Oficialmente, el día 28 de mayo se han
celebrado elecciones municipales y autonómicas, pero realmente han sido una “moción
de censura” presentada al presidente del Gobierno y, a la vez, un necesario
plebiscito para Feijoo, en su soterrada pugna con Isabel Ayuso por el liderazgo
del Partido Popular.
Una larga campaña de agitación,
propaganda y crispación sobre presuntos asuntos de alcance nacional, impulsada
por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, ha pervertido el verdadero objetivo
de las elecciones, que era evaluar la gestión de los últimos cuatro años a
escala local y regional y reemplazar o ratificar a sus responsables, en una
periódica y democrática renovación de las élites políticas municipales y
autonómicas.
La campaña electoral ofrecía la
posibilidad de debatir abiertamente sobre la administración de fondos públicos
en su aplicación territorial a los problemas cercanos a la ciudadanía -sanidad,
guarderías, enseñanza, estudios medios y superiores, atención a las mujeres y a
los mayores, apoyo a los más débiles; inmigración, emigración, transporte, empleo,
vivienda, impuestos, desarrollo local, infraestructuras, diseño urbano, basuras
y residuos, protección del medio ambiente, etc- y cómo afrontar desafíos como el
cambio climático y tecnológico o fomentar un uso más eficiente del agua y la energía.
No ha podido ser. El Partido Popular ha
planteado las elecciones regionales y locales como la primera vuelta de unas
elecciones generales, lo cual falsea el objetivo y el resultado de la consulta,
pero además lo ha hecho a su estilo, de modo crispado, sin programa y con un argumentario
impostado, donde se han mezclado exageraciones, mentiras y delirios servidos
con cansina reiteración y la firmeza necesaria para convencer a los creyentes,
si es que algunos pueden creer todavía que se ha negociado subrepticiamente la
entrega de Navarra a los abertzales, que debe ser la tercera o cuarta vez que
se anuncia desde que lo hizo Aznar, o que ETA vive y nos gobierna, porque Bildu
ha hecho una machada de las suyas, colocando a unos etarras con delitos de
sangre en las listas. Lo cual ha generado en el País Vasco el efecto contrario
al perseguido por el PP, pues Bildu ha recibido más votos; en realidad, el PP y
Bildu se realimentan.
Así, unos ocho millones y medio de personas
han apoyado con su voto la “moción de censura” a Pedro Sánchez,
convertido en la suma de todos los males del país por tener un socio como
Podemos y recibir el condicionado apoyo de partidos nacionalistas. Eso no evita
admitir que el Gobierno de coalición ha cometido errores, algunos de bulto, que
la relación entre los socios ha sido poco ejemplar y que los apoyos
parlamentarios de esta legislatura han puesto un precio muy alto a su colaboración,
pero son temas de debate propios de unas elecciones generales, no de unas
municipales y autonómicas.
De este modo, en los lugares donde el PP
ha resultado vencedor no se sabe bien por qué, ni quienes han sido realmente los
vencedores por haber realizado un eficaz trabajo de oposición o por presentar
un programa municipal o regional mejor que el de sus oponentes. En el caso
contrario, el de los consistorios o gobiernos regionales que han perdido las elecciones,
tampoco están claras las razones de su derrota, que, siguiendo la tónica
general, se atribuye más a su afiliación al partido de Pedro Sánchez, que a los
errores o los fracasos de su propia gestión. Quienes han perdido no han sido
evaluados, y quienes han ganado, tampoco, pues caben en el mismo paquete de la estrategia
adoptada por el PP: todo vale contra Sánchez.
No obstante, lo que con gran benevolencia
se puede llamar campaña electoral del PP, no ha sido más que el grotesco estrambote
de una ofensiva contra Sánchez que empezó el día de su investidura -“una investidura
clandestina”; “un golpe”-, por cierto, no apoyada por Bildu ni por ERC.
Desde ese, día el Gobierno ha sido
tildado de ilegítimo, bolivariano, usurpador, de haberse valido de una amañada
moción de censura contra Rajoy para llegar a la Moncloa, olvidando que existía
una sentencia judicial por corrupción que moralmente exigía su renuncia y que
desde la moción se habían celebrado dos elecciones generales.
Amilanado por Vox, que ha llegado a acusar
al gobierno de Sánchez de ser “comunista y criminal”, Casado ha gritado lo suyo
para hacer olvidar su pasividad ante el intento de secesión en Cataluña y no
ser acusado de pertenecer a la “derechita cobarde”. Y lo mismo ha hecho el coro
de voces, no blancas, precisamente, capitaneado por Gamarra y secundado por
Ayuso fuera sus competencias, cuya gestión no ha sido particularmente brillante.
Desde entonces, las derechas han sacado
provecho a su ensayada táctica de mentir gritando, pensando que viven en un
país de sordos y desinformados.
Convocadas las elecciones generales para
día el 23 de julio, vamos a tener ocasión de comprobar si en la inmediata campaña
electoral, el principal partido de la derecha española es capaz de hacer algo
distinto.
30 de mayo de 2023. Para El obrero.es
