El
gobierno de Quim Torra está, otra vez, al borde de la ruptura –y del ataque de
nervios- por las diferencias entre JuntsxCat y ERC sobre cómo sustituir a los
diputados suspendidos en sus funciones por el juez Llarena.
Después
de tres meses de arbitraria suspensión por la sola voluntad de los
nacionalistas, ayer, Roger Torrent volvió a suspender las sesiones del
Parlament hasta la semana que viene, en la que los nacionalistas esperan haber
encontrado una fórmula para ponerse de acuerdo sobre qué hacer con Puigdemont y
otros 5 diputados independentistas.
Sabido
es que el President Torra, en su calidad de servicial vicario en tierra
catalana del “legítimo” President Puigdemont, fugado y residente en tierra
extraña y sin embargo amiga, no ejerce su cargo para ocuparse de los problemas
de la ciudadanía catalana sino para llevar adelante el insensato proyecto de la
república independiente. República, cuyo futuro depende sobre todo de las
decisiones del Estado español, pero como proyecto verosímil para sus seguidores
depende de la feble alianza de sus promotores -JunsxCat, ERC y la CUP-, cada
día más deteriorada. Que, aparte de las tareas ordinarias de agitación y
propaganda, gran parte de la actividad de la Generalitat y del Parlament se
reduzca a tener en cuenta las opiniones de los políticos presos y de los
políticos fugados, obliga a pensar que el proyecto está embarrancado y que la
Generalitat y los diputados independentistas están cautivos de los presos.
Afortunadamente, esto sucede
antes de que Cataluña pudiera ser imaginada como una república independiente.
Imagínense lo que sucedería a partir del día siguiente de haber alcanzado esa
meta y los promotores tuvieran que repartirse el botín.
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