Contra los miserables

Good morning, Spain, que es different

Un grupo de personas que ayer asistía al debate sobre la Ley de Seguridad Ciudadana en el Congreso, fue expulsado del hemiciclo por ponerse a cantar el himno de los pobres "Do you hear the people sing", del musical “Los Miserables”, como protesta contra una ley concebida contra los miserables de la sociedad por los inmisericordes déspotas de la Moncloa.  

Los cantores de la Solfónica, que así se llaman por pertenecer al movimiento del 15-M, que nació en la antigua Puerta del Sol, hoy llamada Vodafon por voluntad de los ediles del partido Gurtel, fueron metafóricamente amordazados al ser conminados a abandonar la tribuna de invitados, mientras los diputados de Izquierda Plural recibían un rapapolvo del presidente de la cámara por lucir una ostensible mordaza. Ambas formas de protesta eran necesarias por lo que representa esta ley.

Con la nueva ley, el Gobierno pretende impedir la protesta ciudadana mediante castigos desproporcionados impuestos sin intervención judicial, pues faltas que antes estaban contempladas en el Código Penal y sujetas, por tanto, a la sanción de los jueces, ahora pueden ser sancionadas con multas de la autoridad gubernativa. Multas, que para las faltas leves están entre los 100 y los 600 euros y para las graves entre los 30.000 y los 600.000 euros. Compárense estas cifras con los salarios, los subsidios de paro, las pensiones o las mínimas ayudas de supervivencia y se verá que son desmesuradas, porque quieren disuadir a las personas damnificadas por las medidas de austeridad de acudir a actos de protesta en lugares públicos y a los partidos y organizaciones de convocarlos.

La ley sanciona protestas simbólicas como escalar monumentos y edificios, y la ocupación de viviendas, inmuebles y lugares públicos, las concentraciones ante las Cortes y las asambleas autonómicas, convierte a la policía en un cuerpo inobjetable y permite la devolución “en caliente” de inmigrantes.

Presentada como necesaria e incluso como vanguardista, parece responder a la demanda de los viejos gobernadores civiles del franquismo, que hoy son los delegados del Gobierno, y de los jefes de la policía ante una situación de desórdenes públicos, que hoy no se da, pero que se puede dar, aunque pretende tener efectos inmediatos al facilitar despidos, huelgas, desahucios, aumentos de explotación laboral, etc, etc sin la resistencia de los afectados ni la solidaridad de las personas y organizaciones afines.

La ley pretende conservar un aparente “orden público” ante las cercanas convocatorias electorales, pero también indica que no se van a corregir las causas de la protesta, sino que, a pesar del discurso triunfalista -la crisis ya es historia, dice Rajoy-, van a continuar las medidas de austeridad selectiva -siempre hacia abajo-, porque, también como dice Rajoy, no nos podemos apartar del camino emprendido, que además viene exigido por los amos de Europa.

Así que esta es una ley de excepción política, pues recorta derechos civiles, que hace de complemento de las anteriores leyes de excepción económicas, que están permitiendo arrebatar las modestas rentas de las clases media y baja para transferirlas a las clases altas, en esta colosal operación de empobrecer a muchos para enriquecer a unos pocos. 

Ni que decir tiene que la ley ha sido aprobada sólo con los votos de los diputados del Partido Popular, que han mostrado una vez más de qué lado están -del lado de los expoliadores-, y en qué se inspiran -en el franquismo y en Le Pen-, cuyas ideas y conductas son cada día más necesarias ante el camino que ha tomado el Gobierno, que es permitir el saqueo del país por propios y extraños, con prisa, sin pausa y, a ser posible, sin resistencia.