No es un aviso a los despistados, la advertencia de una amenaza en ciernes y, mucho menos, la constatación del terrorismo como un fenómeno real. ETA vive es un grito de terror, que, invocando al terrorismo ya extinguido, denota el estado de terror de quien lo profiere.
“ETA está
viva y nos gobierna”, dice Ayuso. “Vive de nuestro dinero -añade-; quiere
destruir España y privar a millones de españoles de sus derechos
constitucionales y provocar una confrontación”. Y lo dice quien no concibe otra
forma de hacer política que la continua confrontación. No da cuenta de su
gestión, nefasta, por más señas, pues sólo confronta, ataca, exagera, miente,
desbarra, pues ya ha traspasado todos los límites de la decencia para vender el
humo con que tapar lo que siempre le va a perseguir.
Sigue
las directrices de su partido, incluso con más entusiasmo que el gran líder menguante
Feijoo, porque tiene un motivo adicional, que es la muerte, por abandono, de
7.291 personas mayores durante la pandemia en las residencias madrileñas. 7.291
personas que fallecieron solas, lejos de su familia, sin poderse despedir;
aislados, sin esperanza y viendo como a su alrededor la muerte se llevaba a
otros residentes que compartían su infortunio, que no fue sólo efecto de una
catástrofe natural, sino también la directa consecuencia de una decisión
política adoptada con una frialdad semejante a la de Himmler sobre la “solución
final”.
Que se
mueran en las residencias. Esa fue la solución al problema planteado por la
pandemia a la mal gestionada sanidad madrileña, mermada por la continua
privatización de servicios y la reducción de personal que sufre desde hace
años. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos,
criticó la decisión por poco ética -fue suave- y posiblemente ilegal, y, en
consecuencia, dimitió.
Las
reclamaciones ante la justicia de familiares de fallecidos en las residencias
hasta ahora no han prosperado, lo cual no indica que el asunto quede olvidado
para siempre y Ayuso exonerada de responsabilidad. Y la posibilidad de tener
que comparecer ante un tribunal para explicar la decisión de dejar morir sin
asistencia a 7.291 personas la aterroriza. Por eso recurre a ETA, una
organización clandestina e ilegal, que ha provocado, según diversas fuentes,
alrededor de 850 víctimas mortales, para que se olvide lo suyo, que es mucho
peor, pues fue una decisión adoptada por una institución pública, de la cual
Ayuso es la máxima responsable, y cuyas consejerías deberían, en teoría, velar
por las vidas de las personas entregadas a su cuidado, en vez de tratar de
acortarlas, en lo que parece una desmesurada aplicación de la eutanasia o, peor
aún, un modo de entender la pandemia como la ocasión para promover una “higiene
social” como la que los protofascistas atribuían a la guerra.
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