¿Quién lo paga?

Diada 2018

Y esto, ¿quién lo paga? Era una pregunta típica de Jordi Pujol ante cualquier evento que supusiera un gasto que le parecía excesivo. La pregunta, siempre oportuna en un servidor público, le acreditaba como un gobernante preocupado por el gasto bajo su control, lo cual ratificaba el tópico que ha acompañado hasta hace poco a los catalanes como gente prudente y con una habitual perspectiva económica en los asuntos cotidianos, a veces excesiva, lo que también les ha dado fama de tacaños. Aunque, después de lo que se ha visto y oído sobre las cuentas de la familia Pujol y las de la Generalitat, quizá la pregunta tuviera que ver, también, con la correspondiente “tasa condal” del 3%. Cualquiera sabe.

Pero, en el día de hoy, esta pregunta retórica acerca del coste no se refiere tanto al presupuesto de gastos necesario para celebrar con toda solemnidad el acto, como al objetivo político que lo sustenta, que es la independencia. La Diada, perdido hace años el tono de fiesta común de todos los catalanes, refuerza este año el carácter independentista, no catalanista sino sobre todo independentista.

¿Cuánto puede costar, si se lleva a cabo, la independencia? Dejando aparte los perniciosos efectos sociales (la fragmentación de la sociedad) y el coste político, la verdad es que la independencia ya ha tenido unos costes económicos -la pérdida de turistas, la fuga y el cierre de empresas-, pero existe otro que es una espada de Damocles sobre la nueva república, que los independentistas suelen eludir, porque han presentado la “desconexión” de España, como una operación que sólo podía reportar ventajas, no sólo políticas y sociales, sino económicas y financieras. La “desconexión” augurada por Mas más parecía una “desconexión” respecto a la realidad, porque voluntariamente ignora la abultada deuda pública de Cataluña.  

Según datos de la Generalitat, la deuda pública prevista para 2017 era de  77.000 millones de euros, a los que hay que añadir la deuda de ayuntamientos y diputaciones, lo que la elevaría, según algunas fuentes, a una cifra que ronda los 82.000 millones de Euros.

Para financiarse la Generalitat emite títulos de deuda pública (es decir, con la garantía de la institución), que las agencias de riesgo califican de bono basura, de la cual Estado español se hace cargo religiosamente del 70%.

Como hasta el momento de romper, Cataluña formaría parte de España, en caso de desgajarse tendría que asumir la parte que le corresponde de la deuda española en función de su participación en el PIB, cifra que, según unas fuentes, está por encima de 150.000 millones de euros y según otras por encima de los 180.000. La nueva república nacería con una deuda de entre 25.000 y 35.000 euros per cápita.

La suspendida ley de transitoriedad prevé que la nueva república se haría cargo de las propiedades del Estado español en suelo catalán, pero poco dice de asumir el pago de las deudas pendientes y del coste que supondría la ruptura. Cálculos que deberían estar más presentes en el discurso de los dirigentes independentistas para disipar la impresión en los candorosos catalanes de que la independencia será  un premio a la constancia.