En el ámbito laboral, las reclamaciones de los trabajadores habían aumentado desde principios de la década, indirectamente favorecidas por la Ley de Convenios Colectivos de 1958, que pretendía estabilizar los precios al suprimir las subidas generales de salarios, haciéndolas depender de los acuerdos entre empresas y trabajadores. Fragmentaba, además, las reclamaciones laborales, dividía las luchas, reducía la resistencia a los planes patronales y despolitizaba los conflictos, al desviar las demandas hacia el capital privado en vez de hacia el Gobierno.
Como un efecto del Plan de
Estabilización de 1959, que tuvo un coste muy alto para los asalariados, pues
pagaron el saneamiento del sistema económico con deterioro de su situación de vida
y trabajo -congelación salarial, contracción del consumo, reducción de
plantillas, paro, migración interior y exterior y aumento de impuestos
indirectos-, las protestas de los trabajadores fueron en ascenso, extendiéndose
desde la minería asturiana, en 1962 y 1964, a otras ramas y provincias,
principalmente al sector del metal y a zonas industriales.
La industrialización produjo el aumento
y la concentración de trabajadores en
grandes ciudades y zonas y polos de desarrollo, lo cual tendió a unificar
las condiciones de trabajo y facilitar la organización y coordinación de las
luchas, y atizó la tensión con los empresarios en la disputa por el reparto del
excedente obtenido en la producción de bienes y servicios; es decir, reprodujo
el conflicto entre el capital y el trabajo, entre los salarios y los
beneficios; la lucha de clases, en suma, que el Régimen creyó haber desterrado suprimiendo
los partidos políticos y sindicatos de clase y uniendo a patronos y trabajadores
en un solo sindicato nacional, bajo control estatal.
La tímida liberalización auspiciada por los
ministros tecnócratas que pretendía ofrecer una imagen menos politizada del
Régimen favoreció ese clima. En el Código Penal se modificó la tipificación de
la huelga como delito de sedición, aunque conservó ese carácter para
funcionarios y empleados públicos; en 1964, con motivo de cumplirse los “XXV
años de paz”, se decretó un indulto parcial, en 1965 se promulgó la Ley de
Asociaciones y en 1966 la Ley de Prensa e Imprenta.
Por otro lado, el Régimen quiso revitalizar
su burocratizado sindicato a través de unas elecciones, en las que los
trabajadores pudieran elegir a sus representantes (enlaces sindicales). El
artífice de esta operación de “maquillaje” fue el polimórfico José Solís, que
intentó, sin éxito, que la Organización Sindical Española fuese reconocida por
la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Ese clima de limitada tolerancia permitió que
las candidaturas obreras impulsadas por las comisiones obreras obtuvieran
bastantes representantes en las elecciones sindicales de 1966, en algunos
lugares en puestos de cierto nivel.
Fue después de que CC.OO. convocase a miles de trabajadores en dos jornadas de
protesta, en enero y octubre de 1967, en las principales zonas industriales, cuando el Gobierno percibió su verdadera
dimensión y decidió declararlas fuera de la ley y perseguirlas sañudamente.
Una sentencia del Tribunal Supremo, que consideró CC.OO.
como organización ilícita y subversiva, abrió el camino a sucesivos procesos judiciales
contra sus militantes, de los cuales el más conocido fue el Proceso 1001,
incoado a su plana mayor.
Pero, desde el punto de vista laboral, 1968
fue un año poco agitado, pues se negociaron pocos convenios, por lo que las protestas
y las jornadas de lucha fueron menores que el año anterior. Fue un breve
paréntesis entre 1967 y 1969, años más conflictivos y sometidos a la represión,
ya que el Gobierno decretó sendos estados de excepción.
No obstante, en 1968 hubo jornadas de
lucha a primeros de mayo y protestas contra la nueva ley sindical, con la cual
el Régimen intentaba hacer frente a las luchas obreras y Falange asegurarse el
control de los trabajadores, que se le escapaba. Hubo encierros de mujeres en
apoyo de trabajadores sancionados o detenidos, así como huelgas en empresas
importantes como Pegaso, Standard Eléctrica, SEAT y en la minería, en HUNOSA,
con la consiguiente represión patronal y policial. Hubo también continuas
vistas en el Tribunal de Orden Público contra trabajadores y sindicalistas por
participar en huelgas y protestas, así como contra estudiantes, militantes
nacionalistas y sacerdotes, que fueron muy activos en ese año.
En 1968, se contaron 551 conflictos
colectivos frente a 1.595 en 1970, ocurridos con preferencia en Asturias y el
País Vasco; el 41 por ciento en el sector minero, el porcentaje más alto,
seguido del siderometalúrgico, con el 17 por ciento.
Por otra parte, a diferencia del
movimiento estudiantil, los acontecimientos del extranjero ejercieron escasa influencia
sobre el movimiento obrero, que fue más autónomo y original en sus
reclamaciones y tácticas de lucha.
Respecto a los hechos más relevantes del
año en el ámbito laboral, hay que recordar que, en marzo, la policía desalojó violentamente
una asamblea de trabajadores en la factoría de Pegaso (Empresa Nacional de
Autocamiones), en Madrid, detuvo a 25 trabajadores y 40 fueron despedidos por la
dirección de la empresa, lo cual provocó una huelga de protesta.
El 29 de marzo, el TOP condenó a 9
mineros asturianos a penas que iban de 6 meses a 4 años de cárcel, y a 4
trabajadores que protestaban en Bilbao por los despidos en Laminación de Bandas
en Frío. Días después, los sindicalistas Marcelino Camacho y Julián Ariza
comparecieron ante el TOP.
El mes de abril concluyó con la
ocupación de la fábrica Rockwell-Cerdán, en Gavá (Barcelona), por los
trabajadores, y con las detenciones en toda España con que la policía trató de
impedir los días de lucha decididos por CC.OO. con motivo del día 1 de mayo, en
solidaridad con las huelgas de Pegaso y Standard en Madrid y SEAT en Barcelona.
El día 30 de mayo, presidido por el Delegado
Nacional de Sindicatos, José Solís, se celebró en Tarragona el IV Congreso
Sindical, que aprobó la nueva ley sindical, ya rechazada por representantes de
los trabajadores.
El 18 de junio, el TOP impuso diversas
penas de cárcel a una docena de trabajadores asturianos, miembros del PSOE y de
UGT.
El 22 de julio, una delegación de
obreros del metal solicitó a la Conferencia Episcopal que rompiera su silencio
y defendiera la doctrina social de la Iglesia respecto a los derechos laborales.
En respuesta, la Curia declaró que apoyaba la libertad sindical y el derecho de
huelga.
El 15 de octubre, el Tribunal Supremo
confirmó el carácter ilegal y subversivo de las Comisiones Obreras y el día 29,
diez mil mineros fueron a la huelga en protesta por el despido de varios
compañeros.
El 19 de noviembre, la policía detuvo,
en Valencia, a 21 sindicalistas, y el día 20, treinta y nueve enlaces
sindicales de la rama del metal entregaron un escrito a la Conferencia
Episcopal, solicitando que ningún prelado asistiera a la aprobación de la Ley
Sindical en las Cortes.
El 28 de noviembre, 15.000 mineros asturianos
se declararon en huelga por la muerte de tres compañeros en accidente laboral.
Al entierro asistieron más de 20.000 personas. HUNOSA amenazó con no pagar las
indemnizaciones si no se reanudaba el trabajo.
A mediados de diciembre, en Madrid,
grupos de mujeres de presos políticos se encerraron en iglesias para exigir mejor
trato a los presos de la cárcel madrileña de Carabanchel.
En vísperas de Navidad, 43 presos
políticos de la cárcel de Soria, entre ellos Marcelino Camacho y José Sandoval,
miembros de las comisiones obreras, iniciaron una huelga de hambre, que se extendió
a otras prisiones.
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