El
historial de irregularidades de Esperanza Aguirre es largo. En 1992, era concejala de Medio Ambiente
y tercera teniente de Alcalde, cuando el Ayuntamiento de Madrid,
presidido por José María Álvarez del Manzano privatizó el 49% del capital de
la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid y lo entregó a
Funespaña por el importe de 60 céntimos de euro (100 pesetas de
entonces). El asesor del Ayuntamiento en el proceso era Juan Ignacio
Rodrigo, quien poco después de la privatización accedió a la presidencia
de Funespaña siendo uno de sus principales accionistas.
El alcalde vetó
entonces una investigación sobre el caso, solicitada por Izquierda Unida, que presentó
una denuncia ante el Fiscal Anticorrupción. Sólo 17 años después -la
injusticia es lenta- el Tribunal Supremo condenó al exconcejal Luis
María Huete (ya retirado) a 2 años de inhabilitación por irregularidades
en la privatización y a Juan Ignacio Rodrigo, ex miembro del Consejo de
Administración de la Empresa municipal y presidente de Funespaña, a
pagar una multa de 3,7 millones de euros a por tráfico de influencias y
complicidad en un delito de prevaricación. El capital social de
Funespaña es de 4.295 euros y está totalmente suscrito y
desembolsado.
Era sólo el principio de todo lo que habría de llegar.
http://www.nuevatribuna.es/opinion/oscar-iglesias/esperanza-aguirre-y-mochila-corruptos-mentiras-y-enganos/20141109181800109049.html
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