Franco y sus restos 2

En respuesta a mis amables cuestionadores voy a intentar explicarme mejor.

La exhumación de los restos de Franco ha vuelto a desatar viejos demonios del país; en unos, más bien de la derecha, por la osadía de sacarlos del Valle de los Caídos; en otros, de la izquierda, por el posible traslado a la catedral de la Almudena. Han vuelto a salir a la palestra el clericalismo y el anticlericalismo, respaldados con opiniones que invitan a la confusión, porque mezclan lo público con lo privado y lo político con lo religioso.

Ya que no ha sido decisión de la familia ni tampoco de la Iglesia sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, entiendo, que el Gobierno asuma la tarea política de adoptar una decisión que llega con retraso, porque los honores al dictador debieron concluir al mismo tiempo que la dictadura; con la restauración del régimen democrático, en el mismo día que la Constitución entró en vigor, porque suponía, en teoría o al menos formalmente, la negación del régimen anterior. No se hizo por razones diversas, pero se debía hacer.

Una vez decidida la exhumación, el destino de los restos corresponde a la familia y a la entidad que quiera aceptarlos, sabiendo lo que públicamente significa esa acogida. La familia compromete a la Conferencia Episcopal porque quiere que la Iglesia ampare al dictador. Y cualquier entidad religiosa quedaría comprometida si los acogiera. Pero la Iglesia debe a Franco la situación de privilegio que disfruta y seguramente atenderá la petición de la familia. Así, pues, ambos quedan comprometidos con un nuevo pacto, que es un remedo de aquel espíritu de cruzada del año 1937. Ellos sabrán.

A partir de aquí, entiendo que acaba la función del Gobierno. Podría ser una cuestión de Estado, apunta Agus Salva. Podría. ¿Pero no se ayuda a la Iglesia con los presupuestos del Estado?, señala, justamente, José Gabriel. Pues, sí, visto así podría ser una cuestión de Estado, pero es mejor que no lo sea, desde el punto de vista de separar la Iglesia y el Estado, que es la gran confusión que hay que deshacer yendo al origen de este embrollo, que es el Acuerdo de enero de 1979 con el Vaticano, que era la actualización del Concordato con Franco, pero adaptado a la nueva situación del país. La Iglesia, al menos la parte más representativa, apoyó la Transición como una reconciliación entre españoles, pero se cuidó muy bien de conservar los privilegios.

Desde el punto de vista de separar lo más posible la Iglesia del Estado, la actividad política de los actos religiosos, los asuntos públicos, que son generales, de las cuestiones de fe, que son particulares, incluso íntimas, entiendo que el Gobierno no debe influir sobre las decisiones de la Curia, pero debe tomar buena nota de ellas, y se cargará de razón para frenar las intenciones de los obispos cuando se entrometan en asuntos políticos, queriendo moldear las leyes civiles con el enfoque de su moral particular.

Creo que en este asunto, como en otros, estamos ante una falsa representación, de lo cual resulta que actuamos normalmente sobre una ficción. España ¿es católica? ¿Representa la Iglesia católica la creencia religiosa de los habitantes de España? ¿De cuántos? Ahí está el quid del asunto. El número de católicos es un misterio, pero el trato que recibe la Iglesia por parte del Estado sigue siendo el mismo que si fuera la religión del país y del Estado. Y eso es lo que se debe corregir. Pero hasta ahora, por razones bastante complejas, no ha habido manera de poner el cascabel al gato.