Imparable

Good morning, Spain, que es different 

El Gobierno sigue imperturbable el camino hacia su total descrédito y de paso el del régimen político. La cháchara sobre la regeneración y la transparencia es eso, sólo cháchara, anuncios, titulares, maquillaje, cosmética y postureo, porque de las palabras a los hechos va un trecho, que el PP no piensa recorrer. 
Los diputados del Partido Popular se han quedado solos en el Congreso al negarse, una vez más, a crear una comisión de investigación sobre la corrupción. Ni aquí ni en otras latitudes, o mejor dicho, en otras taifas; la corrupción no se investiga y punto; hay que dejar trabajar a los jueces, dicen los jerarcas de Génova, esperando que funcione la telepatía con los que son más afines.
A propósito, el Consejo General del Poder Judicial ha decidido que el juez Ruz tiene hasta el mes de marzo para concluir la instrucción del caso Gurtel. Corto me lo fiáis. Lo cual concuerda con la circense intención del Gobierno -más difícil todavía- de limitar la instrucción de las causas a seis meses, pero sin dotar de más y mejores recursos a la administración de justicia. Y guarden silencio que peligra la vida del artista.
El fiscal Jano -defensor de Cristina de Borbón y acusador de Iñaki Urdangarín- exculpa a la infanta, que se salva de la trena con la devolución de 600.000 euros, y pide 18 años de mako para su marido por diversos delitos en el caso Noos (lo llevéis crudo). Ya veremos cuál es la condena y cuántos años cumple. 
Los diputados del PP han rechazado en el Congreso una moción de Izquierda Plural solicitando al Gobierno nuevas medidas para evitar los desahucios.
El Ministerio del Interior quiere ampliar los supuestos en que la policía puede espiar comunicaciones sin autorización judicial. Cuando gobernaba Felipe González, una presunta irregularidad en las escuchas sirvió para archivar el caso del tesorero del PP, Rosendo Naseiro, que fue el antecedente del caso Bárcenas.
La fiscalía investiga ahora al Ministerio de Industria por perdonar 3.400 millones de euros a las compañías eléctricas. El disparate data de los tiempos de Miguel Sebastián, pero da lo mismo, porque lo van a pagar los consumidores.
El Gobierno ha indemnizado con 3.500 millones de euros a Escal UGS, filial de ACS (Florentino Pérez) por la paralización del proyecto Castor a causa de los movimientos telúricos que provocaba la inyección de gas en su subsuelo. La decisión fue ejecutada con velocidad sospechosa: tan sólo mes y medio después de llegar a un acuerdo y tres meses después de renunciar a la concesión.
Continuará (me temo).