Golpe de togas (y 3). Los caminos de Feijoo

Además de la lógica a largo plazo, ya aludida en la entrega anterior, debemos tener en cuenta los factores que, a corto plazo, concurren en la táctica del Partido Popular, debiendo señalar, de entrada, el fracasado intento, imputable a Casado, de acabar con el Gobierno de coalición, calificado de “ilegítimo” y de “Frankenstein” por su diversidad política; y de “comunista”, “bolivariano” y “criminal”, por Vox.

Arrinconados los cien días de cortesía, el mismo día de la investidura empezó la ofensiva para echar a Sánchez de La Moncloa, que se incrementó, de modo insensato, en los primeros meses de la pandemia, en un esfuerzo contra él, contra su partido, su socio mayoritario y sus apoyos, que no ha cejado con la crisis energética y con los efectos de la guerra en Ucrania. Pese al denuedo invertido, no ha tenido el efecto apetecido de provocar un adelanto electoral, que era una de las hipótesis para congelar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, cuya hegemonía conservadora se quería mantener desde el gobierno de Rajoy hasta el de Casado o de Feijoo.

El Gobierno, con tensiones entre sus socios, ha resistido la embestida, a veces con muchas dificultades, con titubeos, con demoras y prisas, con errores y costes, pero deja, por ahora, una abultada cosecha legislativa -190 leyes- de tipo progresista. Ha logrado aprobar el Presupuesto de 2023, aunque con la elevada factura de los insaciables y poco agradecidos nacionalistas, con lo cual es probable que la legislatura cumpla íntegramente su ciclo. Mientras, en Madrid, modelo de gestión ultraliberal del PP, ni Ayuso en la Comunidad ni Almeida en el Ayuntamiento han logrado aprobar sus presupuestos para el año entrante.

La amenaza de presentar una moción de censura, promovida por Vox, seguido por Cs, ha sido una baza en la ofensiva de la derecha, pero hasta el momento no ha cristalizado, porque el PP no la apoya, ni existe un candidato idóneo a ser el presidente de un gobierno alternativo. Y aquí se percibe que el golpe de togas ha sido un gesto de Feijoo para marcar su terreno ante la iniciativa y el discurso de Vox. Con esto llegamos a otro de los factores, el electoral.

En un año con tres elecciones -municipales, autonómicas y generales-, que la derecha espera utilizar para acabar con el experimento del primer gobierno de coalición, las encuestas no dan, por el momento, un holgado ganador, sino un empate técnico o una ligera ventaja del PP sobre el PSOE, que le obligaría a gobernar con apoyo de Vox.

Feijoo ha perdido el posible encanto que le reportó la novedad de suceder a Casado y la expectativa sobre su potencial capacidad como dirigente nacional. Pronto se desvaneció la gran esperanza blanca, pues la flema gallega dio paso a la táctica habitual: no a todo y bronca perpetua, aunque en voz más baja. Ha rechazado el acuerdo de Casado y el Gobierno para renovar el CGPJ, por lo cual, no parece dispuesto a salir del carril de su predecesor ni de la estrategia de oposición diseñada por Aznar. 

Otro factor digno de tener en cuenta es el cambio en la correlación de fuerzas entre los partidos de la derecha. Vox crece y Ciudadanos se deshace, por lo cual, en el PP prescinden de él y esperan que los militantes del grupo en extinción soliciten la admisión en sus filas de uno en uno y en la clase de tropa.

El ascenso de Vox muestra la pugna de dos derechas convergentes surgidas del mismo tronco ideológico y biológico -el franquismo-, que utilizan similar táctica de acoso y derribo de cara al Gobierno y que, en ciertos segmentos y ante ciertos temas, cuesta distinguir, a pesar de las constantes invocaciones de los genoveses a la Constitución, a la moderación y al centrismo, actitudes que, según algunos expertos, existen dentro del Partido, aunque públicamente no se perciban. Pero haberlas, haylas, dicen.

Realmente, la presunta moderación de Feijoo es una táctica digna de la finura vaticana -moderar la forma y mantener el dogma-, que requiere un reparto de papeles: el comedido Feijoo aparenta una mesura en la que no cree, pues cuenta con la misma portavoz de Casado en el Congreso y con el coro de camorristas en la bancada para mantener inalterable la tríada ideológica que define la identidad del PP: autoridad, propiedad y desigualdad.

Cuando existía Cs, el PP debía competir con él por el voto centrista, pero ahora, Feijoo se enfrenta al dilema de atraer a una parte importante de sus votantes, que se han quedado sin partido útil, y a la vez competir con Vox por el voto más derechista, cediendo a la presión del sector más duro representado por Ayuso. Por tanto, debe actuar mirando con un ojo a la extrema derecha y con el otro a su propio partido, pues sabe que Vox está dentro, y que a él se le pasa el arroz, por eso pide con insistencia un adelanto electoral. Y en esa táctica en la que todo vale, Gamarra siembra dudas sobre las elecciones, sean las inducidas por su táctica obstruccionista o las celebradas cuando se agote la legislatura, si el resultado de ellas no es favorable al PP. Trump y Bolsonaro como santos de cabecera.

Queda otro factor, que es el cambio de orientación en la oposición al Gobierno, dado que seguir predicando la hecatombe económica es poco útil, entre otras razones por la escasa consistencia del programa del PP y porque se notan los efectos de las reformas: la inflación es alta, pero se modera (España 5,6%; media de la UE 9,2%), la “excepción ibérica” en el precio de la energía, que, según Gamarra, iba a salir muy cara, ha supuesto un horro de 4.000 millones y es imitada por otros países; los ERTE han dado resultado y el paro se reduce, aunque en Génova los datos no gusten; los fondos de la UE llegan, a pesar de los intentos del PP de boicotearlos viajando a Bruselas; los planes contra la crisis se van aplicando, a veces con dificultad, la bajada del IVA, las ayudas a las clases más débiles y la subida de pensiones no han quebrado el Estado, la subida del salario mínimo no ha hundido a las empresas, sino que ha salvado a otras (el Banco de España y el FMI se han visto obligados a revisar ese credo neoliberal), los intereses de los oligopolios se pueden tocar y fiscalmente se puede gravar un poco más a la banca; la recesión se aleja y el crecimiento económico del año es probable que supere lo previsto, así que, aun admitiendo  que queda mucho para acabar con la desigualdad, los datos no avalan la demagogia destructiva, so pena de pasar por tonto o por ciego.

Feijoo, que ha cedido ante los sofismas con los que Ayuso tapa el pésimo resultado de su gestión, ha intensificado la lucha ideológica con la letanía de la dictadura de la izquierda, los vínculos con Cuba y Venezuela, las concesiones al feminismo exacerbado, al nacionalismo, al separatismo, las alusiones a ETA, como si aún existiera, y la inminente la balcanización de España. Con lo cual, el PP se acerca al discurso de Vox, carne de su carne y sangre de su sangre, pues ambos proceden de la misma placenta ideológica, pero, al mismo tiempo, compite con él por dirigir la gran coalición de la derecha española, que oscila entre ser extrema o sólo una derecha sin complejos. Y en esa disputa, el golpe de togas ha sido una machada de Feijoo para mostrar, al otro alfa, quien es más capaz de obstaculizar los planes del Gobierno.

El día 27 de diciembre se corrigió, con un rápido acuerdo, quizá inducido por el discurso regio, parte de la anomalía y el Tribunal Constitucional, renovado aunque falto de presidente, podrá acometer el trabajo pendiente y decidir, entre otros, sobre los siguientes asuntos: los recursos del PP y Vox sobre las leyes del aborto, eutanasia, educación, trans y Sí es sí; el uso del castellano en las escuelas catalanas, la Reforma Laboral, el recurso de Ayuso a las medidas de ahorro energético, el de Alberto Rodríguez, privado de su escaño de diputado, los del PP, Cs y Vox sobre la fórmula para acatar la Constitución, los del PP contra la ley que impide hacer nombramientos al CGPJ estando en funciones, los referidos a las dos enmiendas que el Constitucional paralizó el día 21 de diciembre y los que pudieren surgir hasta el final de la legislatura. 

Pero el Consejo General del Poder Judicial, controlado por la derecha desde hace nueve años y del que pende el nombramiento de 72 magistrados para cubrir plazas de altos cargos en el organigrama del aparato judicial (Tribunal Supremo, tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional y audiencias provinciales), sigue esperando a que los dirigentes del Partido Popular decidan acatar la Constitución y accedan a desbloquear su renovación, sólo porque actúan como si el país les perteneciera y, con él, los órganos supremos de la administración de justicia. Lo peor de todo es que, en ellos, hay magistrados políticamente afines que también lo creen y actúan en consonancia con lealtad militante.

9 de enero de 2023

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