Bankia y otros esperpentos

Good morning, Spain, que es different

En unos pocos hemos tenido noticia de varios acontecimientos que merecen la calificación de esperpénticos.

El primero es que el Gobierno, en el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pretende limitar a seis meses las investigaciones judiciales, sin aumentar por ello los recursos humanos y materiales de la administración de justicia. Lo cual parece un paso destinado a apuntalar la sensación de impunidad que ya reina entre los miembros menos honrados de la élite política y económica de este país, con la promesa de una justicia aún más laxa. Y esto, a dos días de haber tenido que destituir a Ana Mato, no por su pésima gestión al frente del Ministerio de Sanidad, sino por su implicación en la trama Gurtel, como beneficiaria de las corruptelas de su marido, y de la demorada entrada en la cárcel del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, después de que su caso rodara durante once años por los juzgados.      

El reciente informe de los dos peritos del Banco de España sobre la salida de Bankia a Bolsa con las cuentas falseadas es el tercero de los esperpentos.  Este informe puede aumentar la indignación ciudadana, pero no provocar sorpresa en un caso que ha superado todo lo que era posible imaginar sobre corrupción política y sobre la parálisis o la complacencia de instancias como la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el propio Banco de España, que tenían que haberlo advertido.

La Comisión Nacional de Mercado de Valores ya fracasó en su función en 2001, en el caso Gescartera, el chiringuito financiero de Antonio Camacho, en el que desaparecieron 120 millones de euros de unos 2000 clientes, lo cual llevó aparejada la destitución de su presidenta Pilar Valiente, que llevaba poco más de un año en el cargo.

La tolerancia del Banco de España ante la deriva de Caja Madrid y luego de Bankia es aún más inexplicable, dado que el Gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en un papel más propio de un consejero de la CEOE, ha sido un celoso vigilante de la evolución de los salarios, pues durante años ha estado recomendando moderar los salarios y facilitar el despido para salir de la crisis.        

El caso Bankia, por la variedad de los delitos cometidos, por la magnitud  del descalabro -casi 24.000 millones de euros de dinero público para sanear sus cuentas-, por el abuso de poder, por la suma de incompetencia y afán delictivo  y porque revela una burla de todos los mecanismos de control legales, hubiera bastado por sí sólo para echar abajo un gobierno y provocar una rápida y profunda reforma de los mecanismos legales necesarios para evitar que pueda repetirse. De momento, no hay tal intención.  

Como en otras cosas, en el caso de la crisis económica España también es un caso particular –Spain is different-, porque aquí la recesión provocada por el estallido de la burbuja financiera está asociado al desmesurado desarrollo del sector de la construcción -otro esperpento- y a la especulación inmobiliaria y con ello a la corrupción. En España, la crisis y la corrupción han llegado cogidas de la mano, pues ambas son parte del modelo económico; la crisis es sistémica y la corrupción, también.

Y no parece casual que del mismo modo que han fallado todos los mecanismos previstos para detectar los signos que avisaban del rápido crecimiento de la burbuja inmobiliaria y crediticia, desde los locales, pasando por los autonómicos e insulares, hasta llegar a las instancias centrales, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Ministerio de Hacienda y el Banco de España, pues, del mismo modo han fallado los mecanismos legales que deberían haber avisado de la galopante corrupción, uniendo a los anteriores, la Fiscalía del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Abogacía del Estado y, en última instancia, el Defensor del Pueblo, o mejor dicho, los defensores del Pueblo, porque tenemos diez defensores de rango autonómico más el central, si es que se considera que el Pueblo, es decir, los ciudadanos, merecen ser defendidos de un estado de corrupción general y de un modelo económico que lleva el país a la ruina, teniendo en cuenta que han de ser ellos los que han de pagar las facturas.