Blanca y radiante

Como una virgen vestida con el color de la pureza o una ingenua niña de primera comunión, blanca y radiante iba ataviada Cristina Cifuentes para despedirse del cargo de Presidenta de la Comunidad de Madrid, en el que, con pertinaz porfía, se ha mantenido a pesar de las evidencias de que el máster en “Derecho Público del Estado autonómico” (vaya con el nombre y con la práctica de esta alumna aventajada) había sido más bien el regalo de un departamento universitario bastante opaco, antes que un título merecido por su esfuerzo y dedicación.

Encastillada en el cargo y desafiante ante quienes le exigían pruebas verosímiles que acreditaran su currículo o la dimisión, Cifuentes se negaba a hacerlo, apoyada por su grupo en la Asamblea y por su partido, como lo prueban los aplausos recibidos en la reciente convención de Sevilla.

La experiencia nos dice que si el PP hubiera tenido mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid es casi seguro que Rajoy no hubiera cedido y que Cifuentes a estas horas seguiría en el cargo, pero, para su desventura y para beneficio del sistema democrático, no la tiene, y la amenaza de ser desalojada por un moción de censura promovida por el PSOE y apoyada por Podemos, y quizá por un renuente Ciudadanos, obligaba a Rajoy a mover ficha.

Sin embargo, la ficha no la ha movido él, en apariencia, sino una mano negra, del entorno “amigo”, pero rencoroso, que, con un vídeo añejo sacado de algún fondo de reptiles, ha obligado a Cifuentes a dimitir por un quítame allá esos tarros de crema, que estaban inadvertidamente dentro de su bolso.

No sabía la ya expresidenta que en esa sucursal de Eroski, que estaba (ya no existe) frente a la Asamblea de Madrid, era habitual que las cajeras pidieran a las clientas que abrieran los bolsos, incluso las cajas de compresas o de galletas, dado el elevado número de hurtos que allí se producían. Lo que nadie esperaba es que la entonces vicepresidenta de la Asamblea, que cobraba un buen sueldo amén de los pluses y otras prebendas, fuera aficionada a los deportes de riesgo por ahorrarse una miseria, pues en ese almacén no era extraño ver salir a gente corriendo seguida por guardas de seguridad, que no les solían alcanzar. Se ve que Cifuentes no era aficionada al “running”, que está tan de moda.

En cualquier caso, un asunto menor, una debilidad, que, le puede suceder a cualquiera, por ejemplo a otro diputado del PP, en unos almacenes de Londres, cuando, en la bolsa, se le “deslizó” -eso dijo- un pijama sin pasar por caja.

Pero el asunto menor de Cifuentes se junta con el asunto un poco mayor del falso máster y con otros, verdaderamente grandes, de la Comunidad de Madrid, que es un centro neurálgico de mala administración, despilfarro y tramas corruptas, un auténtico pudridero, desde el momento que, en 2003, Esperanza Aguirre, que nada sabe de la corrupción que la ha rodeado durante años sin romperla ni mancharla, sentó sus reales en la Presidencia de la Comunidad, gracias al “tamayazo”, con que se la birló a Rafael Simancas, en una jugada parecida a la que el PP preparó a Demetrio Madrid para quitarle la presidencia de la Comunidad de Castilla-León, que luego ocupó Aznar. Madrid quedó absuelto del infundio que se le imputaba, pero no le devolvieron el cargo. Para que luego vengan con la mandanga de que si Gabilondo quiere gobernar, que gane las elecciones.    

Según ha indicado su interino sucesor en el cargo, Cifuentes conserva su escaño de diputada en la Asamblea, porque no ha incumplido ningún artículo del código ético del PP que merezca su remoción.

Ignoro el contenido de dicho código ético, que presumo deliberadamente laxo o quizá tenga sólo una existencia nominal, como el célebre máster, pero lo cierto es que se siguen conociendo casos de corrupción en las filas del Partido Popular, el último el del senador Pedro Agramunt, por unos favores en Azerbayán, sin que el famoso código haya servido para otra cosa que para hablar de regeneración y transparencia y al mismo tiempo arropar a los corruptos.

Por fortuna, no actúa así la baqueteada administración de justicia, que con pocos medios humanos y materiales y notables interferencias desde el Ejecutivo, sigue pasito a pasito con su tarea y al final los casos alcanzan su meta. Este año, el PP tiene una “agenda judicial” muy cargada, pues están imputados 4 ministros, 6 presidentes de comunidades autónomas, 5 expresidentes de diputaciones, 3 ex tesoreros nacionales, 18 consejeros de comunidades autónomas y casi 800 concejales y otros cargos de menor importancia. Más lo que vaya saliendo.