Gobierno ilegítimo

Good morning, Spain, que es different

Con los Presupuestos Generales aprobados y teniendo por delante un anómalo año con tres citas electorales por delante y graves problemas por resolver, la legislatura agoniza y el Gobierno sobrevive en medio de un descrédito casi general. No da más de sí; poco se puede esperar de él que no sean las socorridas maniobras de última hora para paliar la pérdida de votos, pero a estas alturas ya le es imposible enmendar lo hecho, en el caso hipotético de que hubiera tenido intención de hacerlo.

Así que, por la contradicción existente entre los fines declarados y los medios utilizados; entre lo anunciado y lo realizado, y entre lo negado y lo realmente efectuado, este Gobierno, que actúa contra la mayoría de la población, a la que debería servir y proteger, es un gobierno ilegítimo.

En primer lugar, por su origen. El Partido Popular venció en las elecciones de noviembre de 2011 mintiendo a los electores sobre sus verdaderas intenciones y sobre las causas de la crisis económica, que, redujo a un asunto doméstico provocado por la mala gestión de Zapatero, fácil de corregir por un partido que sabía hacer las cosas como Dios manda.

Pero no sólo ocultó la parte fundamental de su programa, que era remodelar la sociedad y el Estado siguiendo sus preferencias ideológicas, su instinto y sus intereses de clase, sino que deliberadamente ofreció información engañosa con la intención de confundir a los votantes. Desde la dirección del Partido se fue desgranando un discurso destinado a suscitar la confianza de los electores, en el que, como cláusulas de un pacto implícito, se exponía un catálogo de todo lo que no harían -nos vamos a oponer a subir los impuestos, la amnistía fiscal es impresentable, no tocaremos las pensiones, no vamos a tocar la sanidad y la educación, no vamos a abaratar el despido, etc, etc-, que luego resultó ser el eje fundamental de su acción en el gobierno.

Escudándose en la herencia recibida, el Gobierno de Rajoy aceptó de buena gana los neoliberales dictados de la Comisión Europea, del Banco Central y del FMI para devolver la deuda externa de forma prioritaria, como prescribe el reformado artículo 135 de la Constitución, y sanear el maltrecho sistema financiero con fondos públicos a costa de reducir el gasto social del Estado y depreciar las condiciones laborales, que eran los objetivos perseguidos por su programa de clase.

El segundo factor de pérdida de legitimidad, es la decisión de liquidar, sin consenso parlamentario ni consulta específica a los ciudadanos, parte de los bienes y servicios del Estado del Bienestar, para entregarlos en condiciones ventajosas y no siempre claras a empresas privadas, como si el Ejecutivo de turno fuera propietario del Estado y el único actor autorizado para disponer de su patrimonio, que es colectivo; pertenece a todos los ciudadanos y en particular a las clases asalariadas, que han contribuido más que otras a financiarlo con sus impuestos. El Estado del Bienestar también forma parte de la denostada herencia recibida, y el Gobierno lo está dilapidando en beneficio de sus amistades.

Con reformas como la de la ley del aborto, ya retirada, la Ley de Educación y la atención concedida a las pretensiones de la Conferencia Episcopal en la ampliación del patrimonio eclesiástico (inmatriculación de propiedades), el Gobierno ha iniciado la vuelta al Estado paraconfesional, y con las reformas en el ámbito laboral, de la justicia y de orden público, se dirige también hacia un tipo de Estado autoritario, que le es tan grato como necesario para reprimir las protestas sociales que provocan sus antipopulares decisiones. 

Con todo ello, el Gobierno ha logrado abolir títulos enteros de la Constitución, en la que derechos laborales y sociales y derechos civiles fundamentales se han derogado de hecho abusando de un procedimiento de urgencia -el decreto-ley-, con el único respaldo de su partido y sin hallar objeciones por parte del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo. Lo cual no es extraño, ya que, en una tácita pero efectiva remodelación del Estado, el Gobierno está borrando la débil separación de poderes de nuestro débil Estado democrático, al situar personas afines a su ideario en los centros decisorios de instituciones públicas esenciales. De lo que resulta un poder legislativo y un poder judicial demasiado atentos a los deseos de un Ejecutivo omnipresente, que detenta un poder que nunca ha tenido otro gobierno desde la muerte de Franco, y que además extiende su influencia en la sociedad por medio de una extensa red de medios de información públicos y privados y de tramas clientelares por las que reparte prebendas y recaba adhesiones.

El último factor de ilegitimidad del Gobierno, pero no menor en importancia, es la acumulación de casos de corrupción -presuntos, unos, pero ciertos otros, ya juzgados o en proceso de instrucción- en que está inmerso el Partido Popular y la poca disposición a colaborar lealmente con la administración de justicia para lograr su rápido esclarecimiento y la correspondiente sanción de los culpables. Parte de las actividades ilegales han tenido como objetivo obtener financiación de forma irregular y en algunos casos financiar de manera específica campañas electorales, de modo que el Partido Popular ha ganado elecciones concurriendo con una oculta e ilegal ventaja sobre sus competidores.

Por todo lo dicho y porque las deterioradas condiciones de vida y trabajo de millones de personas de este país no pueden esperar ni un día más, es necesario emprender un drástico cambio de orientación política, que sólo puede venir con un adelanto de las elecciones generales y otro gobierno.

http://www.publicoscopia.com/opinion-politica/item/2902-un-gobierno-ilegitimo.html