Good morning, Spain, que es different
Con
la fanfarria acostumbrada el President Puigdemont públicamente ha presentado otro
anuncio -de anuncio en anuncio y tiro porque me toca- sobre el referéndum de
autodeterminación, que debe celebrarse, según sus cuentas, el próximo 1 de
octubre.
Es
un anuncio sobre la proposición de ley, hasta ahora un papel, realizado con
gran solemnidad en el Teatro Nacional de Cataluña, en un acto para amigos
incondicionales y de cara a la galería, porque no se trata de una ley, ni siquiera
de un proyecto de ley, puesto que no ha entrado en el Parlament a través del
registro y no ha sido aprobado ni siquiera debatido. Eso se deja para más
adelante, para hacerlo a última hora, con prisas y lectura única, con la
intención de que el Gobierno no tenga tiempo de recurrir lo acordado en el
Parlament. Van dados si creen que Rajoy se va a estar quieto.
Se
conoce la fecha del refrendo y, desde luego, la intención de celebrarlo, pero
no se conoce el censo de posibles votantes, y hasta ahora no hay urnas, no se
sabe si habrá funcionarios o serán voluntarios quienes se ocupen de la mecánica,
ni de cuantos locales dispondrán los organizadores, aunque parece que las
dependencias están garantizadas en pueblos y localidades pequeñas y en Gerona. El
“papel” tampoco fija un porcentaje mínimo de participación para declararlo válido,
pero basta con que el número de votos afirmativos sea superior al de negativos
por un solo voto, para que el resultado se considere válido y, por tanto, para
que Cataluña sea declarada un país independiente, suponemos que por Puigdemont
y su Gobierno (¿o también por voluntarios?), en el plazo de dos días. Una
chapuza escasamente democrática.
Mucha
prisa, ninguna pausa; improvisación, grandielocuencia y una base legal muy poco
fiable, pues ni las leyes nacionales ni las internacionales, tampoco la Unión
Europea, que lo ha reiterado, ni la ONU, respaldan la secesión de Cataluña,
porque no está en un Estado autoritario, aunque el Gobierno sea proclive al
centralismo y en este caso no se haya distinguido por sus explicaciones, ni
bajo dominación colonial. Y ahí va una pregunta que deberían plantearse los
anticapitalistas que apoyan el “procés”. ¿Es posible que las normas laborales
de la “metrópoli” hayan sido inspiradas por representantes de la “colonia”
oprimida?
Con
iniciativas propias o apoyando las del Gobierno central, CiU ha estado siempre dispuesta
a restringir derechos laborales, moderar salarios y flexibilizar la
contratación de trabajadores en toda España, no sólo en Cataluña. El gobierno
de CiU, en Cataluña, ha sido pionero, antes que el de Rajoy, en aplicar
recortes al Estado del Bienestar y en externalizar servicios públicos (y
pionero en corrupción, ¡ojo! Banca Catalana).
Otro
dato: el primer presidente y confundador de la patronal española, Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), fue el catalán Carlos Ferrer
Salat (1977-1984), procedente de la patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional,
y el actual, desde 2010, es Joan Rosell, también catalán. Recuérdese el
programa fundacional de la CEOE, recogido en parte en la Constitución y en sucesivos
pactos sociales y aplicado en las empresas de todo el país: defensa del
capitalismo (léase economía de mercado) y de la competitividad, homologación de
la legislación laboral española con la europea, rebaja de impuestos a las
empresas y de las cotizaciones a la Seguridad Social, reducción del tamaño sector
público. Y hoy comprometida hasta el tuétano con la globalización neoliberal y
el capitalismo salvaje, que salta fronteras territoriales y morales, mostrando,
una vez más, que el capital no tiene patria.
Recuérdese también que Francesc
Cambó, fundador de la Lliga, diseñó el sistema bancario de la monarquía alfonsina,
de la república, de la dictadura franquista y que pervivió hasta la gran reforma
de la banca en los años ochenta ¿Cataluña, una colonia?
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