Good morning, Spain, que es different
Aliviar
de inmediato el sufrimiento cotidiano de millones de personas y sacar el país
del pozo de desigualdad y confusión en que se halla deben ser tareas
prioritarias para un gobierno que se declare no sólo de izquierda o
progresista, sino únicamente seguidor de los derechos humanos. Pero satisfacer
de modo duradero las necesidades de tanta gente cansada, hastiada y
empobrecida, y dotarla de expectativas de vida no es posible sin acometer
profundas reformas políticas, porque su penosa situación es un efecto de su
escaso peso político en un sistema de representación institucional inclinado,
por carencias de origen y por vicios de uso, hacia el lado de las clases
propietarias, en particular hacia la gran propiedad.
El
desigual reparto de la riqueza nacional, el diferente trato salarial,
institucional o fiscal que reciben del Estado ciudadanos del mismo país, es
decir, con los mismos derechos, no es un resultado aleatorio de la economía de
mercado ni una consecuencia de la fatalidad, sino un efecto de una
configuración del poder institucional (y extrainstitucional) en la que
predomina la asimetría a favor de las clases altas, y en particular, de sus
estratos más altos. Los estratos medio e inferior de la clase media han sufrido
una importante merma en sus rentas, los asalariados han perdido capacidad
adquisitiva y los pobres son cada día más pobres no porque los miembros de
estas clases sociales carezcan de méritos o de ganas de salir una situación
precaria o de la pobreza, como aducen quienes justifican su despojo o abandono,
sino porque, ante el poder público (léase lo de público con todas las
reservas), sus necesidades han perdido relevancia frente a los grupos sociales
más ricos, que exigen -y consiguen- que el Estado dedique casi exclusivamente
su atención y sus recursos a proteger sus intereses.
Los
asalariados y los pobres no tienen menos capacidades naturales ni menos ganas
de trabajar que los ricos, sino menos poder político. Por ello es necesaria una
renovación democrática, pues la recuperación económica es excluyente. Y en caso
de concluirse con éxito, ad calendas
graecas, puede traer un aumento de la producción, del PIB, de la renta
nacional, pero sin una profunda reforma democrática y, por tanto laboral y fiscal
(igualdad de cargas y derechos), que aumente el poder de las clases populares,
no existe garantía alguna de que la riqueza producida se reparta mejor que
ahora.
Si
mantiene este camino, la recuperación económica hará crecer la brecha entre las
rentas de los más ricos y los más pobres, así que la renovación democrática no
es sólo una exigencia para mejorar el enrarecido ambiente político y la gestión
administrativa, que sería adelantos respecto a lo que hay, sino una condición
para dotar de mayor poder político a los ciudadanos y corregir la tendencia a
aumentar la desigualdad. Es más, la recuperación económica y la regeneración
democrática están impulsadas por tendencias contrarias, pues mientras la
recuperación económica, tal como va, tiene como objetivo prioritario aumentar
el beneficio empresarial (aumentar el empleo o los salarios son efectos
secundarios), la regeneración democrática, a través de la equidad fiscal, busca
recuperar el bienestar y la seguridad que la mayoría de la población ha
perdido.
Pero
no hay correcciones igualitarias ni reformas sociales que no cuesten dinero,
que se debe pedir a quien lo tiene y más provecho ha obtenido con este estado
de cosas, y especialmente a quién más tiene, algo inédito en este país. Este es
el momento de recordar a los que alardean de patriotas, que el mejor
patriotismo no se demuestra llevando el dinero a Suiza, a Andorra o a las islas
Caimán, sino dejándolo en la patria y pagando impuestos, que, por cierto, para
los ricos son escandalosamente bajos. Por ello, para convencer a los patriotas
tercos, hay que luchar, de verdad, contra el fraude fiscal y la corrupción,
como formas aceleradas e ilícitas de enajenar patrimonio nacional y transferir
rentas desde las clases asalariadas a las clases altas, y proponer un reparto
más equitativo de las cargas fiscales, que ahora recaen excesivamente en las
rentas del trabajo y muy poco en las rentas del capital y las grandes fortunas.
La
reforma fiscal directamente proporcional a las rentas percibidas debería ser
sólo la primera de una serie de medidas tendentes a equilibrar las cargas y las
ventajas, tan desigualmente repartidas, que conlleva vivir en esta sociedad y
establecer iguales oportunidades de educación y empleo, de derechos y de vida,
para acabar con los privilegios por el origen social, de clase, y por la
función desempeñada, de “casta”.
(Marzo
2015).
Perdidos. España sin pulso y
sin rumbo. Epílogo.
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