A las circunstancias aludidas en la entrega anterior, hay que añadir los primeros actos de terrorismo de ETA, que aumentaron la tensión en el País Vasco y, en consecuencia, el conflicto entre la clerecía de base y la Curia y, de rebote, entre ésta y el Gobierno.
Más que un conflicto entre la Iglesia y
el Estado, pues la Iglesia formaba parte del propio Estado franquista, que era confesional,
lo que realmente se acentuó fue la tensión del bajo clero y la feligresía con el
Gobierno.
Estos son los hechos más relevantes del
año, en el ámbito que nos ocupa.
El 23 de enero, el TOP condenó a Alfonso
C. Comín (miembro del PSUC) a 16 meses de cárcel por un artículo publicado en
un semanario católico francés.
El 6 de febrero, comparecían ante el TOP
cuatro sacerdotes vascos, acusados de participar en una manifestación.
El 10, un tribunal militar condenó a un
soldado a 6 años de cárcel por negarse a prestar servicio en sábado, porque lo
prohibía su religión. Según Amnistía Internacional, 50 objetores de conciencia
estaban en la cárcel por negarse a prestar el servicio militar.
El día 17, el Gobierno autorizó la
enseñanza del vascuence en las escuelas públicas.
El día 10 de marzo, el clero vasco
emitía una nota de protesta por la detención de diez militantes nacionalistas
en Vitoria.
El 14 de abril, Pascua de Resurrección,
el Gobierno desplegó, en el País Vasco, la policía para impedir la celebración
del Aberri Eguna (Día de la patria vasca).
En Madrid, el día 10 de mayo, se produjo
un hecho que mostró un rostro bien diferente de la Iglesia, cuando 300 personas
asistieron a una misa por Adolfo Hitler y los que fallecieron defendiendo la “civilización
occidental y cristiana”. No fue la única vez.
El día 7 de junio, el asesinato del guardia
civil José Pardines, en un control de carretera, por Javier Echevarrieta,
miembro de ETA, y la muerte de este, por disparos de la guardia civil, en otro
control, reavivaron la tensión entre la Iglesia y el Gobierno.
El día 10, un grupo de sacerdotes ocupó
durante varias horas el obispado de Bilbao, en protesta por la represión ejercida
por la policía sobre los asistentes a las misas por el alma de Javier
Echevarrieta.
En julio, presionada por una carta de
trabajadores, la Conferencia Episcopal expresó su apoyo a la libertad sindical
y al derecho de huelga. En el mismo mes entró en funcionamiento la cárcel
concordataria de Zamora.
El día 1 de agosto, seis sacerdotes
ingresaron en la cárcel de Zamora y otro en la prisión de Basauri por el impago
de multas gubernativas.
El día 2, tras el asesinato del comisario
de policía, Melitón Manzanas, a manos de un comando de ETA, el Gobierno decretó
el estado de excepción en Guipúzcoa durante tres meses. Para facilitar la labor
represiva de la policía, pocos días después aprobó el Decreto-Ley sobre Represión
del Bandidaje y el Terrorismo, cuya aplicación en todo el país generó
arbitrariedades, malos tratos y torturas, y, pronto, las lógicas protestas.
El día 15, la Confederación
Internacional de Sindicatos Cristianos denunció la oleada represiva en el País
Vasco, y el día 16, cuarenta sacerdotes ocuparon como protesta el obispado de
Bilbao.
El día 1 de septiembre, en las iglesias donostiarras
se leyó una carta pastoral del obispo que acusaba al Gobierno de emplear la
violencia y de vulnerar el Concordato. El obispado de Bilbao rechazó el proceso
judicial incoado a 66 sacerdotes por firmar una carta denunciando la represión gubernamental.
El 17, era detenido el etarra Juan José
Etxabe.
El 27, un consejo de guerra condenó a
dos años de cárcel a José María y a Agustín Ibarrola.
El dos de octubre, falleció Aureli
Escarré, abad de Montserrat. Más de 15.000 personas asistieron a su entierro,
que se convirtió en un acto de afirmación catalanista.
El 29 de octubre, el Gobierno prorrogó
tres meses el estado de excepción en Guipúzcoa.
El 4 de noviembre, 60 curas se encerraron
en el seminario de Derio (Bilbao), en protesta por el silencio de la Curia ante
la represión policial. Solicitaban la dimisión del obispo y la renuncia de la
Iglesia a los privilegios del Régimen.
El día 6, el TOP solicitó penas de 10 a
16 años de cárcel para cuatro jóvenes acusados de pertenecer a ETA.
El 12, en Bilbao, dos de los sacerdotes
encerrados en Derio asistieron a un coloquio en la Facultad de Económicas. El
obispado les amenazó con la suspensión “a divinis”.
El día 18, 550 sacerdotes bilbaínos enviaron
una carta al Vaticano solicitando que interviniese en la diócesis. Designado
administrador apostólico por Roma, monseñor Cirarda se hizo cargo del obispado
de Bilbao el día 20.
Ese mismo día, la Conferencia Episcopal
recibía un escrito de 39 enlaces sindicales del Metal solicitando su ausencia
en las Cortes cuando se aprobase la Ley Sindical.
Tras casi un mes de encierro, el día 29,
los 60 sacerdotes abandonaban el seminario de Derio y denunciaban la represión
para aniquilar la etnia vasca y al pueblo trabajador.
Doce de diciembre. Detención de 11
militantes nacionalistas en Bilbao. En Madrid, 14 mujeres, madres y esposas de
presos políticos, se encerraban en la iglesia de los jesuitas. El día 15,
doscientas personas se congregaron ante la iglesia de Caño Roto para exigir
mejor trato a los presos de Carabanchel.
En 1969, la Encuesta Nacional del Clero
indicaba que casi la mitad de los sacerdotes españoles simpatizaba con ideas
políticas cercanas a la izquierda; casi la mitad -el 47%- de los curas jóvenes
era partidaria del socialismo y sólo el 10% del clero defendía a la dictadura.
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