Good morning, Spain, que es different
España es un país políticamente insólito. Y una
de las situaciones insólitas en que estamos metidos es la que muestra al Gobierno
(viejo) negándose a rendir cuentas ante el Congreso (nuevo) para informar sobre
asuntos corrientes o sobre otro que no es baladí, como es la posición española
en la conferencia europea sobre el problema de los refugiados procedentes de
Siria.
En el Partido Popular justifican este desafío al
poder legislativo con la argucia de que se trata de un gobierno en funciones,
cuando esa misma situación interina no ha impedido al Gabinete tomar decisiones
que tendrán vigor durante más de medio siglo. Aducen que, careciendo de la
confianza de la cámara, el Gobierno no debe someterse a ella, cuando esa debe
ser la razón más poderosa del Congreso para someterlo a su control y evitar que
se exceda en las funciones que le competen. Es una interpretación tan
interesada como paradójica argüir que un gobierno en funciones (ordinariamente
provisional) puede estar menos sometido a control parlamentario que otro que
goza de la confianza de la cámara, pero delata el ideal autoritario de gobernar
sin límites, sin testigos ni controles.
La Vicepresidenta recurre a la separación de
poderes como argumento de autoridad, pero la utiliza de modo torticero para justificar
la total independencia del Gobierno respecto a las Cortes. Según esta nueva
teoría de la democracia, de la que los ciudadanos han tenido sobradas muestras
de su aplicación en los últimos cuatro años, las urnas sirven para elegir a los
diputados, pero después de nombrado el gobierno la ciudadanía se disipa,
desaparece la soberanía nacional y sólo queda el Ejecutivo, que manda y dispone
a su antojo sin rendir cuentas de sus actos. El hecho de que el Gobierno esté
en funciones no altera la sustancia de la teoría, pues continúa investido de
todos los poderes del Estado, debido a que todavía controla la cúpula de las
instituciones que ha “okupado” durante la legislatura ya periclitada. El
Ejecutivo subsume al Estado, al Partido y también a la Nación, que deja de ser
soberana, para ser una colectividad dependiente de lo que decide un gobierno
investido de poderes extraordinarios. Lo cual, como afirma Carl Schmitt, lo
convierte en el verdadero soberano porque decide sobre lo excepcional, sobre lo
que no está legislado o está por encima de lo legislado, en este caso, su forma
de actuar al margen del Congreso y de la propia Constitución, que, por otra
parte, ha sido abolida concienzudamente durante la legislatura, en lo que atañe
a los derechos civiles y sociales de la ciudadanía.
En cuanto tiene ocasión, Rajoy solicita que se
deje gobernar a quien ganó las elecciones, como si alguien hubiera querido impedirlo,
y repite que el Partido Popular fue el partido más votado el 20 de diciembre,
como si el Gobierno únicamente debiera tener en cuenta a sus votantes, que,
recordémoslo, sólo suponen el 29% de los votos emitidos y el 20% del censo.
De este modo tenemos (padecemos) un gobierno
que representa a una minoría, colocado por encima de la soberanía de los
ciudadanos, que reside en Cortes, y que no rinde cuentas ante nadie (tampoco
ante sus seguidores), a no ser que lo haga ante Merkel, Juncker, el FMI o ante
Dios y ante la Historia, como hacía Franco.
Tenemos un gobierno con fecha de caducidad, pero
encastillado y desafiante, y tenemos un partido gobernante voluntariamente
marginado de los intentos de concertar la investidura de un nuevo presidente
del gobierno, como si quisiera prolongar lo más posible esta situación tan insólita
como favorable para sus intereses.
En
realidad, nada de lo que sucede es sorprendente, si se tiene en cuenta la
trayectoria del Partido Popular desde hace décadas y cuál es su habitual forma
de gobernar, tan llena de resabios franquistas. Es más, este anómalo estado de gobierno
de excepción, no contemplado en la Constitución, parece el colofón más adecuado
a un mandato cuajado de desplantes al Congreso y a la opinión pública, y pródigo
en actos atrabiliarios para justificar unas medidas que han hecho retroceder el
país a situaciones que creíamos ya superadas y para entorpecer la investigación
de los cientos de casos de corrupción que anegan al partido gobernante.
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