¿Hasta el final?

Good morning, Spain, que es different

En medio del tan cacareado como increíble proceso de regeneración de la vida política acometido por el Partido Popular, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se despachó ayer a gusto, en el Congreso, contra el expresident Jordi Pujol, al que estimó presuntamente culpable de varios delitos. No ofreció información sustancial sobre este asunto ni despejó las muchas incógnitas que lo rodean, pero aseguró que llegaría administrativa y judicialmente hasta el final.

A ver si es cierto, y no sólo en este caso sino en todos los demás y sobre todo en los que afectan a su partido, que no son pocos ni pequeños, pues esa sería la prueba del algodón de su sobrevenida voluntad regeneracionista.

No hace falta irse muy atrás para toparse con la amnistía fiscal del propio Montoro, en 2012, y con las trabas a la investigación del caso Gurtel y las cuentas del tesorero (y senador, no se olvide) Luís Bárcenas, que incluyen la dilación, la destrucción de pruebas y la instrumentalización de la administración de justicia. Y basta recordar el carpetazo que se dio a la investigación del accidente de metro de Valencia, acaecido en julio de 2006, que provocó 43 muertos y 47 heridos, aprovechando la inminente llegada del Papa, que sepultó la noticia, la obstrucción del ministerio de Defensa, en tiempos de Federico Trillo, a la investigación del accidente del Yak-42, en Turquía (mayo, 2003), que causó la muerte a 62 militares españoles, o el cierre apresurado de la comisión que investigaba el “tamayazo”, o soborno de dos diputados socialistas, cuya deserción facilitó, en 2003, el acceso de Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid, entre otros casos, en los que el Partido Popular ha dejado clara su preferencia por la opacidad.

De modo muy discreto (El País, 25-4-2014), la pasada primavera Dolores de Cospedal, siempre a la vanguardia del oscurantismo administrativo, decidió suprimir el tribunal de cuentas manchego. Con el voto de 25 diputados propios contra el de los 23 del PSOE, Cospedal suprimió el Sindicato de Cuentas con la explicación de que permitirá “ahorrar 1,6 millones de euros anuales, evitar los gastos excesivos y duplicidades de una administración opaca, que exigía trámites innecesarios”.

Quizá se ahorre dinero pero no se ganará en transparencia, sino al contrario.

Con esta maniobra, Cospedal ha logrado que ninguna institución externa pueda auditar las cuentas del gobierno manchego hasta después de las elecciones de 2015. Con lo cual, de momento echa tierra sobre la presunta financiación irregular de la campaña electoral de 2007, con una aportación de 200.000 euros procedente de las donaciones de una conocida empresa constructora. Sobre Cospedal también pesa la acusación de Bárcenas de haberle entregado “con su propia mano” dos sobres conteniendo 7.500 euros cada uno.

A ver si en todo esto, el ministro de Hacienda, también llega hasta el final.

2-9-2014