Aire fresco

Con el triunfo de la moción de censura promovida por el PSOE contra Mariano Rajoy, una ráfaga de aire fresco ha entrado en el Congreso, en la Moncloa y también en la vida política nacional, que esperemos acabe expulsando el hedor desprendido durante tanto tiempo por los gobiernos del Partido Popular.  

La situación, estable hace apenas unos días al aprobarse los Presupuestos Generales del Estado, ha cambiado por completo, y la buena suerte, que parecía asegurar que el inane gobierno de Rajoy pudiera terminar, trampeando, la legislatura, le ha vuelto repentinamente la espalda tras conocerse la sentencia judicial sobre el caso “Gurtel”.

La sentencia hubiera sido un mazazo para cualquier gobierno, pero más para este por sus antecedentes y por el momento en que se produjo. Dos días antes de conocerse, era detenido Eduardo Zaplana, ex presidente de la Comunidad Valenciana, que ha sido otro de los centros neurálgicos de la corrupción del PP. Zaplana, presidente en los años de opacidad y despilfarro (1995-2002), cuando el Turia no era de plata, como dice el himno, sino de oro, ha sido acusado de blanqueo y delito fiscal al tratar de repatriar, desde Panamá, 10,5 millones de euros procedentes, presuntamente, del cobro de sobornos durante su mandato (en la madre patria).

Ese mismo día, el Tribunal de Cuentas volvía a señalar irregularidades en la contabilidad de la Ciudad de la Justicia de Madrid. El apenas iniciado proyecto faraónico de Esperanza Aguirre (un edificio, de los doce previstos, unidos por casi dos kilómetros de túneles asfaltados), que hasta el momento ha tenido 105 millones de euros tirados de forma inútil en boato, promoción, contratos dudosos, sueldos exagerados a amigos y conocidos y otros gastos por justificar, ya que han desaparecido las correspondientes facturas.      

Un día después de conocerse la sentencia del caso “Gurtel”, un juez de Madrid anuló la venta de 2.935 pisos del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), realizada en 2013, durante el mandato de Ignacio González (implicado en el caso “Lezo”), a un fondo de inversión de los llamados “buitres” por la módica cantidad de 211 millones de euros.

Todo esto ocurría poco después del turbio asunto del (presunto) máster de Cristina Cifuentes y del episodio del bolso, que determinaron su dimisión de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y el final de su carrera política, y a un mes escaso de que el Consejo de Europa solicitara al senador del PP, Pedro Agramunt, su dimisión en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa por corrupción.

Con toda su importancia, la sentencia sobre “Gurtel” no zanja las cuentas pendientes del PP con la justicia, pues le aguarda un rosario de casos, que llegan a la treintena, entre ellos los referidos a espesas tramas como “Púnica”, “Lezo” y “Taula”.
Desde el punto de vista judicial, el año 2018 empezó bastante mal para el PP: en enero figuraban imputados 4 ex ministros, 6 ex presidentes de comunidades autónomas, 5 ex presidentes de diputaciones, 5 diputados nacionales, 18 consejeros de comunidades autónomas, 3 ex tesoreros nacionales y hasta 800 concejales y cargos políticos de menos nivel.   

En estos momentos, hay 12 (de 14) ministros de la época de Aznar que tienen cuentas pendientes con la justicia, tres ex presidentes de la Generalidad de Valencia, otros 3 de la Comunidad de Madrid, uno en Murcia, además de otros que ya fueron condenados, como Matas, pero que están imputados en otras causas. Eso sin contar las decenas de alcaldes y concejales imputados en casos menores. Y para más escarnio, el Gobierno recién desalojado tenía reprobados a cinco ministros.   

Lo más curioso de este asunto es que dentro del Partido Popular nadie quisiera hacer frente a esta infección. El numantino y ciego apoyo a Rajoy y a sus más cercanos colaboradores ha sido una actitud suicida, pero ahí seguían, hablando hipocritamente de transparencia y aferrados a los resortes del poder como mejor baluarte ante la acción de la justicia, mientras en las encuestas descendían en intención de voto, pero confiados en que las divididas fuerzas de la oposición les permitieran seguir así, tapándose malamente las vergüenzas y gobernando sin programa y sin ganas.

En estas circunstancias, ante lo que exige la situación interna del país y lo que demanda la difícil coyuntura de la Unión Europea, un gobierno como el de Rajoy no podía seguir representando a España. Presentar la moción de censura era un acto necesario, un deber casi patriótico, aunque no me gusta la connotación que tiene tal término, una medida de higiene política y hasta diría de salud mental.

Pedro Sánchez no lo va a tener fácil. Por los interesados y coyunturales apoyos que ha recibido tendremos un gobierno inestable, y es cierto; inestable pero presentable; lo que no era ni podía ser, por muchos recambios que se le buscaran, el gobierno de Rajoy.