miércoles, 12 de abril de 2017

Balance de un desastre político (4)

Good morning, Spain, que es different

Decíamos que ETA no ha logrado cambiar la estructura del poder político establecida en los pactos de la Transición, ni alterar la configuración territorial del Estado ni tampoco invertir el sentido de su declinante influencia.
No obstante, es innegable que, durante muchos años, ha intentado establecer, o al menos condicionar la agenda del gobierno español, del vasco y de la oposición.
Su mortífera actividad ha sido una referencia casi permanente de la actualidad,  llenando la prensa de titulares, ocupando espacios informativos en emisoras de radio y televisión, alimentando debates inacabables y sembrando polémicas todo el país. Ha enfrentado a partidos nacionalistas y no nacionalistas, y a unos y otros entre y dentro sí; ha dividido a las clases políticas, a la sociedad vasca y a la española colocando con gran dramatismo, no poca tergiversación y un notable oportunismo la remodelación territorial del Estado como el principal problema del país y el que reclamaba una solución más urgente. Los costes de esta presión, que se han manifestado de formas muy diferentes, son muy difíciles de evaluar, pero a lo dicho en los textos anteriores, hay que añadir otros datos para tener una visión más completa. En primer lugar, por la importancia que tiene la pérdida de vidas humanas, hay que aludir a las víctimas.  
Las fuentes divergen respecto al número y, claro está, a los atentados cometidos,  ya que algunos no han sido reclamados y otros han sido rechazados por la banda, pero oscilan entre las 840 y las 858 víctimas, 29 ocasionadas hasta el año 1974 y el resto después, de ellas tres decenas eran niños. La etapa más mortífera estuvo entre 1978 y 1987, en que fueron asesinadas 510 personas, y 238 en sólo tres años (1978: 65; 1979: 79; 1980: 94). De ellas, 576 murieron en el País Vasco, 123 en Madrid, 54 en Cataluña, 42 en Navarra, el resto en otras provincias y sólo 10 en Francia; el número de personas heridas supera las mil.
ETA ha tenido cerca de 150 muertos propios, fallecidos en tiroteos con la policía, por torturas y ejecuciones, en accidentes y suicidios o manipulando explosivos. A estas cifras hay que sumar los heridos, los detenidos, los encarcelados y los deportados y las personas que han abandonado el País Vasco por temor a las amenazas y extorsiones de la banda, y las que han vivido custodiadas, en una sociedad envilecida, que, salvo honrosas y minoritarias excepciones, ha sabido vivir de espaldas a lo que acontecía y ahora espera pasar la página de estos años de oprobio y acordar un relato que no sea demasiado molesto para nadie, dentro de un nacionalismo moderado, que siga proporcionando ventajas.
Mucha gente se sorprende de que lo sucedido durante medio siglo en Euskadi haya tardado tanto en provocar reacciones en contra y para explicarlo recurre a los sentimientos, especialmente a algunos tan primarios como el miedo, la rabia y el odio, y también a la búsqueda de tranquilidad, a no buscarse problemas que no atañen directamente y a no disentir del discurso político dominante en las instituciones y fuera de ellas. Y al hallar poca resistencia, los violentos y sus voceros han creído que tenían de su parte a toda la sociedad. No era cierto, como las elecciones mostraban una y otra vez, pero mientras se ha mantenido la espiral de silencio, han preferido creerlo y hacerlo creer.
No obstante, lo ocurrido no puede explicarse sólo aludiendo a la subjetividad de las opiniones y de los sentimientos, sino que hay razones, situaciones, que son objetivas y que no sólo no se han visto perjudicadas por la violencia, sino incluso indirectamente favorecidas por ella.  
El País Vasco es una de las zonas de España con más alto nivel de vida, una región desarrollada industrial, comercial y financieramente desde finales del siglo XIX, con una de las mayores aportaciones al PIB nacional y más próxima en servicios y calidad de vida a los estándares europeos. Lo cual no sólo desmonta el mito de la propaganda abertzale, de que es una colonia de España, sino que es una de las regiones españolas mejor tratadas política, industrial y fiscalmente por el Estado. Euskadi no es una colonia, sino una región privilegiada, la más privilegiada de España, de ahí que sea el modelo en que se miran todas las demás y especialmente Cataluña. Por eso, lo sucedido ha mostrado Euskadi como una anomalía en España y en Europa.
Durante años, el tema recurrente de la violencia política ha dificultado discutir sobre este trato privilegiado, que tanto tiene que ver con lo ocurrido, puesto que el terrorismo bien administrado ha servido para mantener y aún aumentar esas ventajas.
Es de esperar, que una vez desarmada ETA, calmados los ánimos, lo cual que tardará, y recuperada la vida normal de las personas y de las instituciones, se puedan abordar temas que, hasta ahora, han quedado sepultados por lo más urgente, que eran los atentados; temas como el trato desigual, pero favorable, del sistema fiscal, el asunto de la lengua, erigida, entre otras cosas, como barrera protectora para evitar la competencia laboral, el sistema electoral que concede a los vascos una sobrerrepresentación sobre el resto de electores del país, y el no menos espinoso tema de la financiación autonómica, por la cual Euskadi percibe 4.170 euros por persona y año, y Navarra 3.266 euros/pc/año, gracias al régimen especial, frente a Madrid, que recibe 1.875 eu/pc/año; Cataluña 1.973 eu/pc/año; Andalucía 1.898 eu/pc/año; Murcia 1.880 eu/pc/a o Valencia: 1.824 eu/pc/año. 
Privilegios de la comunidad vasca, que, seguramente sin ETA pretenderlo, han sido indirectamente defendidos con las armas en la mano. Otra ventaja.

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