Piel fina

Good morning, Spain, que es different

Los dirigentes del Partido Popular tienen la cara dura pero la piel fina. Les ha molestado que, en el debate cara a cara, Pedro Sánchez acusara a Mariano Rajoy de ser una persona indecente. Para Dolores de Cospedal, Sáchez actuó con chulería y según la vicepresidenta tuvo una actitud camorrista.

Reclaman para Rajoy un trato que ellos no han dispensado a sus rivales y mucho menos al PSOE. Olvidan ambas deliberadamente la actitud de todo su partido durante la etapa que llamaron “oposición patriótica”, para desgastar a Zapatero y provocar un adelanto electoral, que consistía en insultarle cada semana, y en armar escándalo por cualquier motivo para impedir la actividad parlamentaria. Con mucho tesón pusieron en marcha un modelo de crispación populista en las cámaras, que merece calificarse de filibustero, combinado con la convocatoria de manifestaciones en la calle donde grupos de energúmenos insultaban al Gobierno. Así que de respeto, poco; y de cortesía parlamentaria, ninguna.

Después de Felipe González, Zapatero pasará a la historia como el Presidente del Gobierno más insultado de la etapa democrática, pues ni Mariano Rajoy ni otros “oradores” de la oposición escatimaron improperios para dirigirse a él: bobo solemne, perfecto imbécil, irresponsable, inexperto, grotesco, antojadizo, débil, frívolo, inconsecuente, incompetente, indigno, cobarde sin límites, incapaz, impreciso, acomplejado, veleidoso, ambiguo, inestable, insolvente, radical, confuso, perdedor, hooligan, maniobrero, taimado, chalanero, chisgarabís y sectario, entre otros. En ocasiones, la vicepresidenta Fernández de la Vega fue recibida en el Congreso con insultos como hija de puta y anoréxica.

Pero el quid de la cuestión no está en la forma, en si “indecente” es una palabra ofensiva para aludir de forma adecuada a una persona que convive y tolera la corrupción en su partido y en el Estado, y sobre la que recaen sospecha de que se beneficia de ella, sino en el fondo: que en un partido que ha dispuesto de un poder como ningún otro hasta ahora, la corrupción llega hasta sus cargos más altos y mancilla el Gobierno de España, de esa España que les preocupa tanto, pero que no han dudado en saquear de forma legal o ilegal.

Hace unos días, en la jornada de puertas abiertas del Congreso, Celia Villalobos rechazó agriamente una crítica de Pablo Iglesias con estas palabras: “Me fastidia que digas que mi partido es corrupto (…) mi partido es muy grande, tiene cientos de militantes, de cargos, y la mayoría somos personas honestas”. Puede ser cierto, pero eso no quita que en el partido de Villalobos, de Rajoy, de Cospedal y de Santamaría haya demasiadas personas poco honestas y otras tantas con la moral muy laxa y la mano muy larga.

Si hacemos un poco de memoria y repasamos las hemerotecas, tendremos como casos más recientes de esas actividades a los últimos comisionistas, De Arístegui y Gómez de la Serna, que se suman a Federico Trillo y Martínez Pujalte, los abultados gastos de representación de Ignacio Villa como director de la televisión manchega y los de Miguel Platón y Álvaro Renedo en Telemadrid, los favores del presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat a empresas de amigos y familiares, la venta de viviendas sociales del IVIMA a fondos buitre con una rebaja del 30% de su valor y lo que sale cada día de ese pozo sin fondo, fruto de la megalomanía de Esperanza Aguirre, que es la Ciudad de la Justicia, que lleva gastados más de cien millones de euros y sólo se ha construido un edificio, sin uso, de los catorce que tiene un proyecto de 1.230 millones de euros.

Pero la lista de los casos de corrupción, es más larga; recordemos: Rodrigo Rato (Bankia), Carlos Fabra (fitosanitarios Vilar), Jaume Matas (Palma Arena), Gabriel Cañellas (Túnel de Sóller), Josep Juan Cardona, Antonia Ordinas y Felipe Ferré (Operación Scala), Francisco Gilet (caso Calviá), Eugenio Hidalgo y Jaume Massot (Caso Andratx), Gabriel Cardona y Antonia Gener (caso Xoriguer), Rafael Betoret (Orengae Market-Gurtel), Juan Cotino (Gurtel-RTVV), José Joaquín Ripoll, (caso Brugal), Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi (PGOU Alicante), Enrique Crespo y Esteban Cuesta (Caso Emarsa, Valencia), Francisco Blaya y Domingo Valera (Caso Mazarrón), Josefa Marín (Caso Torre Pacheco), Francisco Granados (Operación Púnica, una trama de tramas), José Luis Baltar, “el cacique bueno”, (empleos, Orense), Alberto López Viejo (Guateque, Gurtel), Arturo González Panero (Gurtel), José Martínez García, Pedro Martínez Muñoz y Francisco Navarro (Caso Biblioteca, Librilla), Ricardo Romero de Tejada (tamayazo, tarjetas black de Bankia), Rafael Blasco (Cooperación), José Luis Olivas (Bancaja, Banco de Valencia, Bankia), Francisco González (caso Góndola, Mogán), Carmen Castellano (caso Faycan, Telde), Francisco Marqués y José López (La Zerrichera, Águilas), Pilar Barreiro y Antonio Cerdá (Caso Nova Cartago, Murcia), Juan Morales (Caso Totem, Totana), Javier Montoro (Caso móviles, Torrevieja), Francisco Gosálvez y Damiá Amengual (Caso Turismo Joven, Palma), Milagrosa Martínez, Rafael Betoret (Caso FITUR, Valencia) o el caso Pokémon, donde hay implicados del Partido Popular pero también del PSOE.

Otros casos están en período de instrucción, de otros nunca más se supo, como el del avión Yak-42, que se estrelló en Turquía con 62 militares españoles a bordo, que fue fletado a empresas que trabajaban con subcontratas para la OTAN. Otros, sobreseídos y resucitados, como el caso de la Gestapillo (la red interna de vigilancia del PP en Madrid), o prescritos, dada la lentitud de la justicia y la poca predisposición del Partido Popular a facilitar la labor de los jueces. Un caso famoso de dilación (y obstrucción), durante quince años, fue el de la privatización, por el equipo de Álvarez del Manzano, de la funeraria de Madrid en 1992, por un importe de 100 pesetas (0,60 euros de hoy), cuyo valor real era de 1.236 millones de pesetas (en 2011 el capital social de Funespan, la empresa beneficiaria, era 4.293 millones de euros). Un caso que ya anticipaba lo que habría de venir.

Los casos, evidentemente, no son semejantes ni en la calidad y cantidad de los imputados, ni en la tipificación de los delitos, ni en la magnitud de lo evadido, defraudado o despilfarrado. Hay casos locales y casos provinciales, y casos que son tramas de tramas, como Gurtel, de Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, o la Operación Púnica, cuyo principal implicado es Francisco Granados, redes que se extienden por varias comunidades autónomas, con decenas de implicados, y que se dividen en varias piezas para poder ser instruidos, dado su volumen.    

Los casos están rodeados por una orla de implicados, no siempre imputados y condenados, pero sí beneficiados por sus efectos, que componen las redes de clientelismo, que son características de la forma de gobernar del Partido Popular y de la laxa conciencia de sus dirigentes.

Y ante todo esto, la dirección del Partido Popular no puede alegar ignorancia ni el Gobierno afirmar con seriedad que se trata de casos aislados o de errores al designar a las personas para ejercer cargos de la máxima representación en el partido y en las instituciones del Estado. No mientras existan sospechas sobre la presunta financiación ilegal del partido, efectuada de manera centralizada, y contabilizada por los tesoreros, desde Rosendo Naseiro a Luis Bárcenas.

No mientras pesen sobre miembros del Gobierno, de la dirección del Partido y sobre el propio Jefe del Ejecutivo sospechas de haber incurrido en delito fiscal al haber percibido, presuntamente, complementos de sueldo, en sobres al margen de la nómina, facilitados por el senador y tesorero Luis Bárcenas.

A la vista de lo dicho, Pedro Sánchez se quedó corto.