Good morning, Spain, que es
different
Un
Rajoy falsamente contrito se está viendo obligado a pedir disculpas ante la indignación
suscitada por la última trama de corrupción descubierta por la policía, que imputa
al ex consejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, a varios
alcaldes y concejales del Partido Popular, y a algún socialista, a cargos
técnicos y administrativos municipales y a varios empresarios poco ejemplares,
en la comisión, siempre presunta, de una larga lista de delitos en Madrid,
Murcia, León y Valencia.
Insistiendo
en la línea marcada por la “doctrina Bárcenas”, de hacer de los casos de corrupción asuntos privados de las personas imputadas en ellos, Rajoy afirma que la trama
descubierta por la “Operación Púnica” no es un problema del Partido Popular,
sino que responde “a la codicia personal” de algunos de sus miembros.
Lo
único que admite es el error de haber elegido para esos cargos a personas, que,
como luego se ha visto (lo han visto otros), no merecían tal confianza. Le han
defraudado, admite un sorprendido Rajoy, que imita a una sorprendida Esperanza
Aguirre ante la falta de probidad de Granados, otro hombre de su confianza. Lo
cual no deja en buen lugar su olfato profesional como caza-talentos, porque, una
tras otra, personas de su confianza van pasando por los juzgados acusadas de
corrupción. Ella misma no está libre de las sospechas de haber llegado, en
2003, a la presidencia de la Comunidad de Madrid con el auxilio de dos
tránsfugas del PSOE movidos por misteriosos intereses. Un episodio -el “tamayazo”-
sobre el que se corrió, con la prisa habitual en estos casos, un tupido velo.
Ha
sido un error, ha reconocido Rajoy, y ha pedido disculpas por ello, pero un
error lo tiene cualquiera ha añadido de modo indulgente, pues “todos hemos
cometido errores”. Pues no, señor Presidente: no es lo mismo cometer errores,
que corromperse. Esa es la diferencia.
Y
además es una mala disculpa, que trata, inútilmente, de borrar, al menos, su pasividad
como alto dirigente del Partido y del Estado durante décadas, ante las decenas casos
de corrupción detectados por la policía e investigados por los jueces, que
afectan a su partido y a instituciones donde gobierna.
Casos
que no son accidentales, ni anecdóticos, sino que, por su duración en el tiempo
(desde Naseiro ha llovido mucho), por su origen en las altas instancias y por
el benévolo tratamiento interno recibido después, más parecen responder al
propósito de obtener financiación por medios extralegales y hacer del Partido
Popular una estructura propicia para llevar a la práctica la intención expresada
por el dirigente valenciano Vicente Sanz con la frase “yo estoy en política
para forrarme”, que resume el ideario económico y financiero de tantos malos
políticos, tantos malos empresarios y de tantos falsos emprendedores, que más
merecen el nombre de salteadores de caminos.
Cuando
se gobierna con opacidad, se hurta a la oposición la documentación necesaria
para controlar la gestión del gobierno, sea local, autonómico o nacional, se
niega la corrupción en las propias filas mientras se señala en las del
adversario, se vetan las comparecencias y las comisiones de investigación y se utilizan
todos los recursos disponibles para obstruir la labor de la justicia, la
corrupción en el partido no es un accidente, ni una suma de casos aislados de
codicia o ambición, sino un medio para atender el extendido sistema clientelar y un importante catalizador de la actividad económica,
especialmente en el sector del urbanismo y la construcción.
Durante
mucho tiempo, la actitud oficial del Partido Popular ante los casos de
corrupción que le afectaban ha sido la de negar las evidencias y mantener la
unidad. Todos juntos en unión, defendiendo la bandera de la santa corrupción. Todos
para uno y Gurtel para todos, era la tácita consigna que llevaba a apoyar a los cargos
públicos corrompidos, a protegerlos en vez de expulsarlos y entregarlos a la
justicia.
Así,
no es de extrañar, por ejemplo, que 45 diputados del PP valenciano hayan
solicitado el indulto para el exalcalde de Torrevieja, condenado a 3 años de
cárcel y 7 de inhabilitación por prevaricación y falsedad en documento público,
ni la respuesta de concejales, diputados autonómicos y nacionales, unidos como
una piña para denegar la apertura de comisiones de investigación sobre casos de
corrupción, como la decencia exigía. Ni el apoyo que las altas jerarquías del Partido
Popular han dispensado, en unos u otros momentos, a cargos públicos sobre los
que recaían fundadas sospechas de corrupción, que luego se han confirmado.
Recuérdense
las palabras de Rajoy sobre Matas -“Quiero un gobierno como el de Baleares para
España”-, sobre Camps –“Junto a ti y detrás de ti, Paco”-, sobre Carlos Fabra -“Un
ciudadano ejemplar”-, sobre Baltar -“Galicia es Baltar”- sobre Bárcenas -“Luis,
sé fuerte. Aguanta”- y ahora sobre Esperanza Aguirre, que en sus tiempos de
Presidenta de la Comunidad de Madrid, dijo que el Ministerio del Interior dirigido
por Rubalcaba actuaba como la Gestapo.
Álvarez
Cascos tampoco se quedó atrás en echar balones fuera, al afirmar que la policía
al servicio del PSOE fabricó las pruebas del caso “Gurtel”.
La
doctrina de Cospedal ha sido afirmar que, cuando gobernaba Zapatero, la policía
mentía y actuaba como una policía de partido, y después suprimir el Tribunal de
Cuentas de su comunidad. Si no hay cuentas que investigar, ¿para qué sirve un
Tribunal de Cuentas?
La
doctrina de Trillo en el caso del accidente del avión militar Yak-42 y de las
contratas y subcontratas con empresas de la OTAN, fue mentir hasta aburrir, y
la de Montoro ha sido señalar que la acción de la justicia podía perjudicar el
honor de los cargos públicos y favorecer a los defraudadores fiscales con una
amnistía.
No, la corrupción no es un
error. No se engañe ni nos engañe, señor Presidente.