Aquel error inmenso

Uno de octubre

Se cumple ahora un año de los sucesos que señalaron el máximo grado de estupidez del gobierno central respecto al proceso iniciado por los partidos nacionalistas para alcanzar de forma unilateral la independencia de Cataluña.

El gobierno de Rajoy dio cumplida muestra de no entender lo que tenía delante, que era, en primer lugar, el viejo problema de conjugar la unidad del Estado con la diversidad cultural y la descentralización política y administrativa, y en segundo lugar, y como efecto del primero, el continuo avance de los nacionalistas hacia la meta repetidamente anunciada, que era celebrar un referéndum que respaldara la unilateral legislación del Parlament sobre la fundación de la república catalana, sin encontrar otra respuesta que las suspensiones del Tribunal Constitucional y las advertencias de Rajoy de aplicar la ley, a que estaba obligado.

Un presidente cansado y un gobierno paralizado, que parecían seguir en funciones, no sólo faltos de habilidad para librar la fundamental batalla de las ideas, dejando que los soberanistas construyeran su relato victimista sin hallar refutación alguna, sino también desprovistos de los más instintivos reflejos para responder a un desafío que aumentaba día a día en audacia y determinación, dejaron crecer un movimiento social, que, por suponer una amenaza para la supervivencia del Estado, lo era también para el partido gobernante. En el Partido Popular, con la pasividad de sus dirigentes, parecían apostar por el suicidio como fuerza política.  

El equipo de Rajoy adoptó la cómoda fórmula franquista de que aguantar es vencer -el que resiste, gana-, pero aguantar sin hacer ni decir algo es rendirse, es colocar la pasiva terquedad en lugar de la actividad y de la habilidad.

El Gobierno fue incapaz de elaborar un discurso que neutralizara los mitos nacionalistas; no supo señalar los lazos económicos, financieros, políticos, históricos, culturales y religiosos -también éstos- de Cataluña con el resto de España, ni la similitud de las formas de vida y trabajo, consumo y ocio de los catalanes con los habitantes de otras regiones, ni tampoco los principios políticos generales ni los derechos civiles como horizonte de toda la sociedad española. No supo apuntar las ventajas que para una región desarrollada como Cataluña supone permanecer dentro de España, ni señalar los elevados costes que tendría la independencia no sólo para España sino para la nueva república. El Ejecutivo no sólo era incapaz de ganar adeptos para la causa de la unidad, sino para conservar el respaldo de los catalanes contrarios a la independencia. Pero eso no ha sido sólo culpa de Rajoy, sino de los gobiernos centrales de cualquier signo, lo que explica que, en Cataluña, la minoría independentista hoy ostente la hegemonía política y desde luego la ideológica, a la que se han rendido las fuerzas de la vieja izquierda y ante la que dudan, inquietas e inestables, las de la nueva.

A pesar de estar anunciado con meses de antelación y ser parte de un proceso de desafíos continuos puesto en marcha desde hace años, el Gobierno reaccionó como si se hubiera visto sorprendido por la celebración del referéndum y actuó tarde y con torpeza, con dureza y sin tacto. Falto de información y de preparación, cedió al viejo reflejo autoritario enviando repentinamente una buena proporción de efectivos de la policía nacional, que fueron acuartelados en un buque de recreo pintado con personajes de dibujos animados infantiles -Piolín-, lo que al despropósito de la operación se añadía el escarnio por la falta de tacto de quienes la dirigían.

Así, la intervención de las fuerzas de la policía nacional para intentar impedir que el día 1 de octubre de 2017 se celebrara el referéndum ilegal, que debía ratificar la decisión de la mayoría no cualificada del Parlament, ofreció las imágenes que los impulsores del “procés” necesitaban para mostrar su condición de víctimas de la opresión española. Imágenes que reemplazaron no a mil palabras, sino a los millones de palabras necesarias para explicar lo que realmente sucede en Cataluña desde hace casi una década y que el Gobierno no escribió ni pronunció.

Imágenes bien administradas, que fueron aceptadas sin reserva, engullidas y metabolizadas por la prensa extranjera y por algunos políticos y jueces belgas y alemanes, que les confirmaban un discurso previo, tesoneramente difundido por las “embajadas” de la Generalitat, sobre la opresión de Cataluña por el Estado español, pues parecían mostrar la brutal respuesta de un poder ajeno a Cataluña, de un poder distante -en Madrid, España-, que enviaba sus fuerzas de intervención, fuerzas extranjeras que se superponían a las fuerzas policiales catalanas, para impedir que la ciudadanía catalana ejerciera un derecho legítimo.

Aquel día, el ministro del ramo y la vicepresidenta del Gobierno dieron pruebas de una incompetencia que tardará mucho tiempo en igualarse.