Good morning, Spain, que es different
Es
difícil entender la postura reservada de Rajoy y del Gobierno ante el desafío
de los nacionalistas catalanes. Los silencios del Presidente son conocidos, así
como tancredismo -aguantar hasta que escampe- y su aversión a rendir cuentas; estando
como parece que está a hacer lo que le manden desde Berlín o Bruselas, la
palabra iniciativa está desterrada de su repertorio sin que el llamado problema
-problemón- catalán le haya hecho cambiar de actitud.
El
Gobierno está constitucionalmente obligado a defender la soberanía nacional y
la unidad territorial, pero se refugia en lo obvio: en que hay que respetar la
ley y la Constitución, sin más razones. Es una posición más propia de un
gendarme que de un político y para eso no hace falta un gobierno. La defensa de
la ley sin más argumento es una posición debilísima, porque lo que se opone a
la ley es otra ley, surgida de otra (aparente) legitimidad; ley contra ley,
nación contra nación. Ahí está el debate teórico, jurídico, político e
ideológico que hay que librar con los nacionalistas, pero Rajoy se empecina en
repetir que hay que respetar la ley y la Constitución, como si fuera portador
de las Tablas de Moisés, que todo el mundo debe acatar sin discusión. Pero hay
gente que no las quiere acatar.
La
alusión a la necesidad de aplicar la ley debería ser la última razón para
disuadir a los nacionalistas catalanes de su aventura, pero no la única razón,
porque lo que ha faltado por parte del Gobierno son razones, argumentos en
contra del discurso de los secesionistas, desmontando, en primer lugar, los dislates
más gruesos de su relato y aportando, en positivo, con la abundante información
que posee, argumentos que lleven a reflexionar sobre la conveniencia, económica
y también política, para Cataluña de permanecer en España; es decir, explicar las
ventajas de la unión y las posibles desventajas de la secesión, pero este
trabajo lo han hecho otros, no el Gobierno.
En
segundo lugar, para un partido que está siendo investigado por corrupción, por financiación
ilegal y por utilizar los resortes del Estado para combatir a sus adversarios
políticos, es decir por vulnerar la ley de manera continua a lo largo de
décadas, refugiarse en la estricta aplicación de la ley es sencillamente
suicida y denigra a la propia ley de que dice defender y a las instituciones
que deben aplicarla.
El
que calla, otorga. El gobierno desde hace demasiado tiempo ha venido callando y
otorgando, y la alusión de la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, a la
función de las fuerzas armadas de garantizar la soberanía y la integridad
territorial es imprudente -y obvia- y no suple el trabajo de argumentar que no se ha hecho hasta ahora.
Ante el silencio del Gobierno,
queda en manos de los catalanes no nacionalistas defenderse de los planes de
quienes, en 48 horas, les quieren convertir en ciudadanos de otro país.
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