municipios, que no eran “colonos” o “invasores madrileños”, colocados a dedo desde el Palacio del Pardo, sino cargos públicos ocupados por catalanes del Régimen.  

Los nacionalistas aluden a la represión franquista, que es innegable, pero en Cataluña fue menor que en otras zonas, como Extremadura o Andalucía, y, también con razón, aluden a la opresión política y cultural.

El Régimen persiguió determinadas ideas sin distinción de regiones; lo hizo por igual en todas partes y trató de imponer las que consideró necesarias -“cultura nacional” y “espíritu nacional”- para lograr un país con orden y disciplina, y unido, pero la unidad entendida como unanimidad y uniformidad, en ideas, lenguas, creencias religiosas y conductas. Pero no tuvo una política especial contra Cataluña, ni tampoco contra el País Vasco, pues los prebostes del Régimen eran muy conscientes de los apoyos que tenían entre sus clases altas y lo tuvieron en cuenta para beneficiarlas. El régimen franquista no era anticatalán, sino contrario al separatismo, que no es lo mismo, pero a la vez, consciente de que existía un separatismo latente, procuró ofrecer a Cataluña un trato preferente, que tuvo su resultado en el desarrollo económico regional y en la elevada repercusión en el PIB nacional.   

Para concluir, permíteme Jordi que añada una breve nota. El franquismo aportó un tipo de conducta, muy extendido socialmente, que se podría llamar cultura de supervivencia o de adaptación al marco político de la dictadura, pues conservó y multiplicó comportamientos políticos y económicos que venían de la etapa de la Restauración y que ya fueron señalados por los regeneracionistas.

Para sortear la acrisolada desconfianza de la dictadura respecto a iniciativas ciudadanas que no procedieran del mismo régimen, los complejos protocolos de una administración del Estado poco eficiente y excesivamente centralista, la falta de cauces para expresar quejas, críticas y sugerencias, y para burlar los entresijos de la pesada burocracia, los ciudadanos se veían obligados a buscar toda clase atajos y pedir favores que les permitieran sortear o abreviar el calvario de rellenar instancias, formularios y aportar declaraciones juradas, certificados y pólizas de 3 pesetas, que debían acompañar cualquier solicitud en un organismo oficial y perder horas de valioso tiempo en hacer cola ante un laberinto de ventanillas ministeriales.   

Esta situación generó una “subcultura” de solicitar un trato preferente para lograr un propósito; de pedir favores, recomendaciones, de buscar “enchufes”, acudir a un amigo, a un cuñado, a algún enterado de los secretos para conseguir las cosas sorteando los angostos cauces legales. Y lo mismo ocurría en el campo económico y empresarial. Subcultura que no desapareció con la dictadura, sino que se perfeccionó con la multiplicación de cargos y la proliferación de niveles administrativos del Estado autonómico y que dio su floración de malas prácticas, irregularidades y casos de corrupción ya conocidos. 

Todo esto forma una subcultura nacional, que tiene su expresión de los casos de corrupción, los sobornos de políticos, la privatización de bienes del Estado, la adjudicación de obras y servicios públicos sin concurso, etc, que han provocado el abismo entre la España real y la España oficial, el aislamiento de la clase política y la desafección ciudadana respecto a las instituciones. Y a estas malas prácticas, no han escapado las instituciones catalanas, ni sus gobernantes ni sus empresarios.

Continuará.

Cataluña, ¿es diferente? (1)

Respuesta a Jordi Caballé (I), en su comentario a "El Procés no es un succés".

Dices, Jordi, que no quieres que tus hijos vivan en un país así, que entiendo te refieres a la España de ahora. Yo tampoco lo quiero, y para evitarlo lo que hay que hacer es reformarlo, no trocearlo es pequeños países y que en ellos sigan gobernando los mismos que han contribuido a hacer lo que hoy es España, como fundadores y como destructores. En primer lugar como fundadores de este régimen político. 

Jordi Pujol fue un privilegiado protagonista de la Transición; formó parte del grupo más selecto de la oposición democrática y fue uno de los 9 miembros de la Comisión Negociadora, que con Adolfo Suárez pactó las condiciones para reformar el franquismo. Miquel Roca, del mismo partido, fue uno de los miembros de la Comisión Constitucional del Congreso, uno de los llamados padres de la Constitución, en la que había otro catalán, Jordi Solé Tura, del PSUC. Es imposible pensar en la fundación del vigente régimen político sin tener en cuenta la aportación de los catalanes, tanto en el plano institucional -Constitución, estado autonómico, Pacto de la Moncloa (de 10 firmantes, 3  catalanes no es mala representación), como en el plano económico y social; imposible entender la caída de la dictadura, que se consiguió en la calle, sin las luchas de los estudiantes, las asociaciones vecinales y los trabajadores catalanes -esos que ahora unos mozalbetes de 20 años llaman colonos-, sin sus partidos y sus sindicatos clandestinos y sin personas como López Raimundo, Francesc Frutos o Alfonso C. Comín, el padre del prófugo, o sin empresarios como Durán Farrell, que eran partidarios de negociar con los trabajadores en vez de enviar a la policía para resolver los conflictos colectivos. En el capítulo VI, “El lienzo de Penélope. España y la desazón constituyente (1812-1978)” (La catarata, Madrid, 1999), encontrarás más detalles sobre este tema.

Pero también se encuentran catalanes en el deterioro de este mismo sistema. Deterioro voluntariamente inducido por intereses personales y políticos, pues la Constitución y el Estatut no establecen que los cargos públicos se tengan que corromper. Dices que hay políticos catalanes en la cárcel (intuyo que te refieres a Junqueras, Sánchez, etc, de los cuales me ocuparé más adelante), es cierto; pero que son los únicos, lo cual no es cierto.

¿Muchos cargos públicos del PP deberían estar entre rejas al estar implicados en tramas de corrupción? Pues claro; algunos ya han estado (Bárcenas, Matas, González, Granados, etc) y otros deberían estarlo. ¿Que el PP hace todo lo posible para tapar los casos de corrupción y burlar a la justicia? Claro; mal hecho y criticable, por lo que debe rendir cuentas. ¿Que el PP puede dar pocas lecciones sobre el respeto a la ley? Cierto; lo cual no quiere decir que todos los delitos deban quedar impunes, porque a los ciudadanos llanos se les aplica la ley con todo el rigor.

Pero te recuerdo que Cataluña no es un apacible oasis en la España corrupta, pues CiU ha permitido gobernar a Rajoy hasta hace bien poco y ha recibido su apoyo en la Generalitat -en un provechoso apoyo mutuo para tapar vergüenzas- hasta que se puso en marcha el “Procés”.

Pero vayamos primero con la corrupción y con los políticos que deberían estar en la cárcel y no lo están, que no son todos del mismo lado, como tú dices. Por ejemplo, Jordi Pujol y los 17 consejeros que llevaron a la quiebra a Banca Catalana. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el dinero? Se empezó a instruir el caso, pero por presiones del Gobierno central (¡de Madrid!), que era del PSOE, se echó tierra al asunto y no hubo caso, pero la broma costó 20.000 millones de pesetas al erario público, y Pujol y los otros consejeros se fueron de rositas y dando además lecciones de intachable moral.

Aquel “alegal indulto” sirvió de estímulo a la familia Pujol Ferrusola para haciendo lo mismo, como se ha podido comprobar después (Andorra, etc, etc). Pero la corrupción no acaba ahí, sino que alcanza al partido, que tiene todas las sedes embargadas por la justicia, y a la Generalitat (3%, Palau, Pallerols, Casinos de Cataluña, ITV, Servitje, Gavaldá, Crespo, Huguet, Núñez, Padrosa, Bagó, Prat, entre otros). Y dejo aparte la reciente quiebra de las cajas de ahorro catalanas, para no complicar más la cosa. ¿Dónde están estos personajes? ¿Están en la cárcel? Me temo que no.

Para no extenderme más, el tema de la corrupción, no sólo de Cataluña, lo he tocado en los epígrafes: “La clase económica: oligarquía y lumpenburguesía”, “Los partidos políticos: opacas y costosas máquinas electorales” y “La clase política: autismo, incompetencia y corrupción” en el libro “La oxidada Transición” (Madrid, La linterna sorda, 2013).   

Continuaré, porque quedan cosas sin responder.               

El “Procés” no es un “succés”

No ha sido sólo la diferente tipificación de los delitos de sedición y rebelión en las leyes alemanas y en las españolas lo que ha llevado a los desconfiados jueces de Schleswig-Holstein a señalar de manera precipitada el delito por el que se debe imputar a Puigdemont, pues las discrepancias con otras instancias jurídicas europeas y las existentes entre juristas españoles al tratar de calificar penalmente la conducta de los promotores del “Procés” muestran la dificultad de este objetivo.

Tampoco hay acuerdo entre los políticos no nacionalistas, desacuerdo que alcanza también a los ciudadanos. Y una de las razones de esta falta de acuerdo para calificar jurídicamente unas conductas presuntamente delictivas reside, por un lado, en señalar dónde debe detenerse el foco de la justicia, y, por otro lado, en la novedad de los hechos que se deben juzgar.   

Puede que el apresurado dictamen de los jueces germanos y de personas que quitan importancia al suceso por el fracaso obtenido, se deba a fijarse sólo en el desenlace sin contemplar los antecedentes. Y de ahí viene el error de juzgar la conducta de los dirigentes nacionalistas sólo por la responsabilidad contraída al declarar de modo unilateral la independencia, que es el último acto, y además fallido, del “Procés”; es decir, juzgar por el objetivo estratégico no alcanzado, sin tener en cuenta la táctica utilizada para llegar hasta él, del que dicha declaración era sólo la calculada culminación.

Como indica la palabra con que sus promotores han bautizado el camino que debía llevarles a fundar otro país, el “Procés” no es un “succés”; es un largo y complejo proceso, no un suceso.

El “Procés” no es una improvisación ni el desvarío de unos iluminados, que no faltan, sino un desafío programado en el tiempo, incubado en silencio y aplicado con paciencia y firmeza, que se aleja de otros métodos conocidos para alterar el orden constitucional.

No ha sido un pronunciamiento militar, ni un clásico golpe de Estado perpetrado por el ejército, por fuerzas paramilitares o por civiles armados, ni un “putsch” organizado en una cervecería, ni una insurrección armada como la de Barcelona en 1842 o la de Irlanda en 1916 (Easter Rebellion), sino una persistente actitud de desobediencia del Parlament y del Govern de la Generalitat, para ir burlando la legalidad, acompañada por un pacífico movimiento ciudadano, aunque no han faltado episodios violentos.

El “Procés” debe mucho a las unilaterales proclamas de Maciá, en 1931, y de Companys, en 1934, pero también a la movilización constante de los vascos, y a la actuación de minorías militantes en el hostigamiento a los adversarios y en el permanente desafío a la legalidad vigente. Es un movimiento promovido desde la Generalitat, una institución regional que representa al Estado, para subvertir el orden constitucional y dotar a esa misma institución de una nueva legitimidad, directamente emanada de un emergente sujeto político, que se ha proclamado previamente soberano; algo así como un autogolpe de la Generalitat, promovido por el propio Govern para seguir gobernando con otra legitimidad y en otro país recién fundado.   

Este intento de fundar un nuevo país por decisión unilateral de la minoría de ciudadanos de un territorio, se ha despojado de cualquier elemento dramático y se ha presentado pública y engañosamente como una sucesión de ocasiones festivas para participar en familia, algo así como una especie de alegre rebelión para todos los públicos. Y todo esto es lo que se debe tener en cuenta a la hora de emitir un juicio y no sólo el fiasco obtenido por los secesionistas. 

Tocqueville. Cómo investigar

Consejo a doctorandos y doctorandas, masterizandos, masterizandas y asimilados y asimiladas (no confundir con acemilados y acemiladas).
A la hora de hacer frente a un trabajo de investigación en el campo de las ciencias sociales (ignoro lo que sucede en el campo de las experimentales), lo importante es detectar un asunto que haya que aclarar, un proceso, un suceso que haya que esclarecer y que dé pie a plantear una hipótesis, una interrogación, una duda que debamos disipar o que poner a prueba, es decir, verificar si nuestra primera impresión sobre un hecho, un asunto, una materia, es cierta o es equivocada. Desde el punto de vista del trabajo, tanto da el haber acertado como el haber errado en el diagnóstico, si la investigación ha sido rigurosa, porque lo importante es haber disipado la duda, contestado la interrogación y desechado la sospecha que nos llevó a investigar.
Todo lo cual conlleva no poca dificultad a la hora de empezar a plantearlo, pero a veces, nos estrujamos el magín buscando como afrontarlo cuando tenemos claros ejemplos al alcance de la mano (toma nota Cifuentes). Por ejemplo el trabajo de investigación que se plantea un interesante conservador como Tocqueville, en la introducción a su libro "El Antiguo Régimen y la Revolución". Dice así:
"En 1789, los franceses llevaron a cabo el mayor esfuerzo que jamás haya realizado pueblo alguno con el fin de cortar en dos, por así decirlo, su propio destino, y de separar por medio de un abismo lo que habían sido hasta entonces de lo que querían ser en adelante. Con esa finalidad, adoptaron todo género de precauciones para no incorporar nada del pasado a lo que había de ser su nueva condición, y se impusieron toda clase de esfuerzos para moldearse de otra manera que sus padres; no descuidaron nada para hacerse totalmente irreconocibles.
Por mi parte, siempre había pensado que en esta singular empresa obtuvieron mucho menos éxito de lo que se ha creído en el exterior, y mucho menos, desde luego, de lo que ellos mismos creyeron. Estaba convencido de que, sin darse cuenta, heredaron del Antiguo Régimen la mayor parte de los sentimientos, de las costumbres e incluso de las ideas con ayuda de las cuales realizaron la Revolución que lo destruyó, y creía, asimismo que, involuntariamente, se sirvieron de las ruinas de dicho régimen para construir el edificio de la nueva sociedad; de modo que, para comprender bien tanto la Revolución como su obra, había que olvidar por un momento la Francia que tenemos ante nosotros y acudir a interrogar dentro de su tumba a la Francia que ya no existe. Esto es lo que he intentado hacer aquí, pero me ha costado más trabajo el conseguirlo de lo que nunca hubiera podido imaginar (…) He emprendido, pues, la tarea de penetrar hasta el meollo de este Antiguo Régimen, tan cerca de nosotros por el número de años transcurridos pero que permanece oculto por la Revolución".
Tocqueville: "El Antiguo Régimen y la Revolución", 1856.

Ahí está expuesto el problema, la cuestión que suscita la duda y el planteamiento de la sospecha, la hipótesis, que Tocqueville quiere confirmar estudiando a fondo la sociedad del Antiguo Régimen para comprobar lo que de ésta permanece tras la Revolución.
Ignoro si llegado el caso, Tocqueville, con esta investigación, superaría la prueba de someterse a un tribunal académico y obtendría el correspondiente título de doctor o el ansiado "máster" que se le escapa a Cifuentes, pero como libro es magnífico.

Ortega. Claridad

Hay quien sabe vivir como un sonámbulo; yo no he logrado aprender este cómodo estilo de existencia. Necesito vivir de claridades y lo más despierto posible. Si yo hubiese encontrado libros que me orientasen con suficiente agudeza sobre los secretos del camino que España lleva por la historia, me habría ahorrado el esfuerzo de tener que construirme malamente, con escasísimos conocimientos y materiales, a la manera de Robinson, un panorama esquemático de su evolución y de su anatomía.

Yo sé que un día, espero que próximo, habrá verdaderos libros sobre historia de España (...) Pero el hombre no puede esperar. La vida es todo lo contrario de las Kalendas griegas. La vida es prisa. Yo necesitaba sin remisión ni demora aclararme un poco el rumbo de mi país a fin de evitar en mi conducta, por lo menos, las grandes estupideces.

Ortega, España invertebrada", Prólogo a la 4ª edición, junio, 1934, Madrid, Revista de Occidente, 1955, p. 15.

Respuestas a comentarios suscitados por la publicación de la frase en Facebook:

Por la controversia que suscita y por lo que su pensamiento aporta de reflexión sobre el presente, Ortega es un clásico, pero en otros aspectos es un hombre de su tiempo, que trata de responder a los desafíos de su época. Sus reflexiones sobre las relaciones entre las masas y las élites pueden parecer, hoy, disquisiciones de un señorito, que también lo era, y propias de un "neocon", pero, ante la crisis del parlamentarismo y del Estado liberal, donde la situación de España era bastante acorde con la del resto de Europa, Ortega está en la onda de Mosca, Pareto, Michels, tratando de explicar la crisis de hegemonía de la burguesía y a la vez de explicar y tratar de contener el auge de los movimientos de masas. En una crisis de gobernabilidad, como era la España anterior a la II República, Ortega reflexiona y apunta soluciones que luego serán tomadas, algunas por José Antonio y la Falange, pero que ya había sido propuestas por Joaquín Costa. Su "cirujano de hierro" es una metáfora sobre el necesario dirigente ante el ocaso de la tradicional élite gobernante. Son años en que aparecen propuestas sobre líderes carismáticos, conductores de masas y élites inapelables, sean de derechas, cuya máxima expresión son los grandes partidos uniformados y encuadrados, fascistas e hitlerianos, o de izquierdas, porque la teoría del Partido Comunista, según el modelo salido de los primeros congresos de la III Internacional, no deja de ser una teoría de las élites.

Simone Weil, muy bien; Arendt, muy sugerente, pues claro. Pero habrá que preguntar a los profesores porque prefieren a unos autores o autoras en lugar de a otros, porque la libertad de cátedra, por el momento, da para eso.

Hombre, la obra de Ortega, muy periodística, castiza, es más asequible a los lectores españoles. Y se puede estudiar de modo crítico o reverencial, depende de la orientación que quiera darle el profesor. En todo caso, creo que en la presente coyuntura, ayuda a pensar y a entender. ¿No ayuda "La rebelión de las masas" a entender la desafección ciudadana, la crisis de valores de la clase política, la incapacidad, por ser suaves, del actual gobierno? ¿No ofrece un contraste la "minoría egregia" de la que habla Ortega con la mediocridad de muchos de los políticos de ahora? Respecto al libro de Bujarin, es un manual ortodoxo de materialismo histórico, que, aparte de ser más árido, precisa muchos conocimientos previos para ser entendido. Dejando de lado su cuestionable vigencia.

Carlos Urbán, tomo nota de tu buen consejo y a partir de ahora desterraré a Ortega de mi librería, buscaré la verdad por sí misma y trataré de no ver las cosas del revés.

Se nota que eres joven y pretencioso, y que tienes toda la vida por delante (aunque poca historia por detrás, que, es sobre todo, lo que da la perspectiva de la vida).

Martin Luther King, in memoriam

El día 4 de abril de 1968, el dirigente del movimiento de los derechos civiles, Martin Luther King, murió asesinado en un motel de Memphis (Tennessee).

En principio se creyó que el autor del disparo, que le alcanzó en la garganta cuando estaba en la terraza de su habitación, fue James Earl Ray, un delincuente blanco, proveniente de una familia pobre del medio oeste, que fue detenido dos meses después en Londres y condenado a 99 años de cárcel, pero luego se retractó de su declaración y apuntó a una conspiración para asesinar al líder negro en la que él no participó.

La muerte de King se produjo en un momento en que el movimiento en favor de los derechos civiles alcanzaba un alto grado de enfrentamiento con las fuerzas del orden y los sectores más conservadores de la sociedad estadounidense, con elevado número de muertos, heridos y detenidos.

King, miembro de la iglesia baptista e influido por Gandhi y por Thoreau, dirigía al sector moderado del movimiento, frente a otro más impaciente por la lentitud con se elaboraban las leyes que debían dotar a la población negra de los mismos derechos que la blanca, y aún más por la resistencia que oponía un sector de la sociedad de los blancos a respetarlas.

Si bien es cierto que las cosas habían empezado a cambiar. El Tribunal Supremo había declarado ilegales algunas formas de discriminación y había legalizado el matrimonio entre personas de diferente raza.

Una de las primeras leyes de la presidencia de Kennedy fue la ley de Afirmación Positiva, que establecía la obligación de no discriminar a los empleados de color para empresas que trabajaran con la Administración, que en 1964, con Johnson en la Casa Blanca, se habían suprimido las restricciones del derecho al sufragio, que la Civil Rights Act of 1964 declaraba ilegal la segregación racial en lugares, transportes y escuelas públicas, y en empleos e instituciones que recibieran fondos federales, y que se había creado un Comité para promover la Igualdad de Oportunidades en el Trabajo, pero los actos de protesta no cesaban ni las provocaciones de los racistas blancos, ni resistencia de las autoridades en las ciudades del sur a aplicar las leyes. Ni, por supuesto, la violencia contra dirigentes y seguidores del movimiento.

Luther King había sido detenido por su participación en una marcha de protesta, agredido en otra y había recibido en su casa una bomba que no explotó. En 1965, el diácono bautista negro James Jackson había recibido dos disparos en otra marcha y poco después un grupo de racistas blancos mató a golpes al diácono blanco integracionista James Reeb.

En 1963, había sido asesinado Medgar Evers, dirigente de la Asociación para el Progreso de la Gente de Color (NAACP) y en ese año una bomba arrojada a una iglesia frecuentada por afroamericanos había causado la muerte de cuatro niñas y herido a más de 20 personas. En el verano de 1964, tres defensores de los derechos civiles habían sido asesinados en Misisipi (la película “Arde Misisipi” reproduce el caso), además de las decenas de personas muertas en actos de protesta, motines, concentraciones, etc, por la represión de la policía o por la actuación de organizaciones racistas.

En la célebre marcha a Washington, en el verano de 1963, ante el Memorial a Lincoln, King había pronunciado su famoso discurso “Yo tengo un sueño” y en octubre de 1964 había sido galardonado con el premio Nobel de la Paz. En 1968, aún criticado por los sectores más radicales del movimiento, ya era una leyenda.

Un adversario suyo en la orientación del movimiento de los derechos civiles, el activista negro Malcolm Little (Malcolm X) había dicho de él: “Mis métodos son radicalmente opuestos a los del doctor Martin Luther King, apóstol de la no violencia, doctrina que tiene el mérito de poner de relieve la brutalidad de los blancos respecto a los negros, pero, en la atmósfera que reina actualmente en América, me pregunto cuál de los dos <extremistas> -el violento Malcolm X o el no violento doctor King- morirá primero”.

Primero murió Malcolm X, asesinado por un militante negro, en 1965; después Luther King, asesinado por un blanco.