Se sigue celebrando el proceso al
“procés” en el Tribunal Supremo. Un “juicio político”, según la versión
nacionalista, a una (unilateral) “declaración política”, o “simbólica”, “sin
efectos jurídicos” y basada en la libertad de expresión, en la defensa de la
democracia y en la voluntad del pueblo catalán -un solo pueblo-, que es
soberano en función de otra (reciente y unilateral) declaración política.
Un acontecimiento histórico que se suma
a otros de similar trascendencia ocurridos en el pasado, hacia donde se
desplaza con facilidad la imaginación nacionalista para recordar la historia de
la Cataluña heroica oprimida por España, por Castilla o por Madrid. 1934 ¡Ah,
Companys!, 1931 ¡Ah, Maciá! y más atrás, 1714, ¡Ah, Casanova!, aún más atrás,
al origen, a tiempos de Ramón Berenguer y antes ¡Ah! Wilfred el Pilós y el
escudo con las cuatro barras rojas…
Pero ese recuerdo fabricado de un pasado
idealizado olvida, deliberadamente, la aportación de los catalanes a la
Cataluña actual y, claro está, a la España de hoy, que fue cualitativamente
superior a la aportación de otras regiones cuando se ponían las bases del
vigente régimen político; es decir, sucesos de anteayer.
No vienen al caso los resultados de los refrendos
de 1976, de 1978 y 1979, sobre el respaldo popular que tuvieron en Cataluña las
reformas, sino el destacado papel que tuvieron algunos dirigentes catalanes en
los años de la Transición.
La Comisión Negociadora de la Oposición (o comisión de los Nueve)
Cuando la unidad de las fuerzas de la
oposición a la dictadura, que nunca fue
estable ni completa, se tejía costosamente en la clandestinidad, en
cenáculos, entre rumores y secretos, algunas personas jugaron un papel importante,
que cristalizó no sólo en la fundación de plataformas políticas locales y/o
regionales, sino en la fusión de las dos mayores -la Junta de Democrática y la
Plataforma de Convergencia Democrática- en la Plataforma de Organizaciones
Democráticas (POD, “Platajunta”), de composición políticamente variopinta, con
independencia del respaldo social que tuviera detrás cada uno de los grupos que
la integraban.
Obedeciendo a este criterio de primar la
representación cualitativa sobre la cuantitativa, la POD eligió en diciembre de
1976 a los miembros de la comisión que debía negociar con el gobierno de Suárez
las condiciones de la Transición. Las vicisitudes de estos encuentros serían
objeto de otro artículo, pues lo que ahora interesa es la composición de esta Comisión
Negociadora, que estuvo formada por Felipe González (PSOE), Santiago Carrillo
(PCE), Enrique Tierno Galván (PSP), Francisco Fernández Ordóñez
(socialdemócratas), Joaquín Satrústegui (liberales), Antón Cañellas (catalanes democristianos),
Jordi Pujol (nacionalistas catalanes), Julio Jáuregui (nacionalistas vascos) y Valentín
Paz Andrade (nacionalistas gallegos). No figuraba en ella ningún representante
de los partidos situados a la izquierda del PCE, que estaban presentes de las
plataformas fusionadas.
De los nueve miembros, dos eran catalanes.
Lo cual no es una mala proporción.
La Ponencia constitucional
La Ponencia constitucional,
formada en julio de 1977, elaboró el borrador del texto de la Constitución que
se sometió a discusión en la comisión constitucional del Congreso, luego en el Pleno
del Congreso y del Senado y, finalmente, se llevó a la opinión de la ciudadanía
de todo el país, en el referéndum del 6 de diciembre de 1978.
La Ponencia estuvo formada por
Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca (de UCD, que
había obtenido el 34% de votos válidos en las elecciones del 15 de junio de ese
año), Gregorio Peces Barba (PSOE-PSC; 29% de los votos), Jordi Solé Tura (PCE-PSUC,
9% de los votos), Manuel Fraga (AP, 8% de los votos) y Miquel Roca Junyent (Pacto
Democrático de Cataluña y representaba
también al PNV, que sumaban el 5% de los votos).
De los
siete miembros que tuvo ponencia, dos eran catalanes. Tampoco es mala la proporción
de catalanes entre los llamados “padres de la Constitución”.
El Pacto
de la Moncloa
El Pacto de la Moncloa fue el primer acuerdo
tomado entre partidos políticos con representación parlamentaria para hacer
frente de manera conjunta a la crisis económica. Fue firmado el 25 de octubre de
1977, por Adolfo
Suárez, como Presidente del Gobierno, Felipe González por el PSOE, Joan
Raventós y Josep María Triginer por el PSC, Manuel Fraga por AP, Enrique Tierno
por el PSP, Juan Ajuriaguerra por el PNV, Miguel Roca por PDC, Leopoldo
Calvo-Sotelo por UCD y Santiago Carrillo por el PCE.
De las nueve personas que lo firmaron junto al Jefe
del Gobierno, tres eran catalanas.
Así se puede afirmar, que,
respecto a la clase política, Cataluña tuvo una representación superior a la de
otras regiones en los momentos fundacionales del vigente régimen político; el
mismo régimen que la Generalitat quiso abolir en Cataluña, en otoño de 2017,
valiéndose de artes que poco tenían que ver con la representación democrática.
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