La nueva utopía (II)

La Unión Europea forma parte de la utopía neoliberal conservadora, y también España, tanto en la fase de auge económico, que se impulsaba incentivando el consumismo y el crédito barato, como de recesión, cuando se han acentuado los rasgos más antisociales del proyecto con las medidas de austeridad. Pero  España es distinta, “Spain is different” como decía Fraga, y bajo el gobierno de sus herederos la utopía presenta diferencias respecto al entorno europeo, no sólo económicas sino políticas, especialmente agudas en la última legislatura.

La nuestra es una utopía neoliberal impulsada por un gobierno intervencionista y autoritario en grado sumo, que defiende un mercado libre pero controlado en sectores estratégicos por oligopolios privados, protegidos por un Estado opaco y sordo a las demandas ciudadanas, que ofrece el espectáculo de un capitalismo de amigotes y una democracia de parientes y clientes; es un presunto mercado libre con la bendición episcopal, una utopía neoliberal con olor a sacristía y un penetrante tufo a corrupción y saqueo de fondos públicos, que para extenderse necesita acabar con el Estado del Bienestar, con derechos civiles y garantías sociales y con cualquier forma de resistencia o disidencia mediante leyes que son propias de momentos de excepción. Pues la lógica legislativa del Gobierno ha sido acomodar el orden jurídico a las necesidades de la economía, adecuar la acción del Estado a la evolución del Mercado, asumiendo los cambios políticos que precisa el ámbito económico para que el gran capital recupere la tasa de ganancia que había perdido con el estallido de la crisis. En este aspecto, la legislatura ha supuesto una gran transformación del orden constitucional sin haber planteado de forma clara y abierta la reforma de la Constitución. 

Con estos mimbres, para los asalariados y los estratos más bajos de la clase media, para los trabajadores y las clases subalternas, el balance de la última legislatura es terrorífico, tanto por la pérdida de poder adquisitivo, el deterioro de las condiciones laborales y la pérdida de garantías sociales por el ataque al Estado del Bienestar, una pieza denostada por los neoliberales, porque otorga derechos a todos y protege a los más débiles, y una pieza codiciada por el capital privado porque atesora cerca del 33% del PIB.

El destrozo    

El balance de la legislatura es pavoroso. España no se ha recuperado de la peor recesión económica desde la muerte de Franco, porque España no es el Ibex 35 y los beneficios de las grandes empresas y las grandes cifras manejadas por el Gobierno no pueden ocultar que la recuperación, que ha perdido fuerza a finales de 2015, no alcanza las cifras previas a la crisis, ni pueden escamotear los dramas cotidianos de millones de personas

La legislatura ha concluido con 625.000 parados más de los que dejó Zapatero. Tras haber llegado al 27% de la población activa en abril de 2013, la tasa de paro se ha reducido hasta el 21%, pero aún dobla la tasa europea (10,5%), y deja 2,5 millones de parados de larga duración, 3,5 millones de parados sin subsidio, 866.000 jóvenes menos trabajando y más de 300.000 obligados a emigrar; el 66% del empleo creado en 2015 es temporal (el 25% de los contratos dura menos de una semana) y las condiciones del empleo las fijan las empresas de modo unilateral. Como consecuencia se ha alargado la jornada laboral y han aumentado las horas extraordinarias no pagadas, que en 2015 llegaron a un promedio semanal de 3,5 millones de horas trabajadas y no retribuidas.

A pesar de haber subido los impuestos generales (las grandes empresas pagan menos, tributan al 7% y las multinacionales al 3%), tenemos menos sanidad pública, y más privada (peor y más cara), peor enseñanza primaria, secundaria y universitaria, menos inversión en innovación e investigación, peor atención a los dependientes y a las personas más necesitadas de apoyo social, y una merma del 52% en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Cuando Rajoy llegó a la Moncloa, el fondo tenía 66.815 millones de euros, al acabar 2015, contaba con 32.481 millones (34.334 millones de euros menos). Pero, aun así, todo eso no ha servido para cumplir el objetivo de reducir la deuda pública, ni tampoco el déficit, a pesar de las trampas en las cuentas, pues la Unión Europea exige subsanar un desfase de 13.000 millones de euros en los presupuestos, que habrá que sacar de algún lado.

Durante el mandato Rajoy la deuda pública ha superado en 326.000 millones de euros la que dejó Zapatero, y con 1,069 billones de euros llega al 98,8% del PIB. Es la deuda pública más alta en un siglo, un dato digno de la “Marca España”. Cinco millones de personas padecen pobreza energética, cuatro millones de empleados ganan menos de 1.000 euros al mes, 1.700.000 hogares carecen de ingresos y 250.000 dependientes esperan ser atendidos. Casi 12 millones de personas están afectadas por la exclusión, el poder adquisitivo de los salarios ha bajado un 22% desde 2008, pero en contraste el 10% de las personas más ricas acumula el 43% de la riqueza nacional. Según un estudio de la OCDE, la crisis ha generado en España un 40% más de ricos, una de las tasas más altas del mundo, con lo cual el autoritario Gobierno de Rajoy se sitúa en buena posición en la tendencia internacional de concentrar la riqueza mundial en pocas manos, que es la meta de la utopía neoliberal.

Por cómo ha dado forma jurídica a esta contrarreforma, el mandato de Rajoy ha sido uno de los más autoritarios y menos democráticos, pues ostenta la triste marca de haber rechazado 105 comparecencias en el Congreso y abusar de un procedimiento legislativo de urgencia, con 73 decretos leyes sobre 143 proyectos de ley presentados en el Congreso hasta el pasado mes de agosto.

Rajoy se dejó varias controvertidas leyes en el último tramo de su mandato: la “ley mordaza” (Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana), que restringe derechos civiles fundamentales y otorga a las fuerzas de seguridad del Estado unos poderes tan discrecionales que son inauditos en un régimen democrático; una nueva e innecesaria Ley de Seguridad Nacional, que lo mismo sirve para un roto que para un descosido; la Ley de Enjuiciamiento Criminal, rechazada por todos los sectores de la administración de justicia, pues, para algunos juristas persigue la impunidad de los grandes casos de corrupción, al reducir los plazos de instrucción de los sumarios. Finalmente, el Gobierno, un mes antes disolver las Cortes, presentó, por el trámite de urgencia y sin debate ni consenso, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Ley Orgánica, 15/21015) para poder suspender en sus funciones al Presidente de la Generalitat, si llega el caso.

La horrenda gestión del Partido Popular, facilitada por el abuso de la mayoría absoluta y el desprecio de los procedimientos democráticos, deja la suficiente experiencia negativa y el incentivo para actuar, no sólo para desalojarle del poder cuanto antes sino para acometer una serie de reformas institucionales, que el país está precisando con urgencia, y corregir en el tiempo más breve posible los efectos de sus desmanes. 

  

Final

Por el empeoramiento de las condiciones laborales y de vida, el alarmante aumento de la desigualdad, el deterioro de las instituciones, la magnitud de la corrupción (y la impunidad de los corruptos) y, claro está, por la indignación ciudadana, están dadas varias de las condiciones precisas para empezar a poner término a la España disuasoria, a la madrastra que maltrata a sus hijos, genera desapego en muchos ciudadanos y un afecto interesado en los privilegiados, y para tratar de corregir nuestra ancestral aversión al diálogo y la perpetua afición al estropicio, que han sido ocupaciones preferentes en los dos últimos siglos.

Un gobierno de izquierdas en España podría contribuir a cambiar la correlación de fuerzas en Europa en favor de las corrientes contrarias a la utopía neoliberal, pero para que tales expectativas empiecen a ser viables, el Partido Popular, el partido de la crispación, de la privatización, de la opacidad y de la corrupción no puede volver a gobernar.

En este momento, el dilema es el siguiente: o España o el Partido Popular, o se atienden los intereses de las minorías económica y políticamente mejor situadas, defendidas por Rajoy, o prevalecen las necesidades del resto del país. Este es el drama.