El chalé

Al perro flaco nunca le faltan pulgas y a la izquierda desnortada le sobran los problemas. Y ahora viene, para su formación más nueva, un asunto doméstico devenido en problema político; quizá en crisis de partido.

Resulta que la pareja Iglesias-Montero, o viceversa, se ha comprado un chalé, valorado en 600.000 euros, en un pueblo cercano a la sierra del Guadarrama. Para quienes no conozcan la morfología social de Madrid, la zona del norte y el oeste, por encima de la Casa de Campo y del monte del Pardo y más cercan a la sierra del Guadarrama, es verde y oxigenada; la zona del sur y del sureste, es industrial, contaminada y seca.

El norte y el oeste son tradicionales zonas de residencia de la población con mayor poder adquisitivo, bien dotadas de servicios públicos, zonas verdes y campos de golf, donde abundan las urbanizaciones de chalets, las reservas exclusivas de ricos y famosos y los edificios de poca altura; zonas con predominio del voto a partidos de centro y de derecha (y con abundantes casos de corrupción en sus ayuntamientos).

En el este, el corredor del Henares, y en el sur, están las grandes conurbaciones de lo que fueron los antiguos barrios dormitorio, que albergaban al proletariado que precisaba el desarrollo industrial; con construcción en altura y alta densidad de población asalariada, que con su voto a partidos de izquierda han formado durante mucho tiempo el llamado cinturón rojo de Madrid, ya perdido.  

Como padres, la decisión de Iglesias y Montero está bien razonada, pues desean para sus futuros retoños (gemelos en embrión, ya famosos) un lugar sano donde crecer y educarse, pues se dice que la cercanía de cierto colegio ha influido en la elección de la zona.  

Los 600.000 euros no son una tontería, pero invertidos en una parcela de 2.000 metros cuadrados, con una vivienda de 250 metros cuadrados, piscina y casa de invitados, no parece mala compra. Tampoco es una minucia el préstamo de 540.000 euros, a devolver en 30 años, si se ajusta a las condiciones habituales del mercado. Cada cual tiene derecho a entramparse como le dé la gana, pero el tema tiene otras implicaciones que dejo para más adelante.

Por ese precio -600.000 euros- en un barrio céntrico de Madrid, como Chamberí, Arguelles, Retiro o algo más lejos, Chamartín, y no en las zonas más caras, se encuentran pisos de 130 o 140 metros cuadrados, con 3 dormitorios, comedor, cocina, 2 baños y poco más; la mayoría sin plaza de aparcamiento ni trastero. Vivir dentro del perímetro formado por la vía de circunvalación M-30 es muy caro. Pero se puede adquirir en propiedad un piso más barato y en barrios más populares, aunque más lejos del centro.

La compra de esa finca expresa el sueño de dos empleados bien remunerados de clase media o, quizá, la posibilidad de contar con una residencia adecuada a las necesidades de dos personas que precisan un espacio al que dar un uso político. Algo así como la famosa “bodeguilla”, para recibir amigos y allegados y celebrar reuniones no muy numerosas. En definitiva, una vivienda apropiada para unos políticos con futuro y quizá para un vicepresidente del gobierno.    

Hasta aquí, y con lo que se sabe del asunto, nada hay en la decisión que deba provocar escándalo. Sí lo provoca que sean dos personas como Iglesias y Montero, que se han cansado de dar lecciones de moralidad y de austeridad, y de atacar a la casta en nombre de los de abajo. En este caso, la incoherencia es notable, porque la forma de vivir que la pareja ha previsto para el futuro se aleja de lo predicado y se acerca al estilo de vida de los que han criticado

Pero hay elementos que quizá sean más preocupantes: uno es la hipótesis de que ambos van a seguir contando con los mismos ingresos a lo largo de 30 años para hacer frente a la devolución del crédito. ¿Van a seguir renovando sus actas de diputados para mantener ese nivel de vida? ¿Se van a convertir en políticos profesionales formando parte de la denostada casta? El otro es el vínculo hipotecario de dos políticos, que van de alternativos, con un prestamista. Lo cual choca con el propósito de Podemos de autofinanciarse para no depender, precisamente, de la banca.

En este fregado, hay otro elemento de tipo simbólico, que es el papel de pareja modélica que ambos ejercen en Podemos, que ha servido de guía y unión en un partido donde el programa político es bastante impreciso y malamente cumple esta función aglutinante. La fluida relación de la dirección con la estructura es importante en todos los partidos, pero en una organización tan magmática y en permanente ebullición como Podemos, que rinde, además, un culto poco meditado a la pareja y en particular a Pablo Iglesias, el liderazgo fuerte y el vínculo personal aportan elementos aglutinantes que faltan en una línea política poco definida.

La decisión personal, privada, de la pareja se ha convertido en un problema colectivo y ha generado una crisis política, que se pretende resolver mediante una consulta, y aquí surge una pregunta oportuna. Los demás dirigentes, cuadros, militantes, afiliados o inscritos de Podemos, ¿someten también sus decisiones personales a la opinión colectiva? ¿Existe en los estatutos de Podemos algún artículo en tal sentido o es este un caso excepcional?

Estas preguntas no son ociosas, porque la aseveración de que lo personal es político, utilizada para criticar a la derecha, se puede aplicar también a los partidos de izquierda, en los cuales, antaño, se ejercían severos controles sobre los breves espacios de vida privada que les quedaban a los militantes. La práctica cayó en desuso, pero ignoro si queda algún resto de tal vigilancia en las organizaciones políticas postmodernas.

El modo de resolver el problema por parte de Iglesias -amenazar con dimitir- no es buena solución, porque revela el órdago de quien se cree imprescindible y recuerda al desafío de Felipe González ante un asunto de más envergadura, como era la renuncia del PSOE al marxismo en el célebre XXVII Congreso. 
Tampoco abunda en coherencia la solución de Monedero, que propone que el partido ratifique la decisión de la pareja; es decir, que apruebe una anomalía o que sancione un privilegio de sus máximos dirigentes. 

Conviene aclarar que gran parte de la crítica a la compra del chalé se funda en un supuesto que no está probado: que Podemos es un partido de trabajadores, aunque pueda recoger votos de asalariados y aun de estratos sociales muy golpeados por la crisis.

Podemos no es un partido obrero, ni proletario, pues se ha definido más bien como el partido de la gente, transversal, de los de abajo contra los de arriba, contra la casta, pero es que entre la gente hay situaciones muy disparejas y estratos sociales con origen, perspectivas y renta desiguales; es un partido, o mejor, una confederación de partidos, que representa a grupos sociales con necesidades y aspiraciones políticas muy diferentes. Por su composición social, no es un partido de trabajadores, sino de jóvenes empleados urbanos, de estudiantes, de titulados precarizados y de activistas de clase media. De ahí vienen esta y otras incoherencias.