Sospechosa reforma

Good morning, Spain, que es different


Mira por dónde, nos hemos enterado de que en este país las resoluciones de los tribunales no se cumplen, y no lo ha dicho cualquier indocumentado, sino la vicepresidenta del Gobierno para justificar la intención de convertir de prisa y corriendo el Tribunal Constitucional en un órgano "ejecutor al servicio del Gobierno de la nación, sea de la ideología que sea". Esto lo ha dicho Pascual Sala, ex presidente de dicho Tribunal, que juzga innecesaria esa reforma por la existencia de la ley Orgánica de 1979, que regula al Constitucional, además de lo que contempla el Código Penal sobre el incumplimiento de las resoluciones judiciales.
La Constitución, en el artículo 153, hace depender el control de las comunidades autónomas del Tribunal Constitucional, del Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, y del Tribunal de Cuentas, y el artículo 155 hace referencia a los mecanismos de que dispone el Gobierno en el caso de que "una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan". O sea, un arsenal legislativo que hace innecesaria esa reforma, que se presenta como una maniobra a la desesperada para castigar con rapidez el delito que pueda cometer Artur Mas a la luz de los resultados electorales del día 27. Un disparate, que ratifica la intención del Gobierno de buscar la confrontación con Mas y los independentistas.