Para entender lo ocurrido en Cataluña no basta
con fijarse, claro está, en los sucesos, en particular en los más recientes o
en los acaecidos en los dos últimos años, bajo la presidencia de Puigdemont, que siendo importantes representan sólo la culminación de un proceso largo en
el tiempo.
Uno de los factores que ayudan a explicar mejor
lo ocurrido es la dilatada permanencia del principal partido de la derecha
catalanista al frente de la Generalitat.
Jordi Pujol (CiU) fue presidente de la
Generalitat desde 1980 hasta 2003. Pascual Maragall (PSC) presidió el Gobierno
tripartido (PSC, ERC, ICV-EUiA) entre 2003 y 2006, año en que fue relevado por
José Montilla (PSC), que permaneció hasta 2010, cuando CiU recuperó el Govern
con Artur Mas, que se mantuvo hasta 2016, relevado por Carles Puigdemont.
Es decir, de los 37 años transcurridos entre
1980 y 2017, la derecha hegemónica ha gobernado 30 años; sólo ha dejado de
gobernar durante los siete años del Govern Tripartit, que estuvo sometido a la
presión nacionalista de ERC desde dentro y de CiU desde fuera.
Esta prolongada estancia en las instituciones
ha permitido planificar la política a largo plazo, y una de las orientaciones
más persistentes ha sido ir dando forma a la sociedad catalana según el ideario
nacionalista a través de la enseñanza y del control de los medios de
información públicos pero también privados, hasta configurar un régimen de
propaganda que en los últimos años ha condenado al silencio cualquier opinión
discrepante y ha hecho del nacionalismo el único pensamiento culturalmente
posible y el único sentimiento de lealtad política públicamente aceptable.
La persistencia de esta presión a lo largo del
tiempo explica en buena parte el aumento de la desafección hacia España. En
1997, el 11% de los ciudadanos catalanes se sentía sólo miembro de su comunidad
autónoma. En 2007 este sentir había subido al 17,5%, y un 21% era favorable a
reconocer la posibilidad de ser un país independiente. En septiembre del 2015,
el sentimiento de pertenencia exclusiva era del 22% y un 46% estaba defendía la
posibilidad de que Cataluña fuera un país aparte. En las elecciones llamadas
“plebiscitarias” (27/9/2015), los partidos independentistas obtuvieron el 48%
de los votos válidos.
Premiados por la ley electoral con una
desproporcionada representación parlamentaria, los partidos nacionalistas han
mantenido, por un lado, el doble juego de “apoyo al gobierno y distancia al
Estado”, es decir, ofrecer un apoyo condicionado al Gobierno central, fuere del
PSOE o del PP, y al mismo tiempo guardar distancia respecto al Estado español;
una distancia más aparente que real, pues las instituciones políticas catalanas
forman parte de él, pero el ardid ha dado como resultado que muchos catalanes
estimen la Generalitat como una institución propia, opuesta al (oprobioso)
Estado español.
Por otro lado, han mantenido
un oportuno victimismo, que ha sido el pretexto para tensar siempre la cuerda
con nuevas e insaciables demandas, hasta hoy, en que parece que se han acabado,
porque han decidido tomar por su cuenta lo que creen que les pertenece.
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