Vueltas que dan los libros

Hoy, revisando una estantería, he cogido un libro que compré hace un par o tres de otoños, en la “Feria del libro antiguo y de ocasión”. Es un volumen de bolsillo, de Roger Bastide titulado “Las Américas negras”, editado en 1969, que guardo, junto con otros del mismo tema, por si un día me decido a hacer una revisión de “Nación negra. Poder negro”·

El volumen tiene un “ex libris”, grabado con el nombre de “Rafael Esteban Abad. Juez de Primera Instancia e Instrucción”. Y hojeándolo, ha salido entre las páginas una tarjeta de visita con la siguiente inscripción: “Rafael Esteban Abad. Presidente de la Audiencia. Teruel”.

Picado por la curiosidad, he buscado en internet y he hallado los siguientes datos: Fiscal de la ciudad de Teruel y apasionado bibliófilo, famoso por su “Historia de la Comunidad de Aldeas de Daroca”.  Autor de “La ciudad y la comunidad de Daroca” editado en Teruel en 1959. El diario ABC del día 12 de julio de 1946 publica un edicto suyo. Y no sé más. Por las fechas, imagino que este hombre debió de morir hace décadas y quizá sus herederos vendieran parte, o toda, su biblioteca, y de ese modo accidental el libro, que está en buen uso, ha llegado a mí. Dejaré la tarjeta donde él la puso y volveré a colocar el libro entre los míos, para que corran juntos la misma suerte. 

La izquierda mimética

Hoy hace 80 años que falleció Antonio Machado en el exilio. Sus restos reposan en Colliure, un pueblecito francés cercano a la frontera con España.

Conocía bastante bien nuestro país y sus costumbres, a sus políticos, a sus habitantes, y sobre ellos escribió mucho y con acierto. Dejo aquí una reflexión extraída de su "Juan de Mairena".

"En España -no lo olvidemos- la acción política de tendencia progresiva suele ser débil, porque carece de originalidad; es puro mimetismo que no pasa de simple excitante de la reacción. Se diría que sólo el resorte reaccionario funciona en nuestra máquina social con alguna precisión y energía. Los políticos que pretenden gobernar hacia el porvenir deben tener en cuenta la reacción de fondo que sigue en España a todo avance de superficie. Nuestros políticos llamados de izquierda, un tanto frívolos -digámoslo de pasada-, rara vez calculan, cuando disparan sus fusiles de retórica futurista, el retroceso de las culatas, que suele ser, aunque parezca extraño, más violento que el tiro".

Aquí, también, que inventen ellos. Señor, Señor, qué país!

"Sispans"

La primera vez que escuché a un locutor de radio pronunciar, en francaise, of course, la palabra “suspense” fue para anunciar “Las diabólicas”, la película de Clouzot. La palabrita tuvo éxito y sirvió para calificar un género cinematográfico basado en la incertidumbre, que mantenía al espectador en suspenso, tenso en la butaca, esperando ansiosamente el final de la película para volver a respirar. Alfred Hitchcock, que manejaba con habilidad (y a veces con trampas) las claves del género, fue el maestro del “sispans”.

Pues, henos aquí los de Pravia, y de otras latitudes, en pleno “sispans”, esperando, el santo advenimiento que esta misma mañana tiene que llegar de la Moncloa.

En esta España de cine pero sin dejar el folletín, en la que vivimos en permanente parusía, con acontecimientos históricos todos los días y un apocalipsis anunciado cada semana, este viernes sí que será definitivo; un viernes, quizá de dolores para algunos, de temores para otros, incluso de pavores para quienes tememos lo peor, dependiendo de la decisión del Presidente del Gobierno de anunciar, o no, la convocatoria de las elecciones generales que pongan fin a esta breve legislatura.

Mientras tanto, hasta que aparezca Pedro Sánchez en la Moncloa, vivo sin vivir en mí; una par de horitas, más o menos, de “sispans”.

Junqueras juzga al tribunal

El vicepresident del Govern de la Generalitat en los días de autos, Oriol Junqueras, después de anunciar que no responderá a las preguntas de la fiscalía, de la abogacía del Estado y de la acusación particular, ha mantenido una entretenida charla con su abogado defensor, mediante la cual, tras aceptar con cristiana humildad el brillante currículo profesional y la pacífica trayectoria vital que le ha preparado el letrado, ha impartido un cursillo sobre las bondades del nacionalismo y sobre su indudable talante democrático, en el que se le ha olvidado citar como ejemplo, que los independentistas sólo tienen el respaldo del 37% del censo y el 48% de los votos válidos, y que el partido más votado en Cataluña es Ciudadanos. Pero eso son pelillos a la mar, lo importante es lo que han  afirmado los independentistas siempre que han tenido ocasión y Torra hace unos días, que ellos obedecían el mandato del pueblo catalán emitido el día 1 de octubre. Vale.

Tras las arengas en favor de los justiciables con que los abogados defensores obsequiaron a los presentes en la sala, en la sesión del primer día, Junqueras ha decido juzgar a los juzgadores y convertirse en acusador espontáneo con una sarta de frases para pasar a la historia. Ha recalcado su objetivo político -“no renunciaré al derecho de autodeterminación”- y descalificado el proceso mismo: “Este es un juicio político”, “me considero un preso político”.

Además ha negado algunos de los cargos que sin duda le van a hacer: “No se usó dinero público en el referéndum”, “siempre hemos rechazado la violencia” y finalmente ha dictado a los jueces lo que deben hacer -“Esto no se resuelve poniendo a la gente en la cárcel”- y señalado que están colocados en el lado equivocado de la historia: “Nada de lo que hemos hecho es delito”, “votar no es delito, impedirlo por la fuerza sí”. Y luego, como en un desplante torero, ha dejado en el aire una frase -“Nuestra propuesta de solución política sigue vigente”- para brindar una salida airosa al estado español, que viene a decir déjense de pamplinas y vamos a negociar con alguien que sea valiente, no como Pedro Sánchez.    

Con esta actuación desde las filas del martirologio del catalanismo irredento, Junqueras espera arañar unos cuantos votos a su odiado rival, y sin embargo colega en esta aventura, que está en Bélgica viendo el juicio por televisión.

Banderas que todo lo tapan

El domingo, toca patria; todos unidos, en la capital de España, bajo la bandera nacional; el resto de la semana se imponen la bronca, el insulto y la deslealtad.  Así entiende el Partido Popular (y los partidos que le siguen) la actividad política cuando sus miembros deben dejar la bancada azul, que creen de su exclusiva propiedad.

Con esta manifestación, la primera por ahora, el Partido Popular recupera la actividad callejera, que, con diversos motivos y el apoyo de la Curia, ensayó contra Zapatero en trece ocasiones, con marchas y concentraciones.

Nada nuevo, porque ha sido la forma (mala forma) de estar en la oposición desde que Aznar, subido en el carro de la “revolución conservadora”, dio por concluida la hegemonía socialdemócrata y acomodó el partido a los nuevos tiempos, con una enérgica mezcla de neoliberalismo económico, servilismo imperial (Azores), neoconservadurismo clerical y persistentes resabios de la dictadura, a los que la derecha (y la Curia) aún no han renunciado.

Lo que está haciendo Casado es la reedición de la “oposición patriótica”, que el PP, indignado por el adverso resultado electoral de 2004, montó a Zapatero, el Jefe del Gobierno más insultado de la historia reciente, al que los voceros más cualificados del momento, acusaron, entre otras cosas, de gobernante ilegítimo.

Sánchez ha sido calificado de usurpador, además de traidor y felón, y de “okupa”, por haber llegado a la jefatura del Gobierno mediante el procedimiento legal de una moción de censura contra el Gobierno de Rajoy. Reemplazo que casi fue una medida obligada por la decencia, en lógica respuesta una sentencia de la Audiencia Nacional contra el Partido Popular, acusado de un largo repertorio de delitos, por los cuales condenaba a 29 personas a cumplir 351 años de cárcel.

A Pablo Casado, a la sazón vicesecretario de Comunicación del PP, le parece mal aquel higiénico desalojo, porque cree, con nula sensatez y poco fundamento para el cargo que ocupaba, que un gobierno corrompido representa mejor los intereses de España de cara al exterior (¡menuda “Marca España”!) y que facilita las cosas dentro de la madre patria, como en el caso de Cataluña, porque ignora que una de las causas de la pasividad del Gobierno de Rajoy, tanto ante la Unión Europea como ante las desmedidas pretensiones de la Generalitat, era su actitud acomplejada por los numerosos casos de corrupción que el partido acumula.

Sánchez tenía por delante una etapa difícil, dado el interesado y frágil apoyo proporcionado por los partidos que le llevaron al Gobierno, además de la crispada oposición del PP y C’s, y por los grandes retos a los que se enfrentaba, que eran aprobar unos presupuestos con más contenido social para tratar de revertir las medidas de austeridad y facilitar la relación con la Generalitat para reducir la tensión con el Gobierno. La intransigencia de los independentistas, que tienen en su mano la aprobación de las cuentas del Estado, no ha permitido ni lo uno ni lo otro. Hasta hoy. 

El Gobierno ha cometido errores, claro; ha hecho declaraciones que después se ha visto obligado a matizar o a desmentir; ha anunciado decisiones que luego ha corregido, pero no se le puede negar que ha tenido interés, aunque ha pecado de candidez, en ofrecer una salida dialogada al callejón en que se han metido los independentistas, pero eso no explica la posición de Casado, cuya agria actitud responde a causas también domésticas (la sombre creciente de Vox), que le ha llevado a recurrir al consabido soniquete de que la izquierda quiere romper el país.

¿Recuerdan la balcanización de España augurada por Aznar cuando Zapatero negociaba con ETA, después de que lo hubiera hecho él con nulo resultado? ¿Recuerdan aquella acusación de que Zapatero negociaba secretamente la “entrega de Navarra” a ETA? Era una mentira, una deslealtad y un disparate, pero Casado ha vuelto a recurrir al mismo bulo ahora acusando a Sánchez de entregar Cataluña a los independentistas, sabiendo que eso no está en la intención del Gobierno y de que no es legalmente posible. 

Tampoco la elección de un posible “relator” en la negociación con la Generalitat ha sido el motivo para convocar la manifestación, ni explica la crispación de Casado, colocado ya en la estela de Abascal sin ningún disimulo   

La gesticulación de Casado pretende tapar los años de desidia del PP ante el emponzoñamiento progresivo del problema en Cataluña, disimular lo que no hizo el Gobierno de Rajoy, ni tampoco él, como parte del “staff” o a título particular, como simple diputado.

¿Qué hizo Casado el 14 de noviembre de 2009, cuando hubo una consulta soberanista en 166 municipios de Cataluña? Nada, que se sepa. ¿Y qué hizo el 27 de septiembre de 2012, cuando el Parlament aprobó realizar un referéndum de autodeterminación durante la Xª legislatura autonómica? ¿Y qué hizo el 19 de diciembre de ese año, cuando CiU y ERC firmaron un pacto de legislatura que incluía una consulta en 2014 sobre el futuro político de Cataluña? ¿Y que hizo o dijo el 23 de enero de 2013, jornada en la que el Parlament aprobó una declaración que proclamaba al pueblo catalán sujeto político y jurídico soberano? ¿Y qué hizo el día 12 de febrero de ese año cuando la Generalitat fundó el Consejo Asesor para la Transición Nacional? ¿Estaba enterado de que el 19 de septiembre de 2014, el Parlament aprobó la Ley de Consultas propuesta por CiU y ERC?

Es de suponer que Casado haría algo más que resignarse cuando Artur Mas, para burlar la suspensión del referéndum del día 9 de noviembre decidida por el Tribunal Constitucional, convirtió la convocatoria en un “acto participativo” ¿Y qué hizo el día 1 de marzo de 2016, cuando la Mesa del Parlament formó tres ponencias para tramitar en secreto las leyes de ruptura? Como vicesecretario de Comunicación, debería haber viajado a Barcelona para afearles su conducta, por lo menos.

Los sucesos más recientes ocurridos en Cataluña hasta llegar a la aplicación del artículo 155 de la Constitución son más conocidos, pero, ante la intervención inmediata y enérgica que Casado exige a Sánchez, hay que recalcar los años de pasividad de Rajoy en la marcha de los acontecimientos impuesta por la osadía de los independentistas. Y eso no se tapa con falso patriotismo ni envolviéndose en la bandera del Estado, que, hasta nueva orden, no se agota en la calle de Génova ni representa en exclusiva al Partido Popular. Otro día hablaremos de sus acompañantes.

Relatores y relatos

La indefinida figura del relator, no precisamente un mediador, sino un tipo de secretario o similar que organiza las reuniones y da cuenta de los asuntos tratados, una especie de notario propuesto por Torra y aceptado Sánchez, para que asista a la mesa de partidos políticos catalanes con el fin de encontrar una salida negociada a la crisis política en Cataluña, es coherente con el relato de los independentistas. No sólo de estos de hoy, catalanes, sino también de los otros, de los vascos.

Una de las permanentes propuestas de los abertzales cuando se trataba de negociar sobre el mal llamado conflicto vasco (el terrorismo, en definitiva), aprovechando las treguas de ETA, era la de montar una mesa de partidos políticos paralela a la cámara vasca y al Congreso y solicitar la presencia de un mediador internacional. Ahora en Cataluña sucede lo mismo. Rechazada la mediación internacional, que fue la primera intención del Govern, el Gobierno socialista ha aceptado la presencia de un relator, cuyas funciones están por definir, así como la persona sobre la que caerá tal responsabilidad.

De entrada, no se percibe qué ventaja pueda ofrecer una mesa de partidos que será menos representativa que la cámara catalana. A pesar de la obligada inoperancia impuesta por el Govern, el Parlament es, a día de hoy, la única representación legítima de la voluntad de todos los electores catalanes. Por el contrario, la mesa de partidos, de llevarse finalmente a cabo el experimento, no contará, presumiblemente, con la participación del PP y de Ciudadanos, que es el partido más votado en Cataluña. Será, por tanto, una mesa coja y poco representativa en sus conclusiones, por muy neutral y diligente que sea el relator o relatora.

Por otra parte, no se entiende la ventaja de buscar una nueva figura, inventada,  cuando el Parlament dispone de los recursos necesarios (la Mesa, secretarios, funcionarios y un cuerpo de letrados) para realizar las funciones que se van a encomendar al relator.

Tampoco se entiende, que la decisión de formar una mesa de partidos paralela al Parlament, haya surgido de un acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de una comunidad autónoma, cuando debería ser algo que saliera de un acuerdo de los partidos políticos encartados. No se entiende bien, o se entiende demasiado bien, esa deliberada confusión entre los partidos y las instituciones del Estado, entre los órganos ejecutivos y el cuerpo legislativo, a no ser que la secreta intención de los nacionalistas (no advertida por el Gobierno) sea que los gobiernos hagan suyos los acuerdos salidos de esa mesa informal, pasando por encima de lo que pueda opinar la cámara autonómica. En ese caso, lo que se apunta es una maniobra de la misma índole que la perpetrada por los independentistas en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre de 2017.

Decía más arriba que la figura del relator es coherente con el relato de los secesionistas, que en síntesis es el siguiente: El Parlament declaró, el 23 de enero de 2013 que el pueblo catalán es un pueblo soberano. “La soberanía implica que por encima de la voluntad democrática de los ciudadanos no hay nada”, afirmó Junqueras. Joan Herrera (ICV) fue más lejos: “No estamos delante de un problema jurídico, sino de voluntad política. España debe decidir si está del lado de la democracia o de la Constitución”.

Así quedaba marcado el terreno de juego. De un lado, la Cataluña expoliada y democrática; de otro, la España opresora y dictatorial. La Constitución, como resultado de una transición mal hecha, conserva el aliento del franquismo en su interior, por tanto las instituciones políticas están contaminadas, de ahí que no pueda haber una salida democrática al “problema catalán” dentro de las instituciones “españolas”, por lo cual el Estatut y la Constitución tuvieron que ser abolidos los días 6 y 7 de septiembre en favor de una nueva legalidad, plenamente democrática, que era necesaria para fundar la república catalana mediante una declaración unilateral de independencia (léase “desconexión”).

La versión unilateral fracasó porque los secesionistas no contaban con la reacción del Gobierno español ni con la indiferencia de los gobiernos extranjeros, pero el propósito sigue en pie con el plan de repuesto, que es tratar de acercarse a lo mismo a través de una negociación -referéndum pactado- aprovechando la situación de debilidad del Gobierno, cuya continuidad depende de la aprobación de los Presupuestos, y tratar de paliar la sensación de derrota de sus seguidores mediante un balance positivo del “procés”, señalando los avances sobre la situación anterior y reduciendo los costes de la aventura, en particular para los dirigentes que van a ser juzgados la semana entrante como responsables del intento, para los que solicitan simplemente la impunidad, obtenida mediante una insólita intervención del Gobierno en la administración de la justicia.