Ocupadas un par
de jornadas en otros menesteres, vuelvo al tema (perdonen, pero un amigo merece este esfuerzo) y retomo
el tema de la democracia por dos razones de diferente entidad.
La primera, por
la importancia del “Procés”, que pretendía hacer de Cataluña un país independiente
a expensas del territorio de otro, y además llevarlo a cabo contra la voluntad
de la mayoría de los catalanes. Y recalco, estas circunstancias porque parece
que, a la vista del coste que el intento ha tenido para algunos de sus promotores,
en el entorno social afín al independentismo y a sectores de la izquierda, no
se ha dado al asunto la importancia que merece. A mí, me parece un asunto muy
serio, un suceso excepcional en la historia de un país, que ha salido mal, pero
eso no quita responsabilidad a quienes han intentado llevarlo a cabo sin éxito.
La otra razón
tiene que ver con el procedimiento, que debe ser acorde con el objetivo que se quiere
alcanzar, y como se ha aireado hasta el cansancio que se trata de un objetivo
democrático, entiendo que el camino para llegar a él también deba serlo, porque
de otro modo, los medios (presuntamente) no democráticos podrían desvirtuar el
(presunto) fin democrático que se pretende obtener. Más aún, cuando desde las
filas independentistas se ha sostenido (y se sostiene) que España sufre una involución
democrática, a la que Cataluña quiere escapar a través de una vía democrática
propia. Y si bien lo primero es difícil de negar, pues, en España (y en Europa)
las medidas de austeridad para salir de la crisis (a costa, dicho sea de paso,
de las rentas más bajas) han ido acompañadas por la restricción de derechos, en
Cataluña no sólo el Govern de CiU ha aplicado las mismas medidas, sino que su
presunta evolución democrática se desmiente por el modo de llevar adelante el “Procés”,
que, desde el punto de vista democrático, ha sido una verdadera chapuza. Con lo
cual, en este asunto tampoco Cataluña es diferente. Veámoslo despacio.
Aunque hay
antecedentes, el “Procés” perseguía un objetivo, tempranamente anunciado en
2010, que es cuando oficiosamente se pone en marcha con una manifestación,
convocada por la Generalitat con el lema “Somos una nación, nosotros decidimos” y con el President Montilla a la cabeza, para protestar por la sentencia
del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, emitida en junio.
Oficialmente, el “Procés”
arranca en septiembre de 2012, cuando el Parlament, por 84 votos a
favor (CiU, ERC, ICV-EUiA y SCI, el partido de Laporta), 21 en contra (PP y C’s)
y 25 abstenciones (PSC), aprueba realizar un referéndum de autodeterminación
durante la Xª Legislatura autonómica.
El 25/11/2012, se celebran elecciones
autonómicas, las segundas en menos de dos años. Con una
consulta sobre autodeterminación en el programa, CiU obtiene 50 escaños (12 menos que
en 2010), ERC 21 diputados y se convierte en la segunda fuerza por delante del
PSC, que logra 20 (pierde 8).
El 19/12/2012, ERC apoya la investidura de
Artur Mas como President y firma con CiU un pacto de gobierno que incluye una
consulta sobre el futuro político de Cataluña.
En enero de 2013, el primer Pleno de la Legislatura
aprueba una declaración que proclama al pueblo catalán sujeto político y
jurídico soberano. Votan a favor 85 diputados (CiU, ERC, ICV y CUP (1), en
contra 41 diputados (PSC, 5 de los 20 no votan, PP y Ciutadans, 2 de la CUP se
abstienen, 2 del PP no acuden).
En febrero, la Generalitat funda el Consejo de
Transición Nacional, que debe explorar las vías legales hacia la independencia:
el “Procés” está en marcha.
En julio de 2014. La
Ponencia del Parlament acaba de redactar el proyecto de ley consultas que debe
amparar el refrendo del 9 de noviembre y en agosto, por 5 votos a favor (de
juristas propuestos por CiU y ERC) y 4 en contra, el Consejo de Garantías
Estatutarias de Cataluña avala la legalidad de la Ley de Consultas Populares no
Refrendarias y Participación Ciudadana.
Aprovechando la Diada, los nacionalistas
caldean el ambiente en el que el Parlament debe decidir sobre la consulta -Forcadell:
“En un momento u otro tendremos que romper la legalidad española”; “¡President,
ponga las urnas!”; Junqueras: “Ha llegado la hora de saltarse las leyes
españolas”; Rigau: “No aplicaremos estrictamente la LOMCE, le damos una vueltecita
y la esquivamos”.
El 19/9/2014, el Parlament
aprueba la ley de consultas por 106 votos a favor (CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA, y
CUP) y 28 en contra (PPC, C’s). El PSC apoya la ley pero dice que no ampara el
acto del 9-N.
El 28/9/2014, tras consultar al Consejo de
Estado, el Gobierno central interpone recurso
de inconstitucionalidad, que el Tribunal Constitucional admite a trámite y deja
en suspenso cautelar la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria de la
Generalitat. Mas dice “Tenemos que engañar al Estado” y acata la suspensión cautelar de la consulta, que convierte en un proceso
de participación ciudadana.
El 9 de noviembre se celebra el
refrendo revestido de “acto participativo” (abierto hasta el 25 de noviembre). Con
un censo estimado de 6,2 millones de
personas mayores de 16 años, votan 2,3 millones de personas, el 81% de los
votantes contesta afirmativamente a las dos preguntas: que Cataluña sea un
Estado, y que sea independiente. Artur Mas dice: “Si la fiscalía quiere conocer
quién es el responsable de abrir los colegios que me mire a mí; el responsable
soy yo y mi Gobierno”.
Y efectivamente, el fiscal Superior
de Cataluña, por orden del Fiscal General del Estado, presenta una querella por
desobediencia, obstrucción, prevaricación y malversación de fondos públicos,
contra Artur Mas, Joanna Ortega e Irene Rigau, por la celebración del refrendo.
El año termina con una noticia del
diario “Expansión”, que pasa prácticamente desapercibida: en 2014, 446 empresas
catalanas se han trasladado a Madrid.
El “Procés” sigue su marcha imperturbable.
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