El PP y el Papa

Cada día que pasa hay menos dudas de que el PP recorre con prisa la senda de volver al pasado, siguiendo las instrucciones dejadas por el Liderísimo en “La segunda transición”, que, era, en realidad, desandar el camino recorrido por la primera, única e inconclusa transición, y regresar al origen; a la matriz clerical, tradicional y autoritaria, que conforma lo esencial de su identidad.

En ocasiones, el aroma rancio se percibe en opiniones sobre asuntos de cierto calado, en otras por asuntos casi de trámite o de protocolo, que brotan en comentarios espontáneos, que, sin filtro, se lanzan al aire.

Uno de estos ha sido un comentario de la secretaria de Comunicación del PP de Madrid, que, en un “gorjeo”, ha calificado de “cumbre comunista” la audiencia papal concedida a la ministra de Trabajo. Lo que revela varias cosas.

La primera es que califique así la entrevista de una ministra española con el Papa, como si fuera algo excepcional. Teresa Fernández de la Vega también se entrevistó con el Papa, como lo han hecho otros cargos públicos del PSOE, llámense Francisco Vázquez, muy proclive a la Santa Sede, o Gonzalo Puente Ojea, poco proclive. Y también, cargos públicos del PP han acudido a Roma por diversas circunstancias, entre ellas a las ceremonias de beatificación de los llamados mártires de la Cruzada (“víctimas de las hordas republicanas”) efectuadas por Juan Pablo II, un pontífice reaccionario muy del gusto de la derecha española. Pero eso, si lo hace el PP, está bien hecho; si Dolores de Cospedal, tocada con mantilla, es recibida por el Papa, está bien hecho, si es Yolanda Díaz, una ministra del gobierno del PSOE, la visita es digna de burla.

En esto, como en otras cosas, hay dos actitudes que explican la conducta del PP: una, es que, sintiéndose dueño del país, sus dirigentes pueden actuar como quieran, y pueden conservar, en exclusiva, la representatividad de sus instituciones. De lo cual se deriva una doble moral para medir sus actos y para juzgar los ajenos.

La otra es considerar ilegítimo cualquier gobierno que no sea del PP, en particular si es de la izquierda por moderada que sea, y, en consecuencia, estimar como ilegítimas, arbitrarias o irrisorias sus decisiones. España es del PP; lo que no es del PP no es España o, en la terminología franquista, es la antiEspaña. ¿Extraña, por tanto, que Casado acuda -sin darse cuenta- a una misa en la que se reza por el alma de Franco?     

Pero hay algo más, que desvela la profunda ignorancia con la que actúan las primeras figuras del PP, unos jóvenes botarates (y botaratas) con un máster regalado, que, soltando disparates, dejan ver claramente lo mucho que ignoran de este país, que aspiran a gobernar -ojalá sea tarde- y sobre todo a reconducir siguiendo sus reaccionarias tendencias.

La aludida secretaria de Comunicación, Macarena Puentes -me ahorro el chiste fácil con Los del Río-, seguramente adoctrinada por los tópicos de la derecha, desconoce que no es extraña la relación de un sector de la izquierda con la Iglesia católica.

Lejos del anticlericalismo, en ciertas corrientes de la izquierda hay una tradición de entendimiento con la Iglesia, sobre todo con la feligresía militante, con las comunidades de base, con los curas de barrio, e incluso con algunos obispos. Durante la dictadura -esa en la que, según algunos miembros destacados del PP, en España se vivía estupendamente- la Iglesia acogió en templos y conventos a muchos perseguidos por el católico gobierno de Francisco Franco, a muchos trabajadores y vecinos para que celebraran asambleas, que en otra parte no podían celebrar porque estaban prohibidas, o incluso para que partidos y sindicatos clandestinos celebraran reuniones y congresos.

La deslustrada secretaria de Comunicación no debe saber que el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona (SDEUB) se fundó en marzo de 1966 en el convento de los capuchinos de Sarriá, en unas jornadas memorables. Desbaratadas por la policía del Régimen.

Igualmente ignora que la plana mayor de Comisiones Obreras, condenada a penas que iban de 12 a 20 años de cárcel por asociación ilegal, fue detenida por la policía mientras estaba reunida en el convento de los oblatos de Pozuelo, en las cercanías de Madrid.

Del mismo modo, ignora, quizá porque en los cursillos de formación neoliberal del PP se omiten, los luctuosos sucesos de Vitoria, en marzo de 1976, donde se produjeron ochenta heridos y cinco personas muertas por disparos de la policía, al desalojar por la fuerza a los trabajadores reunidos en asamblea en la iglesia de San Francisco, y que entonces, Manuel Fraga, fundador de Alianza Popular y cargo destacado del Partido Popular, era ministro de Gobernación, es decir, responsable supremo de las fuerzas del orden (o del desorden, según se mire).

Seguramente, la secretaria de Comunicación, en su carpetilla de trabajo (el “dossier” con un escueto “back ground”) no guarda ficha ni apunte sobre la distensión entre cristianos y marxistas, que se produjo en toda Europa y en España, en los años sesenta, después del Concilio Vaticano II, convocado por Ángel Jose Roncalli, Juan XXIII, “el papa bueno”, ni le suenen los nombres de  José María Díez Alegría, José María González Ruíz, Enrique Miret Magdalena, Jordi Llimona, Josep Dalmau, Mariano Gamo, Francisco García Salve, José María Llanos, Diamantino García, Vicente Couce, Jesús Fernández Naves, José María Xirinachs, Gabriel Delgado o Pedro Casaldaliga.

Es también posible que no haya oído hablar en Génova, 13, de Alfonso Carlos Comín, cristiano y comunista, miembro del Comité Central del PSUC, filial del PCE en Cataluña, y autor de un libro titulado: Cristianos en el partido, comunistas en la Iglesia. Tampoco le habrán dicho que durante la dictadura hubo una cárcel en Zamora reservada a curas que eran críticos con el gobierno de Franco, Caudillo de España por la gracia de Dios.

Señor, Señor, qué atrevida es la ignorancia, aunque venga respaldada por un máster.

Sin abrazo de Vergara (B)

 ETA (militar) -la que restaba de sucesivas escisiones- fue fatalmente vencida en el terreno militar, y no por el ejército, sino por la policía y los jueces. Pero no ha sido vencida en el terreno político y menos en el ideológico y sentimental, pues, aun obligados a aceptar las reglas del juego, en sus herederos persiste el proyecto estratégico, sin haber renunciado al pasado violento que ha permitido alcanzar objetivos políticos importantes.

Aunque, por desmesurado, no ha podido hacer realidad su ideal más ambicioso -un País Vasco unificado, independiente y euskaldún-, ETA ha asegurado la pervivencia de la ideología nacionalista para mucho tiempo, ha ejercido un control férreo sobre la sociedad vasca, moldeándola, deformándola en gran medida según su fanático criterio, y ha convertido sus acciones en un grave problema para la vida política española, cuyos efectos han de perdurar.   

Hace diez años que cesaron los atentados, las extorsiones y amenazas, los secuestros, el amedrentamiento, la politización partidista de fiestas populares o el vacío público y notorio hacia personas señaladas como culpables por el implacable dedo de ETA -algo habrán hecho-, pero persisten ideas y actitudes del funesto influjo del nacionalismo excluyente, como la supuesta supremacía física, moral e intelectual de la raza vasca, la defensa del arcaísmo más rancio, el sectarismo político, el odio a lo foráneo, más si es español -un pueblo vil, según Arana-, y una violencia soterrada, a veces manifiesta en insultos o agresiones.

Y persiste la intención de construir un país que no se puede compartir con nadie, salvo con aliados incondicionales; el resto, sin medias tintas, son enemigos de diversa índole: enemigos de Euskal Herria, enemigos de la lengua vasca, enemigos de la cultura vasca, enemigos del pueblo vasco…

A lo largo de medio siglo de propaganda y terror, ETA ha intentado imponer un pensamiento único, una espiral que silencia las voces disidentes y aconseja la adhesión sin fisuras al proyecto abertzale o, en su defecto, la autocensura, y ha logrado convencer a parte de la ciudadanía vasca, a la joven en particular, de estar rodeada por enemigos “españoles” o “españolistas” emboscados y, desde fuera, acechados por España, un enemigo pertinaz e implacable, cuyo objetivo es acabar con los vascos y arrebatarles su riqueza. De ahí brota la idea de vivir cercados y en estado de alerta permanente, como en un fortín bajo la amenaza de un país expoliador, poblado por gente de baja calidad racial y moral, y la necesidad, como defensa, de aceptar el asfixiante discurso cerrado, circular y maniqueo, que divide la sociedad vasca en amigos y pertinaces enemigos.

En ese catecismo han sido educadas, al menos, dos generaciones de jóvenes que han entrado en la vida política como miembros activos de un movimiento de insubordinación civil, dirigido por ETA con disciplina militar a través de Herri Batasuna y otras organizaciones vicarias, destinado a complementar, como brazo social de la banda, la acción de los comandos para mantener abierto y lacerante el llamado “conflicto vasco”.

Mediante la protesta ostentosa y la actividad destructora de bienes públicos y privados, gavillas de mozalbetes se convirtieron en voluntariosos gestores de la “socialización del sufrimiento”, bajo la mirada complacida de sus familiares, de la Iglesia vasca y de los dirigentes del PNV, que recogían las nueces mientras la chavalería de Jarrai sacudía el árbol. 

El compromiso con la independencia de Euskadi y la consecuente participación en los colectivos especializados que forman la “izquierda abertzale”, aceptando los métodos y objetivos señalados por ETA, han sido el bautismo político y la escuela social en que se han forjado como ciudadanos adultos miles de jóvenes de ambos sexos desde los años ochenta, experiencia que ha dejado en sus vidas una impronta difícil de borrar a corto plazo.

Un efecto de lo anterior ha sido establecer una forma de protesta social violenta pero no armada, basada en las enseñanzas de la lucha callejera -kale borroka-, tomada como modelo por otras juveniles movilizaciones de protesta y, en fecha reciente, por grupos radicales del independentismo catalán durante el “procés”.

Otro de los objetivos conseguidos, que desmiente el supuesto socialismo de su programa, ha consistido en debilitar la capacidad de acción e interlocución de los trabajadores al acentuar la división del movimiento obrero en dos ramas -nacionalista y “españolista”-, repartidas en dos corrientes, dividida cada una en dos sindicatos: ELA-STV (Solidaridad de Trabajadores Vascos), dirigido por el PNV, y LAB (Comisiones de Obreros Patriotas), dirigido por la “izquierda abertzale”, por parte de los sindicatos nacionalistas. Y CC.OO., históricamente vinculada al PCE y a Izquierda Unida, y UGT, vinculada al PSOE, por parte de los sindicatos no nacionalistas o españolistas.

Esta división política y organizativa de la fuerza de trabajo supone un regalo para el PNV, el partido de la burguesía euskalduna, católica y tradicional, y para la patronal vasca, y de paso para la “española”, al debilitar la fuerza de sus oponentes de clase a escala regional y nacional.

En el aspecto político, ETA ha obtenido otras victorias directas o indirectas sobre sus adversarios y competidores.  

En primer lugar y como reacción, ha mantenido activo el nacionalismo español y ha resucitado el rancio patriotismo de matriz franquista de la derecha más extrema, lo cual contribuye a afianzar el nacionalismo vasco -y los otros- como defensa necesaria ante el retorno de un pasado impresentable.

Respecto a sus competidores por el lado nominalmente socialista, la presión de ETA ha sido uno de los factores determinantes que han llevado al PSOE a admitir la plurinacionalidad del Estado español bajo la artificiosa formulación de España como “una nación de naciones”. Lo que le coloca en el terreno donde mejor se desenvuelve su adversario y, en este y otros momentos, aliado.

La estrategia etarra ha facilitado la autodestrucción de la vieja izquierda comunista -el PCE-EPK- y de los partidos marxistas ubicados a su izquierda, pues, al asumir la demanda fundamental del nacionalismo -el derecho de autodeterminación- legitimaron la supremacía de sus promotores. Por lo cual, al renunciar a disputar a ETA la hegemonía sobre la movilización popular, aceptaron un papel subordinado y fueron progresivamente engullidos por el movimiento abertzale o condenados a la irrelevancia.

La nueva izquierda postmoderna, aparecida en un ambiente político donde la lucha de clases ha sido reemplazada por la afirmación de identidades, ha asumido esa dependencia ideológica desde su origen, y allí donde existe presión nacionalista, se adapta dócilmente a su programa bajo la fórmula de proponer “confluencias”, que es el eufemismo de aceptar renuncias, entre las cuales está la muy principal de promover un proyecto de izquierda para todo el país, aunque choque con las pretensiones de los nacionalistas.

En lugar de eso, propone reformar la actual configuración territorial del Estado y adoptar una estructura de tipo confederal, que facilite la posible adhesión de varias hipotéticas repúblicas, como alternativa a la monarquía y al Estado autonómico.

Así, acabar con la monarquía supone acabar con el país, lo cual es el mejor regalo que se puede hacer a los partidos de la derecha, que aparecen como desinteresados patriotas que garantizan la continuidad de España y la Corona.    

Cierto es que, hace diez años, se rindieron los impostados “gudaris”, pero sigue vivo lo que ETA representaba y permanecen los problemas a que respondía. Y siguen activos los políticos nacionalistas -abertzales y otros- convencidos de la bondad y la conveniencia de sus ideas. Lo cual requiere otro tipo de lucha más complejo, que, sin concesiones, dirija su ataque a las raíces del nacionalismo y desvele su esencia reaccionaria y, además, tácticamente inútil ante la actual dimensión de los problemas mundiales.

Enconada batalla ideológica que pocas fuerzas de la izquierda, hasta hoy más dada a complacer que a molestar a los nacionalistas, parecen dispuestas a librar.

21 de octubre de 2021

Sin abrazo de Vergara (A)

 El 20 de octubre de 2011, ETA, usando el eufemístico lenguaje habitual, anunció el “cese definitivo de la actividad armada” y seis años después, en abril de 2017, en un acto simbólico y propagandístico, hizo entrega de las armas. Con ello acababa la última guerra carlista. La quinta, si no me equivoco, pues la cuarta formó parte de la cruzada franquista. Y concluyó sin abrazo de Vergara.

El balance de estos casi 60 años de existencia (1959-2017) y más de 50 de terrorismo es negativo respecto al propósito original, no al sucedáneo que han ofrecido sus socorristas para edulcorar la derrota, que fue llevar a la práctica el sueño de un fanático naviero vasco, beato y de familia carlista, de sustraer el País Vasco a las tensiones producidas por la modernización, la urbanización, la industrialización y la emergencia de la ciudadanía, mediante el regreso a unas pretendidas esencias ancestrales.

Una ensoñación feudal, como otras en Europa, ante la modernización política y cultural y la revolución industrial y sus efectos: la movilidad social, la emergencia de la clase obrera, la afluencia de trabajadores de otras regiones, la pérdida de referentes católicos, el cambio en las costumbres de la patriarcal y confesional sociedad vasca y los derechos laborales y civiles de las clases subalternas. Dicho de otro modo, la reacción del campo, del caserío y la parroquia, como ya había aparecido en las guerras carlistas -Arana no salía de ese supuesto-, ante la emergencia de la sociedad urbana, comercial, democrática y fabril. Fue una típica reacción antimoderna, como lo fue ambiguamente el franquismo; un vano intento de retener el paso del tiempo y la sociedad rural y artesana, unida por costumbres ancestrales, reales o inventadas.

ETA asumió el legado sabiniano y mediante la fuerza intentó fundar un Estado vasco independiente, formado por tres provincias vascas españolas (Euskadi Sur), Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, con la anexión de Navarra, más tres provincias francesas (Euskadi Norte), Baja Navarra, Lapurdi y Zuberoa, a expensas de los territorios arrebatados los estados español y francés en una guerra victoriosa.   

ETA ha sido una organización muy pertinaz. Carente de mecanismos internos para corregir la estrategia, por exigir una adhesión acrítica e inquebrantable a sus adherentes, obtenida con purgas sucesivas, expulsiones y escisiones, ha sido incapaz de percibir los profundos cambios producidos en la sociedad española en general y en la vasca en particular.  

Tras una etapa de justificación teórica de la violencia y de intentar sacar al pueblo vasco de su letargo mediante propaganda y actividades simbólicas, la siguiente táctica fue animarle a entablar una guerra popular (como en Argelia) contra dos estados opresores -España y Francia (en realidad contra uno sólo, ya que el otro servía de santuario)- en la que ETA se reservaba el papel de vanguardia armada.

Fracasado el intento de vencer a la dictadura con una guerra popular teorizada en la “Insurrección en Euskadi” (1964), ETA, que no percibió cambio alguno con la Transición -nada ha cambiado, fue su obtuso dictamen-, puso en marcha una táctica no para vencer militarmente al Estado español, sino para obligarle a negociar mediante una guerra de desgaste, en la que el Gobierno de turno se viera obligado a ceder a causa de la presión ejercida por la opinión pública para que cesaran los atentados con víctimas mortales. La llamada “Alternativa Kas” era la base para sentarse a negociar, y la baza de ETA para lograrlo era poner “cien muertos sobre la mesa de negociaciones”, como dijo en una ocasión la etarra “Carmen” (Belén González Peñalva).

Aunque no les guste, tendrán que ir a una negociación tarde o temprano y nosotros siempre hemos dicho que estamos dispuestos a sentarnos en una mesa y buscar una salida negociada en el sentido de la alternativa KAS. (Txomin Iturbe Abasolo, noviembre, 1986).

Fracasada la negociación con el gobierno de Felipe González, para forzar una negociación en los términos que deseaba, en 1994 aplicó la ponencia Oldartzen, que tenía por objetivo “socializar el sufrimiento” por medio de la “kale borroka” y atentados contra cargos políticos y población civil. 

Y en 1998, propuso formar un frente nacionalista que abarcó desde sus grupos anejos (HB, Jarrai, gestoras, etc) hasta el PNV, que se formalizó en el Pacto de Estella.

En 1999, se fraguó una negociación del gobierno de Aznar con ETA, que se saldó con otro fracaso, por la persistencia de ETA en sus objetivos, a pesar de las concesiones de Aznar. En consecuencia, al igual que hace cuarenta años, mientras Euskal Herria carezca de instituciones estables y legítimas que le aseguren su supervivencia, seguiremos luchando contra los que actualmente oprimen a Euskal Herría (Comunicado de ETA, septiembre, 2002).

La consecuencia del Pacto de Estella fue el Plan Ibarretxe, en 2004, un nuevo Estatuto de Autonomía fundado en el “derecho a decidir”, que implicaba una reforma del Estado de tipo confederal para admitir la autodeterminación del País Vasco y la anexión de Navarra. Fue discutido y rechazado por el Congreso y por el Tribunal Constitucional.

La progresiva eficacia de la policía y la guardia civil, sobre todo desde la caída de la dirección de ETA en Bidart (1992) y la acción de la justicia fueron derribando la letanía recitada devotamente por los aberzales y el PNV (que era imposible acabar policialmente con el terrorismo, que la salida era política y negociada, que no era posible vincular a ETA con HB, que no era recomendable ilegalizar HB), al mismo tiempo que la sociedad vasca empezaba a reaccionar de forma abierta no sólo contra los terroristas sino contra sus seguidores y patrocinadores.

Los brutales atentados del fanatismo islamista en Madrid, que multiplicaron en crueldad los estragos de ETA, pusieron en solfa la negociación sobre la base de poner muertos sobre la mesa, y mostraron que el rechazo social a todo tipo de terrorismo alcanzaba al País Vasco y hacía mella en sus propias bases.

En noviembre de 2004, ocho meses después del atentado del 11-M en Madrid, cuatro dirigentes etarras encarcelados, reconocían la irreversible situación en que ETA se encontraba en una carta a la Dirección: Nuestra estrategia político-militar ha sido superada por la represión del enemigo contra nosotros (...) Esta lucha armada que desarrollamos hoy en día no sirve. Esto es morir a fuego lento (...) No se puede desarrollar la lucha armada cuando se es tan vulnerable a la represión. La firmaban Pakito, Makario, Pedrito e Iñaki de Lemona.

Los dirigentes de ETA, ciegos y sordos se seguían creyendo invulnerables: Todos los mandatarios españoles han quedado en el camino y la lucha del pueblo vasco siempre ha sido la piedra angular que ha contribuido a su propio fracaso y a mantener abierta permanentemente una profunda crisis política en el Estado español (…) Es evidente, también, que el proyecto español basado en la negación y el sometimiento de los pueblos ha fracasado. (Comunicado, junio de 2006). En consecuencia, con el atentado de la terminal T-4 de Barajas, que produjo la muerte de dos trabajadores, acabó con las conversaciones que mantenía con el Gobierno de Zapatero. Antes de tres meses fueron detenidos los autores del atentado (Comando “Elurra”).

Los atentados siguieron, si bien con menor intensidad, mientras ETA tenía a la inmensa mayoría de su militancia en la cárcel y su dirección era sucesivamente desmantelada, por lo que, carente de recursos humanos, era reemplazada por individuos cada vez más crueles e incompetentes.

La última víctima de ETA fue un gendarme francés, muerto en un tiroteo, en marzo de 2010. El 20 de octubre de 2011, ETA anunció el cese definitivo de sus actividades armadas.

Era la crónica de una derrota anunciada, aunque, largamente demorada. Los hay que son muy duros de mollera y reaccionan con lentitud geológica ante los acontecimientos políticos.

Ayer, Arnaldo Otegui, coordinador de EH-Bildu, con las habituales cautelas del discurso abertzale, lamentó el dolor causado a las víctimas, que no debió producirse. Algo es algo, pero insuficiente, a la luz de todo lo ocurrido.

20/10/2021.