Pan, trabajo y techo

Good morning, Spain, que es different

Como parte de la Jornada por la Dignidad, el sábado 29, tuvo lugar en Madrid una manifestación bajo el lema “Pan, trabajo y techo”. Fue una más de las que se celebraron en cuarenta ciudades españolas para protestar contra la antisocial (o antihumana) política del Gobierno de Mariano Rajoy.

La consigna alude a la reclamación de tres básicos derechos de ciudadanía, que debían formar parte del núcleo de garantías fundamentales de un Estado que fuera verdaderamente social, democrático y de derecho, tal como proclamaba el artículo 1.1 de la fácticamente abolida Constitución de 1978.

Para la inmensa mayoría de la población no propietaria de medios propios de subsistencia, los derechos a comer y a disponer de un techo dependen del ejercicio del derecho al trabajo, pues sin empleo y sin salario, o con un salario insuficiente, tales derechos carecen de posibilidades materiales de ser ejercidos.

Con la privatización del sector público productivo y la progresiva retirada del Estado asistencial, el derecho al trabajo depende cada día más de la iniciativa privada, de la voluntad empresarial para actuar en el llamado mercado laboral. La supervivencia de los asalariados depende de quienes les han de ofrecer un empleo y un salario, o lo que es lo mismo, de aquellos con quienes están enfrentados por tener intereses contrarios, expresados en la remuneración del capital -el beneficio- frente a la recompensa del trabajo -el salario-. 
Con la retirada de la modesta protección del Estado, la supervivencia de los trabajadores depende, pues, de la voluntad de sus enemigos de clase. Así de simple.

De este modo, expulsados de la producción, los trabajadores se convierten en lo que Marx llamaba ejército industrial de reserva, pues viven a la espera de poder ser empleados en otro momento, pero mientras tanto, hay que comer, hay que vestir, hay que cobijarse bajo un techo y atender, el que la tenga, a una familia.

Pero esas circunstancias, que, en nuestros días, describen el drama cotidiano de millones de personas en España, no parecen afectar a la sensibilidad del Gobierno y de la clase patronal, pues, en tanto no se supere la actual fase de recesión (no hemos salido de ella más que formalmente), esos millones de desempleados se consideran lo que Malthus llamaba población superflua. Población sobrante, que muy bien podría desaparecer hasta que se le encontrara utilidad en volver a producir algún rendimiento, pero no hay ninguna guerra en perspectiva y está descartado un diluvio universal selectivo, que ahogase a los que carecen de yate.

Mientras tanto, el Gobierno, católico, si bien ha retirado los subsidios a más de la mitad de los desempleados y reducido otras prestaciones a dependientes, enfermos y marginados, otorga a los parados el derecho a sobrevivir; eso sí, por su cuenta y riesgo, dependiendo de la caridad pública o de la solidaridad de organizaciones gubernamentales o de parientes y vecinos.