Sigue la comedia

Good morning, Spain, que es different

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (de Cataluña, recalco) ha impuesto sendas  penas de inhabilitación a Artur Mas, ex Presidente de la Generalitat (dos años), a la vicepresidenta Joana Ortega (un año y nueve meses) y a la consejera Irene Rigau, la catalanizadora de escolares (un año y medio), por haber organizado la consulta secesionista, acto participativo o como quieran llamarlo, del 9 de noviembre de 2014, a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional.

El TSJC ha considerado que la resolución del alto Tribunal era clara y perfectamente entendible para personas de su formación y que, por tanto, para no acatarla no cabía alegar ignorancia o confusión por parte de los encausados, a los que ha impuesto una pena leve por el delito de desobediencia, no de prevaricación, en una sentencia obligada, claro está, pero a la vez prudente e incluso conciliadora.

El TSJC, con gran generosidad hacia las personas condenadas, no aprecia prevaricación (decidir sabiendo que se incumple la ley) en sus actos, lo cual es discutible, pues supone no tener en cuenta el contexto ni la pertinaz actitud de del ex President y las dos consejeras, que habían anunciado con bastante antelación (y mucha tabarra) su intención de convocar el refrendo, de llevarlo a cabo engañando al Estado español (ideas del “Astut” Mas), y de no haber cejado en el empeño hasta ahora, en que anuncian, que, con nuevos trucos, lo volverán a convocar.

El asunto se entiende menos, cuando Mas, desdiciéndose de lo dicho en su  declaración (que no entendía la resolución del TC, que nadie había impedido la consulta si es que era ilegal, y que, al final, había sido obra de los voluntarios), afirma, al conocer la sentencia, que lo volvería a hacer. ¿Qué volvería a hacer? ¿Escudarse en los voluntarios o asumir que él es el principal responsable de todo, como ha dicho por ahí pero no ante el juez?

La pena impuesta casi por obligación, que es un capón a una persona que está inhabilitada por sí misma y a la que sus conmilitones no se han atrevido a inhabilitar por simple motivo de supervivencia, ya que ha reventado al Partido, viene a señalar que con el Estado no se juega, pero flojito, como diría Gila, y sin ánimo de molestar mucho. Lo cual prepara el camino para que el problema de la secesión de Cataluña se resuelva como hasta ahora, es decir, mediante factura.

El Gobierno tiene pocas ganas de hacerle frente, es cicatero hasta para aportar argumentos en contra de la secesión, salvo repetir, como un papagayo, que hay que respetar la ley. Y por la otra parte contratante, están los del 3% (o del 4%), o sea que es muy posible que el envite independentista se contenga momentáneamente con el talonario. Y hasta la próxima vez.