No está de más recordar el uso perverso de los
resortes del Estado de derecho que han
hecho quienes han gobernado el país los últimos cuatro años, y que hoy lo siguen haciendo pertrechados
con extraordinarias e ilegítimas competencias.
Mariano Rajoy ha utilizado la mayoría absoluta
para gobernar como un autócrata, ha sido
el Jefe del Gobierno que más veces ha utilizado un procedimiento de urgencia
(más que Aznar, incluso), como es el decreto-ley, para legislar de forma
ordinaria sobre asuntos de tanta trascendencia como la reforma laboral o el
rescate de la banca (decidido sin debate), y hacerlo desde bien pronto (el
primer año: 16 leyes y 28 decretos); en total 75 decretos de una suma de 145
proyectos de ley; de los 163 tramitados, 59 lo han hecho por la vía de urgencia.
Es un Gobierno que ostenta el demérito de haber reformado 26 leyes de una vez y
sin debate parlamentario, y que más veces ha rechazado la comparecencia de
Rajoy y de los ministros en las cámaras y ante los periodistas.
Rajoy ha sido el gran ausente en el Congreso,
el gran silencioso y el gran mentiroso: en los tres primeros años, el PP
rechazó el 63% de las peticiones de comparecencia; en 105 ocasiones ha vetado la
de Rajoy, en 22 ocasiones la de Ana Mato, aunque también las de otros miembros
del Gabinete, como la ministra Báñez, el ministro de Defensa o el de Interior.
La norma ha sido rechazar de oficio la rendición de cuentas y, por supuesto, eludir
cualquier responsabilidad política.
Rajoy ha estado ausente en el 85% de las
votaciones y sólo ha comparecido en el Congreso dos veces de forma extraordinaria;
una vez (el 1 de agosto de 2013) a propósito del caso Bárcenas, y fue para
mentir a la cámara, a pesar de las numerosas peticiones de la oposición para
responder por los casos de corrupción. La Vicepresidenta sólo ha comparecido
una vez en cuatro años en la Comisión Constitucional, a la que debe rendir
cuentas de su actividad.
La
reforma de la administración de Justicia, la polémica Ley de Enjuiciamiento
Criminal, que acorta el tiempo de investigación de los jueces, la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de
Protección de la Seguridad Ciudadana (“ley mordaza”) forman un paquete
legislativo propio de una situación extraordinaria, que no se da en el país,
pero necesario para dotar al Gobierno de los excepcionales poderes que necesita
para aproximarse lo más posible a la forma de gobernar del general Franco.
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