A medida que se ha ido caldeando el ambiente
político con la evolución del “Procés”, han ido apareciendo en el debate, en el
cruce de acusaciones y en la consiguiente producción de titulares, palabras que
sirven para imponer fáciles etiquetas al adversario o, a falta de mejores
razones, se usan directamente como insultos, pero son términos que se utilizan
con poco rigor. Se habla, se denuncia, la democracia perseguida y se pontifica
sobre el nazismo, el fascismo y el franquismo,
para comparar o para caracterizar el momento que atravesamos.
El vigente sistema democrático es
manifiestamente mejorable y precisa una renovación que ya va siendo urgente,
pues, gastado por el uso y sobre todo por el mal uso y el abuso que se ha hecho
de las instituciones, hace agua por varios puntos y uno de ellos es la
organización territorial.
También es manifiestamente mejorable la acción
del Gobierno, que, aparte de la funesta trayectoria que arrastra, en el caso
del “Procés” se ha mostrado torpe, contradictorio, moroso y harto incompetente,
pero de eso a comparar lo que sucede con dictaduras como el nazismo, el
fascismo o el franquismo va un trecho bastante largo.
El nazismo y el fascismo nos quedan bastante lejos,
pero el franquismo lo tenemos cerca, aunque algunos que no lo han conocido
hablan de oídas y otros que lo han olvidado parece que también lo hacen. Así
que debemos recordarlo, aunque sea sintética y brevemente.
Lo que se conoce como dictadura franquista era
un régimen político centralizado, con mando único y representación política
corporativa (“democracia orgánica”),
asentado sobre tres instituciones de corte vertical y autoritario: el Ejército,
la Iglesia y el Movimiento Nacional o partido único.
En la cúspide del poder del Estado estaba
Franco, el Generalísimo o el Caudillo, que concentraba en su persona la Jefatura del Estado, del Ejército, del
Movimiento Nacional y del Gobierno (hasta 1973, en que la ocupó Carrero
Blanco). Ostentaba la presidencia del Consejo Nacional del Movimiento
(inspirado en el Gran Consejo Fascista italiano) y de la Junta de Defensa
Nacional, designaba a los presidentes del Consejo del Reino (órgano asesor del
Caudillo) y del Consejo Nacional, de las Cortes Generales, del Tribunal
Supremo, del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Economía Nacional. Nombraba a
los ministros, a cuarenta consejeros nacionales, a veinticinco procuradores en
Cortes, al Jefe de la Organización Sindical, gozaba de iniciativa legislativa, intervenía
en el nombramiento de obispos, se reservó el privilegio de conceder títulos
nobiliarios y designó a su sucesor con el título de rey.
La participación popular se hacía a través de
la familia, el municipio y el sindicato, pero no de modo individual y
libremente. El sindicato, o Central Nacional Sindicalista, era único para
trabajadores y empresarios y de afiliación obligatoria, sus mandos procedían
del Movimiento y sus cargos más altos eran designados por Franco.
Las dos terceras partes de los cargos
municipales no eran de elección popular; ayuntamientos y diputaciones eran regentados
por miembros del partido único.
La participación popular directa estaba
reservada a los cabezas de familia en la elección de concejales del tercio
familiar, y a los trabajadores en la elección de los enlaces y jurados de
empresa, dentro del Sindicato Vertical. Cualquier otra forma de organización
política o sindical al margen de las establecidas estaba prohibida, perseguida
y era severamente castigada.
Existían organizaciones de masas de inspiración
fascista como la falangista Sección Femenina, dirigida por la hermana del
fundador, la Organización Juvenil Española, el Sindicato Español Universitario
y otras dedicadas a mantener el folclore nacional (Coros y danzas) y al ocio,
como Educación y Descanso, que imitaba a la italiana Dopo Lavoro.
El Estado imponía formas de participación
obligatoria: a los hombres el servicio militar y a las mujeres el Servicio
Social. Sin cumplir dichas obligaciones no se podía disponer de pasaporte.
Las Cortes, o parlamento corporativo a
imitación del italiano, no eran depositarias de la soberanía nacional, ya que
esta se concentraba en la Jefatura del Estado. Estaban formadas por tres tipos
de procuradores: los procuradores natos, que lo eran por razón de su cargo; los
procuradores electivos, con un mandato de cuatro años y reelegibles, y los
procuradores designados, que por su cargo en la jerarquía militar,
eclesiástica, administrativa o por haber rendido relevantes servicios a España,
eran designados directamente por el Jefe del Estado, hasta un máximo de veinticinco.
Las Cortes se componían de la Mesa (el
Presidente de las Cortes y dos vicepresidentes), los miembros del Gobierno y
los procuradores del grupo de altos cargos (el Gobierno y los presidentes del
Tribunal Supremo, del Consejo de Estado, del Consejo Supremo de Justicia
Militar, del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Economía Nacional), elegidos
por el Jefe del Estado; los procuradores del grupo sindical, no elegidos por
los afiliados sino por las juntas centrales de los sindicatos; los procuradores
del grupo local o representantes de ayuntamientos y diputaciones provinciales,
elegidos uno por provincia y uno por diputación; los procuradores del grupo del
Movimiento, o consejeros nacionales, que, al margen de las Cortes, formaban el
Consejo Nacional; los procuradores representantes de colegios (abogados,
ingenieros, médicos, agentes de cambio y bolsa, notarios, registradores,
doctores y licenciados, etc), de las cámaras de comercio, propiedad y de
inquilinos y de asociaciones profesionales; por los procuradores representantes
del ámbito de la cultura (rectores de universidades, Instituto de España, representantes
de las reales academias, del CSIC); los procuradores (25) por designación
directa del Jefe del Estado; los procuradores del grupo familiar, dos por cada
provincia, elegidos por cabezas de familia y por mujeres casadas mayores de
edad. Las varones alcanzaban la mayoría de edad a los 21 años; las mujeres a
los 25 años.
Hay que recordar la labor adoctrinadora del
Régimen, pues la religión, la política (Formación del Espíritu Nacional) y la
gimnasia, llamadas de modo coloquial “las tres marías”, eran asignaturas
obligatorias a lo largo de la vida escolar y parte de la académica; y también que
existía la censura sobre lo que se decía, publicaba y exhibía (en cines y
teatros) y que el Régimen poseía un potente aparato de propaganda, controlado
por el Movimiento, formado por Radio Nacional de España y las agencias EFE y PYRESA,
que seleccionaban las noticias, TVE, con dos canales; por la cadena de Prensa
del Movimiento, que publicaba 40 diarios y varias decenas de revistas, y por tres
cadenas de radio -la Cadena Azul de Radiodifusión, la Red de Emisoras del
Movimiento, la Cadena de Emisoras Sindicales- que sumaban casi un centenar de
emisoras repartidas por todo el territorio nacional.
Para más información, véanse los derechos y
deberes de los ciudadanos contenidos en las Leyes Fundamentales del Régimen,
compárese todo ello con lo que tenemos ahora y se verá que no hay color, aunque
el régimen vigente tenga muchos tonos grises e incluso zonas de negra sombra.
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