¿Qué fue y a qué respondía el “golpe de togas” del día 21 de diciembre?
En
primer lugar, fue un acto de deslealtad institucional del Partido Popular, pero
sobre todo una exhibición de poder, ejercido por encima de previos acuerdos, de
la ley y de la propia Constitución, para forzar a un órgano fundamental del
Estado a actuar de modo torticero y disciplinado, a instancia de un partido de
la oposición con objeto de imponer su voluntad al Legislativo y, por ende, al
Ejecutivo.
Recuérdese
que el minoritario partido, que, al sentirse “desamparado” recurrió al amparo
del Tribunal Constitucional para que “desamparase” a la mayoría de las Cortes,
ostenta 89 escaños, frente a los 182 escaños de la coalición gobernante. El Partido
Popular paralizó la función de las Cortes al solicitar al cauteloso Tribunal
Constitucional, con mandato caducado, la aplicación de una medida cautelar ante
una ley que reformaba la renovación del propio Tribunal, bloqueado por la
testarudez del partido demandante de amparo y por la rebeldía de la mayoría
conservadora del Consejo General del Poder Judicial, porque podía generar un “daño
irreparable”.
Así
que el “golpe de togas” fue otro gesto de desafección del Partido Popular hacia
el Congreso y de desafío hacia el Gobierno, con intención de interferir en el
poder legislativo, como si aún conservara la mayoría absoluta de la etapa de
Rajoy.
Que
el partido político que dice representar a la “mayoría natural” del país, se
obstine en rechazar el papel institucional que corresponde a su respaldo electoral
no es sólo un problema político para el sistema representativo, porque revela
una deslealtad profunda respecto a las reglas del régimen democrático, que sólo
se aceptan cuando dan la victoria, sino también un problema sicológico de sus
dirigentes, instalados en negar y falsear la realidad, que sus afiliados y
votantes deben tener en cuenta.
El
PP, al frente de un recalcitrante grupo de magistrados conservadores, con el
que pretende determinar la actividad jurídica y legislativa del país, el día 21
realizó una maniobra sin riesgo para sus promotores y ejecutores, preparada en
la trastienda del poder judicial, cuyo prestigio, por su docilidad, ha quedado
manchado con la cacicada de Feijoo y, antes, de Casado.
Y,
finalmente, ha sido un órdago; un acto de afirmación y prepotencia de Feijoo, con
una exhibición de fuerza ante los suyos, ante Vox, ante Ciudadanos y ante el
Gobierno, para mostrar quien manda, de verdad, en el poder judicial, lo que
revela un ánimo ventajista, sin respeto alguno con el funcionamiento ordinario
de las instituciones representativas. Un gesto casi desesperado ante una
coyuntura difícil, que tiene explicación cuando se examina desde la perspectiva
del cruce de dos lógicas.
Una
es la lógica estratégica, que guía a largo plazo la intervención del Partido
Popular en la vida pública, derivada de su asentada noción patrimonial del
poder político, que le lleva a rechazar la alternancia en el gobierno y, en
consecuencia, la representación democrática.
Según
esta presunción, cualquier otro gobierno salido de las urnas es calificado, por
principio, de ilegítimo, por lo cual debe ser depuesto de inmediato. Así, la labor
principal del PP en la oposición es acabar con el “gobierno usurpador”, con el
“gobierno intruso”, con una ofensiva que le impida llevar a cabo su programa y
le obligue a adelantar las elecciones, incluso en una situación difícil para el
país por una crisis económica, bélica o sanitaria.
La
estrategia es simple: en España, nadie, que no sea el Partido Popular, puede
gobernar, en particular si es un partido de izquierda, y cuando las urnas -la
molesta democracia- no responden a esta expectativa, el gobierno alternativo,
legal y legítimo, se topa con la deslealtad y la permanente obstrucción del
partido de la derecha convertido en su enemigo.
Esta
ha sido la estrategia de Aznar, Rajoy, Casado y ahora de Feijoo, de la que se
deriva una peculiar noción del régimen democrático, cuya liturgia respeta (a
medias, pues acude a las urnas financiado ilegalmente), con la condición de que
la oposición no pueda gobernar por el bloqueo del poder judicial y por la
pérdida de función del parlamento, inutilizado por la crispación y la bronca, con
el secreto objetivo de pervertir su función y privar de prestigio el debate
político, para llevar a la ciudadanía, con ayuda de la prensa afín, la idea de que
la excitada polaridad se debe al (ilegítimo) intento de gobernar por quien ha
ganado las elecciones y no a la contumaz obstrucción de quien las ha perdido.
Tal situación sólo se puede corregir volviendo, cuanto antes, a un gobierno que
represente de verdad a toda España, a todo el país, no a los parciales
objetivos de la izquierda movida por intereses espurios. Es decir, volver a un
gobierno del Partido Popular, el único que es legítimo, el único que sabe
gobernar, porque carece de la ideología extrema de su antagonista y sólo piensa
en el bien y en la unidad de la patria.
7 enero, 2023, para FB y El obrero
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