Good morning, Spain, que es different
En su declaración ante el juez de la Audiencia
Nacional, Rodrigo Rato alegó en su descargo una ignorancia supina acerca del turbio
asunto de las tarjeta opacas de Bankia. Lo mismo hizo su compinche de correrías
financieras, Miguel Blesa, cuando declaró ante el juez el mismo día 16 de octubre,
sobre este caso.
Blesa echó mano de un rosario de respuestas
vagas y de excusas infantiles para ofrecer la imagen de alguien sorprendido en
su ingenua ignorancia por los errores o deficiencias de otras personas:
.-“Supongo que me dio la tarjeta el secretario
general del Consejo de Administración…”
.- “Me dijeron que era un complemento
retributivo…”
.- “Al llegar me dieron dos tarjetas…”
.- “No pregunté por los fundamentos jurídicos
de las tarjetas…”
.- “Me hacían las propuestas los de recursos
humanos. Yo daba el visto bueno y lo aprobaba el Comité de Medios…”
.- “A mí nadie me dijo nada sobre si había que
declararlas o no. Pensaba que sí se declaraban, pero no lo sabía. Me ha
sorprendido que no se hiciera. Lo he descubierto ahora.”
.- “Supongo que el Banco de España lo conocía…”
.- “Auditoría Interna lo debería de haber
visto. No sé quién tomó esa decisión…”
Provoca indignación saber que Miguel Blesa, inspector
de Hacienda en excedencia, “ha descubierto ahora”, en 2014, la irregularidad de
las tarjetas, cuando ha presidido durante catorce años (de 1996 a 2010) el
Consejo de Administración de la Caja.
Por esa deficiente labor, además de las dos
tarjetas, la blanca y la negra, Blesa tenía un sueldo muy elevado,
que empezó a crecer justo al iniciarse la crisis financiera, pues, de 1,7
millones de euros en 2006 pasó a 3,5 millones de euros, en 2007, sin otra
justificación que su santa voluntad. En 2010, su último año en la presidencia, recibió
3,6 millones de euros, y en los últimos ocho años había percibido casi 20
millones de euros (19.749.000 euros).
Ante lo cual, lo mínimo exigible sería pedir más
cuidado a quien es agraciado con tales emolumentos por presidir una entidad,
que, además, custodiaba el dinero de 10 millones de clientes, en su mayoría
pequeños ahorradores, pues esa era la filosofía de la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid.
Fundada
por el sacerdote Francisco Piquer en 1702 para prestar a las clases humildes dinero
sin interés, con la entrega de joyas y objetos de los solicitantes como garantía. En 1836 se empezó a solicitar
el cobro de un pequeño interés por los préstamos y en 1839 se empezaron a retribuir
los depósitos, pero ha seguido funcionando hasta hoy como casa de empeños. En
1998 adoptó el nombre de Caja Madrid para ponerse a tono con los nuevos tiempos,
en que las cajas de ahorros, olvidando su función social, competían con los
bancos en otros terrenos, y uno de ellos era la financiación inmobiliaria.
Blesa es un caso paradigmático de lo que fue la
etapa de gobierno de Aznar (1996-2004) y del tipo de gestores con pocos escrúpulos
que pusieron en marcha la España que financieramente iba bien (y moralmente bastante
mal).
Como otro de los amigos del Liderísimo, fue colocado, no sin
tensiones dentro de su propio partido, en la presidencia de Caja Madrid, que se
convirtió, como otras cajas de ahorros después saneadas con dinero público, en
un instrumento al servicio del poco cuidado desarrollo regional, donde se hizo
patente la afinidad de espurios intereses entre dirigentes políticos autonómicos, directivos
financieros y promotores inmobiliarios.
Este fue el caso del crédito de 1.000 millones
de euros concedido en 2007 a la inmobiliaria Martinsa-Fadesa por el consejero
Carlos Vela, que poco después dejó la Caja para ocupar el cargo de consejero
delegado en la inmobiliaria. En 2008, el reventón de la burbuja inmobiliaria
provocó la ruina de Martinsa-Fadesa, que dejó una deuda colosal a sus
acreedores, entre ellos Caja Madrid. Lo cual no fue obstáculo para que Carlos Vela
volviera a ser contratado por la Caja.
La gestión de Blesa está llena de
irregularidades, de operaciones más que discutibles, como los créditos alegremente
concedidos de gente con escasa solvencia, como Gerardo Díaz Ferrán, o con un
tipo de interés ridículo, y de arriesgadas inversiones, como la compra, en
2008, del City National Bank de
Florida, por 628 millones de euros, y, por 10,5 millones más, una mansión de
lujo en Miami que debería ser la residencia del representante de Caja Madrid. En
2009, el City National Bank tuvo unas pérdidas colosales, por lo cual Caja
Madrid tuvo que inyectar 233 millones de euros, para comprar el resto de las
acciones. Como la situación del banco no mejoró, al año siguiente tuvo que inyectar
otros 240 millones de euros.
En 2010, Caja Madrid se fusionó con otras seis cajas de ahorros -Bancaja, Caja
Insular de Canarias, Caixa Laietana, Caja Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia-, conjunto
al que se llamó Banco Financiero y de Ahorros (BFA), presidido por Rodrigo
Rato. En julio de 2011, tras una gran campaña
publicitaria, Bankia, la filial del BFA, salió a Bolsa y se integró en el Ibex.
En menos de un año, su cotización se desplomó. En mayo de 2012 el
Gobierno nacionalizó BFA a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y, a pesar de la afirmación de Mariano Rajoy de que no habría ningún rescate de la
banca española, Bankia tuvo que ser saneada con 22.424 millones de euros, de
los cuales 18.000 millones procedían de fondos de la Unión Europea. Aunque, el
coste del rescate puede ser superior.
En julio de 2014, el Banco Santander si hizo cargo
de la gestión del Monte de Piedad de Madrid.
Un
entidad tres veces centenaria, que, sin ánimo de lucro, surgió para atender las
modestas necesidades financieras de las clases bajas, en poco más de una década
ha devenido en una quiebra que tiene mucho de fraudulenta, aunque por ahora
nadie se ha hecho responsable de ella. Pero antes de quebrar, con la venta de
las acciones preferentes, ha llevado a la ruina a miles de pequeños ahorradores,
que han perdido muchos de ellos los ahorros de toda la vida y hasta la vivienda,
y de rebote ha cargado el coste de su rescate sobre las costillas de los
contribuyentes españoles.
El
recurso de Blesa de hacerse el longui
no convenció al juez, quien le ha impuesto una fianza de 16 millones de euros
que debe depositar a la mayor brevedad, si quiere evitar el embargo de sus
bienes.
22-10-2014
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