Good morning, Spain, que es different
Con
los Presupuestos Generales aprobados y teniendo por delante un anómalo año con
tres citas electorales por delante y graves problemas por resolver, la
legislatura agoniza y el Gobierno sobrevive en medio de un descrédito casi
general. No da más de sí; poco se puede esperar de él que no sean las
socorridas maniobras de última hora para paliar la pérdida de votos, pero a
estas alturas ya le es imposible enmendar lo hecho, en el caso hipotético de
que hubiera tenido intención de hacerlo.
Así
que, por la contradicción existente entre los fines declarados y los medios
utilizados; entre lo anunciado y lo realizado, y entre lo negado y lo realmente
efectuado, este Gobierno, que actúa contra la mayoría de la población, a la que
debería servir y proteger, es un gobierno ilegítimo.
En
primer lugar, por su origen. El Partido Popular venció en las elecciones de
noviembre de 2011 mintiendo a los electores sobre sus verdaderas intenciones y
sobre las causas de la crisis económica, que, redujo a un asunto doméstico provocado
por la mala gestión de Zapatero, fácil de corregir por un partido que sabía
hacer las cosas como Dios manda.
Pero
no sólo ocultó la parte fundamental de su programa, que era remodelar la
sociedad y el Estado siguiendo sus preferencias ideológicas, su instinto y sus
intereses de clase, sino que deliberadamente ofreció información engañosa con
la intención de confundir a los votantes. Desde la dirección del Partido se fue
desgranando un discurso destinado a suscitar la confianza de los electores, en
el que, como cláusulas de un pacto implícito, se exponía un catálogo de todo lo
que no harían -nos vamos a oponer a subir
los impuestos, la amnistía fiscal es
impresentable, no tocaremos las
pensiones, no vamos a tocar la
sanidad y la educación, no vamos a abaratar el despido, etc, etc-, que
luego resultó ser el eje fundamental de su acción en el gobierno.
Escudándose
en la herencia recibida, el Gobierno
de Rajoy aceptó de buena gana los neoliberales dictados de la Comisión Europea,
del Banco Central y del FMI para devolver la deuda externa de forma
prioritaria, como prescribe el reformado artículo 135 de la Constitución, y
sanear el maltrecho sistema financiero con fondos públicos a costa de reducir
el gasto social del Estado y depreciar las condiciones laborales, que eran los
objetivos perseguidos por su programa de clase.
El
segundo factor de pérdida de legitimidad, es la decisión de liquidar, sin
consenso parlamentario ni consulta específica a los ciudadanos, parte de los
bienes y servicios del Estado del Bienestar, para entregarlos en condiciones
ventajosas y no siempre claras a empresas privadas, como si el Ejecutivo de
turno fuera propietario del Estado y el único actor autorizado para disponer de
su patrimonio, que es colectivo; pertenece a todos los ciudadanos y en
particular a las clases asalariadas, que han contribuido más que otras a
financiarlo con sus impuestos. El Estado del Bienestar también forma parte de
la denostada herencia recibida, y el
Gobierno lo está dilapidando en beneficio de sus amistades.
Con
reformas como la de la ley del aborto, ya retirada, la Ley de Educación y la
atención concedida a las pretensiones de la Conferencia Episcopal en la
ampliación del patrimonio eclesiástico (inmatriculación de propiedades), el
Gobierno ha iniciado la vuelta al Estado paraconfesional, y con las reformas en
el ámbito laboral, de la justicia y de orden público, se dirige también hacia
un tipo de Estado autoritario, que le es tan grato como necesario para reprimir
las protestas sociales que provocan sus antipopulares decisiones.
Con
todo ello, el Gobierno ha logrado abolir títulos enteros de la Constitución, en
la que derechos laborales y sociales y derechos civiles fundamentales se han
derogado de hecho abusando de un procedimiento de urgencia -el decreto-ley-,
con el único respaldo de su partido y sin hallar objeciones por parte del
Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo. Lo cual no es extraño, ya
que, en una tácita pero efectiva remodelación del Estado, el Gobierno está
borrando la débil separación de poderes de nuestro débil Estado democrático, al
situar personas afines a su ideario en los centros decisorios de instituciones
públicas esenciales. De lo que resulta un poder legislativo y un poder judicial
demasiado atentos a los deseos de un Ejecutivo omnipresente, que detenta un
poder que nunca ha tenido otro gobierno desde la muerte de Franco, y que además
extiende su influencia en la sociedad por medio de una extensa red de medios de
información públicos y privados y de tramas clientelares por las que reparte
prebendas y recaba adhesiones.
El
último factor de ilegitimidad del Gobierno, pero no menor en importancia, es la
acumulación de casos de corrupción -presuntos, unos, pero ciertos otros, ya
juzgados o en proceso de instrucción- en que está inmerso el Partido Popular y
la poca disposición a colaborar lealmente con la administración de justicia
para lograr su rápido esclarecimiento y la correspondiente sanción de los
culpables. Parte de las actividades ilegales han tenido como objetivo obtener
financiación de forma irregular y en algunos casos financiar de manera
específica campañas electorales, de modo que el Partido Popular ha ganado
elecciones concurriendo con una oculta e ilegal ventaja sobre sus competidores.
Por todo lo dicho y porque las
deterioradas condiciones de vida y trabajo de millones de personas de este país
no pueden esperar ni un día más, es necesario emprender un drástico cambio de
orientación política, que sólo puede venir con un adelanto de las elecciones
generales y otro gobierno.
http://www.publicoscopia.com/opinion-politica/item/2902-un-gobierno-ilegitimo.html
http://www.publicoscopia.com/opinion-politica/item/2902-un-gobierno-ilegitimo.html