Nuevo Gobierno y difícil coyuntura

Por primera vez en la historia del actual régimen democrático, una moción de censura ha provocado un cambio de gobierno. También por vez primera se ha debido a que un partido judicialmente sentenciado por corrupción se ha negado a asumir responsabilidades políticas derivadas de su ilícita y pertinaz conducta.

En junio, se puso fin al Gobierno del PP, nefasto para las clases subalternas, en particular para los trabajadores, y para el propio sistema democrático, y el PSOE llegó a la Moncloa con intención de devolver el prestigio a las instituciones y normalizar la actividad política mediante la negociación y el consenso. Con lo cual aparecía la posibilidad de intentar revertir algunos de los peores efectos de la legislatura de Rajoy y reorientar la política general, a pesar de la dificultad de gobernar dependiendo de tan distintos y condicionales apoyos y teniendo, por demás, asegurada la desleal oposición del PP y la de C’s, que en algún aspecto parece querer rebasarle por la derecha.

No se puede negar al nuevo gobierno, académicamente bien cualificado y con mayoría de mujeres, la intención de hacer reformas ni prisa por anunciarlas, lo que ha llevado con frecuencia a tener que matizarlas o a desdecirse, dando con ello gratuita munición a sus oponentes, en particular al PP, que, como ya es habitual, se considera despojado ilegalmente de un poder que cree le pertenece por naturaleza.

No obstante, a pesar de la pesada herencia recibida, de los titubeos y teniendo que negociar de manera permanente con sus dispares aliados, el Gobierno ha mostrado la intención de abordar un ambicioso programa de reformas, algunas en curso, para elevar el techo de gasto, restablecer las prestaciones de sanidad para los inmigrantes residentes, volver a la situación anterior en RTVE, aumentar la inversión en educación y la financiación autonómica, suprimir el peaje en tramos de autovías, paliar la subida de la luz, apoyar las energías renovables, gravar el gasóleo, personarse en el caso de las viviendas públicas malvendidas a fondos “buitre”, subir los impuestos a las rentas altas y a la banca y bajarlos a las medianas y pequeñas empresas y algunas otras más. Y también, acabar con el aforamiento de senadores y diputados, impulsar una ley sobre la eutanasia y revisar las inmatriculaciones de edificios públicos realizadas por la Conferencia Episcopal al amparo de un cambio en la ley hipotecaria efectuado por el gobierno de Aznar. Muchas de ellas son medidas controvertidas que exigirán complejas negociaciones y renunciar, en no pocos casos, a los máximos objetivos, por lo cual, dada la oposición que van a ofrecer en las fuerzas de la derecha, parece necesario el apoyo de la movilización social.

En lo que se podría llamar normalización o revitalización democrática, y para soltar lastre del pasado, el Gobierno se propone exhumar los restos de Franco, entregarlos a su familia y dar otro uso al Valle de los Caídos -en esto también ha habido cambio de ideas-, apoyar la localización de fosas de la etapa franquista, facilitar el rescate de restos a las familias y retirar la medalla y la correspondiente pensión económica al ex policía torturador Juan Antonio González Pacheco, “Billy el Niño”.

Planes que dependen, en buena medida, de la aprobación de los Presupuestos Generales, el gran obstáculo para asegurar la continuidad del Gobierno, aunque  la avenencia de Podemos le revela como el socio más fiable.

Igualmente el Gabinete de Sánchez ha mostrado su apuesta por la transparencia al solicitar, tras algún titubeo, la dimisión de dos ministros -Maxim Huerta y Carmen Montón-, lo que, a pesar de sus críticas, no ha hecho el PP, desalojado del Gobierno con 29 condenados por corrupción y 5 ministros reprobados por el Congreso y cuyo nuevo presidente ostenta una dudosa cualificación académica, sin que se le vea intención de dimitir ni de facilitar la investigación de su máster.

Hay que mencionar también un drástico cambio de talante respecto al problema del independentismo catalán, que se aleja de la cerril postura mantenida durante años por el PP, que califica los encuentros del Gobierno con la Generalitat de amenazas a la unidad territorial y exige que se aplique el artículo 155 de la Constitución con cualquier pretexto. Aunque, en el esfuerzo gubernamental por aliviar la tensión en una situación tan delicada, no han faltado las opiniones precipitadas y las subsiguientes matizaciones sobre asuntos que dependen de los jueces. En un otoño lleno de efemérides para los independentistas, la situación es complicada pero se atisban algunos cambios, tímidos todavía, como la decisión de la Generalitat de acudir a la mesa de financiación autonómica. 

Se percibe en el Ejecutivo de Sánchez la intención de tener un papel más activo en el exterior y en el seno de la Unión Europea para llenar el hueco dejado por la provinciana actitud de Rajoy, de obedecer y callar o de ausentarse, en un momento en que se está revisando la estrategia comunitaria en varios campos -la inmigración; el euro, la reorientación del Banco Central sobre la compra de deuda y los tipos de interés- y la intención de dotarse de más políticas comunes, o de todo lo contrario. Pues frente a la tendencia federal y, en definitiva, el fortalecimiento de la Unión, ha emergido una corriente poderosa hacia la confederación o incluso hacia la desintegración, promovida por partidos y movimientos populistas de derecha, que gobiernan o han cogido fuerza como oposición, que propugnan el cierre de fronteras, el nacionalismo y la xenofobia. Tendencias reforzadas desde el exterior por los gobiernos de Trump y de Putin, a quienes les interesa que Europa sea un actor político irrelevante en el foro mundial. El Gobierno español, que con el de Portugal va a la contra de esa preocupante corriente, puede jugar un papel positivo con otros partidos progresistas para neutralizar tales intentos. 

En este escenario tan poliédrico, donde se libran batallas simultáneas en muchos frentes no conviene perder de vista el cercano horizonte electoral, que explica muchos de los movimientos de los partidos para llegar a mayo de 2019 en las mejores condiciones posibles, no sólo para ampliar su poder local y autonómico sino como plataforma para enfrentarse a las elecciones generales de 2020.

El Gobierno tiene por delante una carrera de obstáculos llena de zancadillas y el más importante es aprobar los Presupuestos, elevando el techo de gasto en 5.000 millones de euros para aumentar el gasto social, propósito que e l PP y Cs, mostrando un claro sentido de clase, se esfuerzan en boicotear.

Conseguir que Pedro Sánchez tire la toalla y llegue a las elecciones habiendo fracasado es la gran baza del Partido Popular, que no va escatimar esfuerzos ni juego sucio para lograrlo, por eso el Gobierno debería ajustar su estrategia de comunicación y reducir la “polifonía”, mejorar la coordinación interna y no dejarse amilanar por las presiones de sus aliados ni por las maniobras de sus adversarios. 

Editorial de Trasversales nº 45.