Los que no han votado

Good morning, Spain, que es different 

No han votado porque no han podido hacerlo y son muchos, exactamente 1.726.423 personas residentes fuera de España, que no han logrado superar los trámites para votar antes del día 15 de diciembre, que era el último día hábil para enviar sus papeletas.

Son los ciudadanos privados del derecho al sufragio, en virtud del laberíntico procedimiento establecido para ejercerlo desde el extranjero llamado voto rogado, por el cual los ciudadanos que desean emitir su voto deben inscribirse previamente en un censo y rogar (al cielo) que les sea concedido un derecho que asiste a los ciudadanos residentes en España sin necesidad de solicitarlo. Y en ausencia de una autoridad con competencias para ello, es el cielo, es decir el conjunto de circunstanciales efectos de la burocracia administrativa propia y ajena y de la carencia de medios de muchos lugares del ancho mundo, el que decide sobre si accede o no accede a lo que demanda el rogante.

Que el único medio que tienen los ciudadanos para elegir a sus representantes y, a través de ellos, participar en las decisiones que afectan a la marcha del país, y en consecuencia, a su propia vida, quede en manos del albur o de la fatalidad, es un resabio de la dictadura, una expresión legal de una noción autoritaria del poder, por la cual, quien gobierna, en un acto de magnanimidad, concede, sólo a quien lo solicita y por una sola vez, el derecho a votar, si el ruego se efectúa en el tiempo y la forma establecidos por la ley, naturalmente.

Con tal procedimiento, los españoles residentes en el extranjero quedan  automáticamente degradados, pues pasan de la condición de ciudadanos que deben exigir, a la de súbditos que deben rogar el ejercicio de un derecho, que es, además, el fundamento de la democracia.    

El despropósito que dificulta ejercer un derecho civil fundamental, fue una de las infaustas ocurrencias de Zapatero, una ley aprobada en enero de 2011, con los votos del PSOE, el PP y CiU, que ha tenido unos efectos nefastos.

En las elecciones andaluzas de marzo de 2015, el voto de los residentes en el extranjero no llegó al 5%, cuando en las de 2008, antes de la famosa ley, había sido del 32%. Similar porcentaje -4,95%- se registró en las elecciones generales de 2011, frente al 31,7% de participación en las de 2008. En los comicios del próximo domingo ha aumentado la participación, pero aun así sólo ha podido votar el 7,97% de los residentes en el exterior.   

Pero la aparente estulticia, no puede disipar la sospecha de que se trata de una treta legal para prescindir de votantes molestos, de suprimir voces disidentes con un voto crítico y disfuncional.

Cuando, debido a la crisis, miles de personas, en su mayoría jóvenes, se ven obligadas a buscar en el extranjero las oportunidades laborales que aquí se les niegan, reciben en pago la consideración de ciudadanos de segunda con una ley que, al obligarles a rogar el voto, les impone un procedimiento que no es el general para ejercer los mismos derechos que el resto del cuerpo electoral, lo cual les convierte, además de en exiliados laborales, en exiliados políticos contra su voluntad.

Los mentores de la ley parece que la elaboraron inspirados en la letra de un bolero que dice que la distancia es el olvido. Puede que fuera esa la intención de los que se quedaban, pero no de los que se veían obligados a distanciarse de España, que es muy posible que no olvidasen el agravio recibido, que se suma a ese sentimiento, incomprensible para los dos grandes partidos, que se llama desafección ciudadana y que lleva todas las trazas de acabar con su reinado.