Instituciones deslegitimadas

6. Unas instituciones deslegitimadas

En relación con lo anterior, asistimos a las exequias de lo que se llamó el espíritu de la transición, que se manifiesta, además de, en la poco ejemplar conducta de la llamada clase política, en las carencias y disfunciones de las instituciones democráticas. 

Es harto preocupante constatar la obsolescencia y la esclerosis de las instituciones surgidas tras el ocaso de la dictadura, cuyo funcionamiento es renqueante a los ojos de los ciudadanos, que han comprobado, en primer lugar, que, desde el punto de vista práctico, no sirven para defenderles como trabajadores, de las embestidas de la clase patronal, y como consumidores de los cotidianos abusos de los bancos, los oligopolios y grandes compañías de las que son rehenes, y que, en segundo lugar, están sometidas a mañas y deformidades derivadas de intereses corporativos, de la lucha partidista y de la corrupción. No sorprende, pues, la mala imagen pública del Tribunal Supremo, del Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, del Congreso y del Senado, de la administración central y autonómica o las entidades encargadas de controlar el gasto público, que han sido un juguete en manos de los grandes partidos, en particular del Partido Popular, que las ha manipulado por simple oportunismo político. Si quienes deben más lealtad a las instituciones se han encargado de deslegitimarlas, la llamada desafección de los ciudadanos está plenamente explicada.

Si a eso añadimos la incapacidad, como poco, o la complicidad, del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Ministerio de Hacienda y las consejerías autonómicas homólogas, así como de los llamados órganos reguladores, para controlar el desmesurado desarrollo del sector financiero, el arriesgado aumento del crédito y el crecimiento de la burbuja inmobiliaria, y si además sumamos el desprestigio de los partidos políticos, del parlamento, de la judicatura, de la Iglesia y de la monarquía, habrá que concluir que el régimen político surgido tras la dictadura está seriamente averiado, y que la transición está agotada en sus fuerzas pero inconclusa en sus metas, que eran instaurar una democracia avanzada y un Estado social y democrático de Derecho, que propugnase como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, como recoge la Constitución. Pero no se han cultivado las virtudes cívicas necesarias ni se han efectuado las reformas para avanzar en tal sentido, sino que hemos retrocedido respecto a aquellas metas y con un régimen “canovista” restaurado de hecho, se perciben alarmantes intentos de restaurar un pasado impresentable.

Fragmento del artículo "Érase un país desorientado", Trasversales nº 27, octubre, 2012.