Desde
hace bastantes años, los nacionalistas catalanes han defendido, con paciencia y
a conciencia, el objetivo de lograr que “Cataluña se sienta cómoda” en España,
pero parece que querían decir que Cataluña se “sintiese cómoda” al lado de España, aunque realmente lo
que quieren los promotores de todo este lío es sentirse cómodos gobernando un
país al lado de España, y disfrutando de una relación de buena vecindad, léase
mercado español y europeo.
En
septiembre de 2005, cuando el Parlament aprobó el famoso Nou Estatut, promovido
por el gobierno autonómico Tripartito (PSC, ICV, ERC), pudo parecer que el
problema del encaje -el “acomodo”- de Cataluña en la estructura del Estado
español quedaba, si no resuelto del todo, por lo menos apaciguado por una
temporada, pero no fue así.
Las
reformas surgidas de la discusión en el Congreso (a lo que se opuso el PP) no
satisficieron las expectativas de los nacionalistas, y mucho menos las señaladas
en la tardía sentencia del Tribunal Constitucional, pero tanto CiU como ERC ya
habían revelado su intención de ir más lejos.
A
principios de 2003, Artur Mas, recién nombrado sucesor de Jordi Pujol, prometió
que, si ganaba las elecciones, Cataluña tendría un nuevo Estatuto Autonómico
con un acuerdo económico similar al del concierto vasco. Pero, celebradas las
elecciones, lo que hubo fue el Gobierno Tripartito del PSC, ICV y ERC, comprometidos en reformar el Estatut de
Sau, con la esperanza de que CiU lo apoyase desde la oposición.
Lejos
de eso, la elaboración del nuevo Estatut fue muy compleja por la pugna de CiU y
ERC, que compitieron por elevar el techo de las demandas nacionalistas, por la
deriva hacia el nacionalismo del PSC, por las imprudentes promesas de Zapatero
y por la feroz campaña en contra desatada por el Partido Popular.
Los
nacionalistas, hoy independentistas, atribuyen el origen de su radicalización
al “cepillado” que, según expresión de Alfonso Guerra, recibió el Estatut en el
Congreso y a la sentencia del Tribunal Constitucional, en julio de 2010, que lo
recortó y privó de valor jurídico a Cataluña como nación, pero lo cierto es que
antes habían mostrado poco entusiasmo por un estatuto de autonomía que no
estaba promovido por fuerzas políticas genuinamente nacionalistas, sino por fuerzas
de la izquierda, aunque lo utilizaron para desgastar al Tripartito (ERC para
presionar a sus socios) y al Gobierno de Madrid (recuérdese que Carod Rovira
decía que tenía la llave de los dos gobiernos).
Mas
ya había formulado en 2003 su aspiración de conseguir para Cataluña un acuerdo
económico como el del País Vasco. En julio de 2005, mientras aún se discutía el
proyecto de Estatut, Carod Rovira advirtió: “Que no
se engañe quien piense que estamos aprobando un Estatut para los próximos 30
años (...) En el momento en que haya nuevas necesidades y que se modifique la
actual correlación de fuerzas, Cataluña no tiene otra salida responsable que
volver a hacer un nuevo cambio institucional”. Y pocos días después, el diputado de ERC,
Juan Tardá, proponía una reforma de la Constitución que recogiera el derecho de
secesión, la libre federación de comunidades autónomas y que impusiera, junto
con el castellano, el uso del catalán, el vasco y el gallego, como lenguas
oficiales en todas las comunidades.
El Parlament
catalán aprobó el Estatut en septiembre de 2005 y las Cortes españolas, después
de reformarlo, lo aprobaron en mayo de 2006, y el 18 de junio siguiente se
celebró el referéndum, con un resultado más bien tibio -la participación no
llegó al 50% (49%), los votos afirmativos sumaron el 74% y los negativos el 21%-
si se compara con el referéndum de octubre de 1979, cuando la participación fue
del 59% y Estatut de Sau recibió el apoyo del 88% de los votos emitidos. Lo
cual indicaba que el nuevo Estatut era más una prioridad de la clase política
catalana que una demanda de la ciudadanía.
En la campaña
electoral previa al refrendo, ERC solicitó el voto negativo para el Nou
Estatut, lo mismo que el PP y Ciutadans.
En
julio de 2010 se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional, que dio
lugar a una gran manifestación de protesta en Barcelona, y en noviembre de
2010, tras una Diada clamorosa, Mas ganó las elecciones y desalojó al Gobierno
Tripartito presidido por José Montilla. En su discurso de investidura anunció
que Cataluña iniciaba un proceso de transición nacional y que, utilizando una
metáfora marinera, “fijaba un rumbo de colisión”. Lo cual habla de las
intenciones del navegante.
En septiembre de 2012, después
de una Diada multitudinaria, Rajoy recibió a Mas en La Moncloa y rechazó la
posibilidad de negociar un pacto fiscal para Cataluña por ser contrario a la
Constitución, pero le ofreció acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico. A
partir de ahí Mas decidió apretar el paso.
Desde
entonces, con la eficaz colaboración del Gobierno de Rajoy, que ha conseguido
doblar el número de independentistas, el llamado problema catalán no ha hecho
otra cosa que crecer y que correr. Entre trucos, fintas, argucias legales,
amagos, titulares de prensa, hojas de ruta, eufemismos, declaraciones,
manifestaciones, diadas y ondear de banderas, Mas, entre bromas y veras, ha ido
avanzando paso a paso hacia su objetivo, aumentando el número de partidarios
del soberanismo y marcando la agenda política de sus adversarios, precisando el
tiempo, los temas y señalando las fechas más convenientes para sus planes.
Montado sobre la ola de la indignación ciudadana contra los efectos de la
crisis, las medidas de austeridad y la corrupción política, Mas ha tratado de
eludir, hasta ahora con bastante éxito, la responsabilidad de su gobierno en el
modelo económico fracasado, en las medidas de austeridad aplicadas y en los
casos de corrupción que le salpican (financiación ilegal de CiU, 3%, caso Pujol
Ferrusola, entre otros) y desviarla hacia el Gobierno de Madrid (“España nos
roba”), mediante dosis exageradas de victimismo.
Utilizando
sin recato los medios de información públicos como aparatos de propaganda de
CiU, además del apoyo de los privados, Mas ha logrado transmitir a la población
catalana el mensaje de que Cataluña está enfrentada a España por un agravio
impagable, un expolio continuo y un conflicto histórico, que, ante la negativa
del Gobierno central a cambiar el marco de relaciones, tienen como única
solución una separación, preferentemente amistosa.
La
eficaz colaboración de organizaciones nacionalistas financiadas con dinero
público para mantener enardecidos a sus muchos partidarios suscitando la
animadversión hacia España (“los españoles nos odian”), ha logrado la tensión
necesaria para que la movilización social haya ido respaldando los pasos dados
por Artur Mas: una Diada multitudinaria en 2012, las elecciones anticipadas en
noviembre de 2012, en las que CiU, con 50 escaños, perdió 12; el fracaso de una
consulta pactada (carta a Rajoy) y el simulacro de refrendo el 9 de noviembre
de 2014; otra Diada multitudinaria; la ruptura con su socio Unió Democrática y
un simulacro de elecciones plebiscitarias el 27 de septiembre, en las que Mas
concurrió emboscado en la lista “Junts pel Sí” (CDC, ERC e independientes), con
un resultado poco halagüeño (48% de votos a partidos nacionalistas, 52% a los
unionistas), como pasos hacia la anunciada secesión unilateral de Cataluña.
“No
hay vuelta atrás, ni Tribunal Constitucional que coarte la democracia, ni Gobiernos
que soslayen la voluntad de los catalanes”, aseguraba, el pasado seis de
septiembre, un llamamiento dirigido a los españoles firmado por Artur Mas, Raúl
Romeva, Carme Forcadell, Muriel Casals, Oriol Junqueras, Lluís Llach, Germá Bel
y Josep María Forné. Decisión ratificada, a pesar del resultado electoral, por
un documento acordado por Junts pel Sí y la CUP, el 27 de octubre, instando al Parlament
a iniciar el proceso de fundar un Estado independiente en forma de república y
a abrir un proceso constituyente, y al futuro gobierno catalán, a cumplir exclusivamente
las leyes emanadas del Parlament.
El barco ha seguido el rumbo trazado
y tenemos a la vista la última singladura: la colisión, que el texto propuesto
llama “desconexión democrática”, se producirá el día 9 de noviembre, fecha en
la que han de coincidir la discusión y aprobación de esta declaración de
independencia y la investidura de Artur Mas como President del Govern de la
Generalitat y presunto primer President de la nueva Cataluña independiente. Ahí
queda eso.
Publicoscopia, 31-X-2015