Banca y catalana

Good morning, Spain, que es different (And Catalonia, que también tiene lo suyo)

Mientras se investiga el origen de la misteriosa herencia que el agente de la Bolsa de Barcelona, Florenci Pujol, dejó a su hijo Jordi en calidad de único heredero, conviene volver la vista atrás, hacia el origen de este asunto.

En 1958, Jordi Pujol, junto con su cuñado Francesc Cabana y algunos amigos, compró, con ayuda financiera de su padre, la Banca Dorca, una pequeña  entidad bancaria de Olot, con nueve empleados y un capital desembolsado de apenas dos millones de pesetas, que transformó en Banca Catalana. No era mucho, pero servía al propósito de Pujol de contar con un banco catalán: "Sin banca, un país no tiene posibilidad de crear grandes empresas. Cataluña vivirá a precario mientras no resuelva este problema". Hacer de banquero, profesión para la que no se reconocía dotado, era para Pujol un acto de servicio a Cataluña.

Trasladada a Barcelona, Banca Catalana empezó a crecer aprovechando el desarrollo de los años sesenta y las simpatías suscitadas entre la industria regional y la burguesía catalanista, y en los años setenta inauguró una sede en Madrid. Presidida por un gran tapiz, creo que de Guinovart, que con cierta abstracción representaba la bandera catalana, era una oficina moderna, enclavada en la calle Ortega y Gasset, en una de las zonas pijas de la capital.

Banca Catalana creció de modo apresurado y poco claro, lo que condujo a la suspensión de pagos en 1982. Lo hizo como otras entidades bancarias de entonces, que pagaron sus audacias durante la crisis financiera de finales de los setenta y mediados de los ochenta, que se llevó por delante a medio centenar de ellas, con un coste para el erario público de más de un billón y medio de pesetas.

El oneroso problema económico quedó resuelto cuando Banca Catalana fue intervenida por el Estado y saneada por el Fondo de Garantía de Depósitos con casi 300.000 millones de pesetas, acabando finalmente en manos privadas, cuando el Banco de Vizcaya se hizo con la mayoría de las acciones, pero el problema político era más difícil de resolver, pues los nacionalistas catalanes tomaron el posible procesamiento de Jordi Pujol y de los otros 17 consejeros, como un ataque a Cataluña.

Corría el año 1984 y el Gobierno de Felipe González estimaba que había que dar una respuesta ejemplar, pues la opinión pública estaba caldeada con la reciente expropiación de los bancos y empresas de RUMASA, en febrero de 1983, que había costado al Estado la friolera cantidad de 800.000 millones de pesetas, así que, pese a la bronca con CiU, el caso se dejó en manos de la justicia.

Los fiscales estimaron que los consejeros de Banca Catalana habían incurrido, al menos, en un delito de apropiación indebida, pero la Audiencia de Barcelona no procesó a Jordi Pujol por falta de pruebas, aunque mantuvo los cargos para el resto de los consejeros. Finalmente, el mismo tribunal archivó el caso por el mismo motivo y todos quedaron libres. El Estado pagó, pero no hubo delito. Hasta la confesión de Pujol.