Memoria y reflexión

Desde que se implantó la llamada jornada de reflexión no he percibido la utilidad de dejar un día de espera entre el final de la campaña electoral y el momento de acudir a las urnas.

Como otros miles de personas, no tengo que hacer reflexiones de última hora para saber a quién votar, porque tengo la mala costumbre de estar informado y reflexionar cada día, lo cual, en este país, no es precisamente saludable, pero ciertos criterios me ayudan a reducir las opciones y preferir a quienes se han preocupado por atender a la población más desfavorecida, a los trabajadores, a las mujeres, a los jóvenes y a los niños. La suerte, que suele ser buena, de las clases acomodadas y poderosas me interesa de modo circunstancial, aunque hay partidos políticos que se desviven por complacer sus deseos.

Prefiero a quienes han mantenido esa tendencia solidaria en sus programas, tengo en cuenta su trayectoria y examino los resultados, pues hay que premiar a los que trabajan y a quienes ayudan; a quienes ponen los intereses generales del país por delante de los de su partido y defienden a sus ciudadanos en los foros internacionales, y castigar sin voto a los que gritan, estorban y denigran al gobierno, al país y a sus instituciones cuando no pueden servirse de ellas; valoro la sinceridad, la lealtad y la honestidad y, aunque soy consciente de que nada es gratis y de que no hay utopías de repuesto en el horizonte, de que nuestros representantes, aun los más afines, son falibles y de que transformar la realidad en un sentido progresista requiere tesón y un gran trabajo, valoro los esfuerzos destinados a construir un país más equitativo económicamente y políticamente más igualitario, y a mejorar la instrucción de la población como base necesaria de la democracia y la libertad.

Con estos criterios se habrá entendido que no puedo votar al Partido Popular, ni, por descontado a Vox, pues desde el mismo día de la investidura se han dedicado a deslegitimar al Gobierno, a dificultar su labor con fanatismo suicida en momentos tan difíciles como la pandemia, alentando una rebeldía tóxica, y en el caso de la guerra en Ucrania, negando, con bulos y falsedades, las medidas encaminadas a paliar sus peores efectos. Un partido que aún retiene, como rehén, al Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado desde hace cinco años, que fue desalojado del gobierno por una moción de censura amparada en una sentencia judicial por corrupción, que arrastra una larga trayectoria de tramas de corrupción, con casos aún pendientes de resolver, que ha utilizado una parte de la policía para sus intereses particulares y fabricar pruebas contra sus adversarios, y que, hoy está dirigido, por un hombre que tiene una amistad probada con un traficante, o un contrabandista, como dice él, no puede ser votado más que por personas ignorantes, crédulas o de su misma clase social.     

Por el otro lado, además de una serie de decretos, el Gobierno ha logrado aprobar 118 leyes durante la legislatura, de ellas 32 son leyes orgánicas. De ese paquete legislativo, promulgado, repito, con pandemia, crisis energética, guerra en Ucrania y una feroz oposición, destaco lo siguiente.  

Las medidas urgentes para mitigar los efectos de la pandemia con los ERTE, para suspender la actividad de las empresas sin provocar el cierre y el despido, ayudando a trabajadores y empresarios, mientras dure la suspensión. Lo que no se le ocurrió a Rajoy en 2012. En abril del 2020 había 3,5 millones de trabajadores acogidos a ERTEs. Vox votó en contra.

La Reforma Laboral no derogó la ley de Rajoy, pero redujo la precariedad y la temporalidad, dio prioridad al contrato fijo y al fijo discontinuo. El PP, Vox, ERC, PNV, Bildu, CUP, Junts y BNG votaron en contra.  

La “Excepción Ibérica”, lograda con Portugal para fijar el precio máximo del gas durante dos años, fue finalmente admitida por la Unión Europea. El PP, Vox, Junts y UPN se abstuvieron. En el PP dijeron que “iba a salir muy cara”.   

La Ley de Sí es sí, como la Ley Trans, han sido dos leyes parcialmente fallidas; dos leyes necesarias, con aspectos positivos, pero mal rematadas, hechas con prisa y mucha alharaca, que han dividido el movimiento feminista y al propio Gobierno. Lo peor de la primera ley ha sido resistirse a cambiarla. El PP, Vox y UPN votaron en contra. A favor de la ley reformada estuvieron el PP, Cs, PNV, PdCat y UPN. En contra: UP, ERC, Bildu, MP, CUP, Compromis y BNG. El PP, Vox, Cs, UPN y FA votaron en contra de la “Ley Trans”.

Otra ley importante ha sido la que revaloriza las pensiones según la tasa del IPC. El PP, Vox, Cs, CUP, UPN, FA y BNG votaron en contra. Tras la subida del 8,5% en 2023, la pensión media está en casi 1.200 euros mes.

La Ley de Memoria Democrática pretende defender derechos de las víctimas de la dictadura y eliminar vestigios del régimen franquista. El PP, Vox, Cs, Junts, CUP, UPN y FA votaron en contra. ERC y BNG se abstuvieron.  

Otra medida ha sido gravar con un impuesto los beneficios extraordinarios de bancos y empresas de energía durante dos años: el 4,8% sobre intereses y comisiones a bancos con ingresos superiores a 800 millones de eu. Y el 1,2% sobre las ventas a las energéticas, si facturan más de 1.000 millones. El PP, Vox, Cs, UPN y FA votaron en contra. Se abstuvieron PNV y PdCat  

Una ley de contenido social, fallida en su aplicación por trámites insalvables en una administración muy deficiente, fue la del Ingreso Mínimo Vital para prevenir situaciones de exclusión. Debía alcanzar 850.000 hogares, unos 2,3 millones de personas y ha llegado 1,8 millones. Oportunidad desperdiciada.

El grave problema de la vivienda merece una ley menos pacata. Modifica la categoría de grandes propietarios desde 10 a 5 inmuebles, proporciona más protección ante los desahucios y limita la subida de los alquileres al 2% en 2023 y al 3% en 2024. El PP, Vox, Cs, PNV, Pdcat, Junts, CUP, UPN, CC y FA votaron en contra.

El Gobierno de coalición -“ilegítimo”, según el PP y Vox- ha tenido algunas sombras. La primera ha sido el estilo caudillista del presidente, la segunda la deficiente información de la labor del gobierno, la tercera la deslealtad de UP y el elevado precio exigido por los apoyos parlamentarios, que en no pocos casos han respondido con un trato vejatorio difícil de soportar. Sánchez ha tragado muchos sapos con unos y con otros.

Entiendo que Marruecos es un vecino molesto y difícil de contentar, pero el giro respecto al Sahara está sin explicar, porque decir que no se ha cambiado de postura es una broma. El PP ha sido muy crítico con este problema, que viene de cuando gobernaban sus papás, sus abuelitos y algunos de los fundadores del Partido, porque cuando se produjo la Marcha verde, la izquierda era ilegal, estaba en la cárcel, en la clandestinidad o en el exilio.

Otra decisión pacata ha sido acabar con la exención de un par de impuestos a la Iglesia, pero mantener el privilegio de no pagar el IBI por sus propiedades, ni el impuesto de sociedades, transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones.

Se puede entender, como pago de la “factura por colaboración”, el indulto a los independentistas catalanes, pues Cristóbal Montoro decretó una amnistía para defraudadores millonarios; lo que es más difícil de admitir es suprimir el delito de malversación de fondos públicos cuando se destina a facilitar la sedición y, sobre todo, la supresión de este delito, que figura en numerosas Constituciones de países europeos como una defensa de la integridad territorial del Estado. 

Queda ponderar lo hecho, adoptar cierta actitud pragmática, hacer algunos cálculos, elegir la papeleta que más se acerque a lo deseado y esperar que haya suerte. Pero votar.

23 de julio de 2023. El obrero.es