Good morning, Spain, que es different
No cambian ni van a cambiar;
es más, no pueden cambiar, pues, estando unidos por lazos de complicidad en el
saqueo de España por todos los procedimientos posibles, incluyendo los
ilegales, no van a ofrecer ningún tipo de facilidad para ser controlados, investigados
y mucho menos desalojados no sólo del Gobierno sino del poder institucional que de forma ilegítima detentan.
Sólo desde esta perspectiva
puede entenderse el empecinamiento del Gobierno en evitar que el ministro de Economía,
Luis de Guindos, comparezca en el Congreso para explicar la designación del
exministro José Manuel Soria como el candidato más idóneo para ocupar una dirección
ejecutiva en el Banco Mundial.
Se podría pensar que se trata
de un caso de palmaria incompetencia, al sumar un error, no comparecer, a otro,
designar a Soria, obligado a dimitir por su aparición en los “papeles de Panamá”,
o de clara inconsecuencia, en un partido que está pidiendo ayuda para continuar
en el Gobierno, tras una investidura que Rajoy, por ahora, tiene muy difícil
conseguir.
Pero no, no es un error, ni
una inconsecuencia, ni una falta de apreciación sobre la repercusión
internacional que hubiera tenido -ya la ha tenido- la designación de Soria, sino
un resultado más de su táctica de entender que gobernar en funciones es gobernar
sin someterse al Congreso ni a otras reglas que no sean las suyas, que, al fin
y al cabo, es lo que ha venido sucediendo a lo largo de estos cinco años de
legislatura.
Debe
recordarse que pronto hará un año que ni el Gobierno ni su Presidente, reescribiendo
la Constitución y estableciendo de hecho una nueva teoría sobre el Estado
representativo de derecho, comparecen ante el Congreso. Tampoco han comparecido
en comisión el ministro de Defensa Pedro Morenés ni la ministra de Fomento, Ana
Pastor, que desde la presidencia del Congreso ha mostrado que es ante todo una
disciplinada militante y leal seguidora de Rajoy, y que a la hora de elegir
entre el Congreso y el Partido, opta, sin dudas, por el Partido.
Lo
sucedido no debe sorprender, pues es una consecuencia de la forma de ejercer el
poder del Estado, tan llena de resabios franquistas.
Rajoy ha utilizado la mayoría absoluta para
gobernar como un autócrata, pues ha sido el Jefe del Gobierno que más veces ha
utilizado un procedimiento de urgencia, como es el decreto-ley, para legislar
de forma ordinaria sobre asuntos de tanta trascendencia como la reforma laboral
o el rescate de la banca (decidido sin debate), y hacerlo desde bien pronto (el
primer año: 16 leyes y 28 decretos); en total 75 decretos en cuatro años, de
una suma de 145 proyectos de ley; de los 163 tramitados, 59 lo han hecho por la
vía de urgencia. Es un Gobierno que ostenta el demérito de haber reformado 26
leyes de una vez y sin debate parlamentario (Real Decreto-Ley de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, aprobado el día 10 de julio de 2014, sólo con
los votos del Partido Popular), y que más veces ha rechazado la comparecencia
de Rajoy (105) y de los ministros en las cámaras (22 veces la de Ana Mato) por
asuntos de su competencia y, desde luego,
en todo lo relacionado con casos de corrupción.
Rajoy, el silencioso líder de un gobierno que
no informa pero que invierte mucho esfuerzo y dinero en propaganda, ha estado
ausente del Congreso en el 85% de las votaciones, ha comparecido sólo dos veces
de forma extraordinaria: el 1 de agosto de 2013, a propósito del caso Bárcenas,
y fue para mentir a la cámara; y el 4 de abril de este año, para dar cuenta del
acuerdo de la Unión Europea con Turquía sobre los refugiados de Siria. Por su
parte, la Vicepresidenta sólo ha comparecido una vez en cuatro años en la
Comisión Constitucional, en la que debía dar cuenta de su actividad.
En vista de que en el Gobierno no se percibe ni
un gesto, por leve que sea, de rectificar sino el empecinamiento en los viejos
usos y abusos, cabe concluir que, en buena ley, y en buena razón moral, el
Partido Popular no debería volver a gobernar. Conviene no olvidarlo de aquí a
diciembre.
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