No aprenden

En el PSOE no escarmientan ni en cabeza propia. Como alternativa al refrendo de autodeterminación que plantean los independentistas, Pedro Sánchez ha propuesto en el Congreso dotar a Cataluña de un nuevo estatuto autonómico.

Se le debe de haber olvidado la experiencia del anterior Estatut, cuya elaboración produjo tantos quebrantos en las filas socialistas, sentenció de muerte al Gobierno tripartito en Cataluña, puso en aprietos al Gobierno central por el imprudente apoyo de Zapatero, y fue una de las causas del lío, del que ahora, ni ellos ni el resto de partidos, saben cómo salir.

En 2003, el PSC e ICV, en el pacto del Tinell, se comprometieron a elaborar un nuevo Estatuto de Autonomía, que era una vieja pretensión de CiU y de ERC. Con ello, asumieron un objetivo de la derecha nacionalista, al que sacrificaron el programa social propio de la izquierda.

Los partidos de izquierda, sometidos a la doble presión de ERC desde dentro del Govern y de CiU desde fuera, accedieron a una pretensión, que, por el  resultado del refrendo, sólo interesaba a los partidos nacionalistas, que bien pronto mostraron que el nuevo Estatut sería tan sólo una estación de paso.

Tardá propuso entonces una reforma constitucional que reconociera el derecho a la secesión, la federación entre comunidades autónomas, eliminase la provincia como circunscripción electoral y estableciera el castellano, el catalán, el gallego y el vasco como lenguas oficiales en todos los territorios, y Carod Rovira advirtió que en cuanto cambiara la correlación de fuerzas, volverían a plantear un cambio institucional para Cataluña. 

La presión de ERC sobre el Tripartito, llevó a Carod a afirmar que tenía la llave de dos gobiernos: el de la Generalitat y el de Madrid.  

Los datos de aquel refrendo muestran que el nuevo Estatut interesaba sobre todo a los partidos nacionalistas, pues la participación fue del 48,85%, los votos afirmativos fueron el 73% de los emitidos, pero eran sólo el 36% del censo (retengan el dato), y los negativos alcanzaron el 21%, pero cada partido los interpretó a su manera.

Maragall consideró que eran una victoria rotunda e inapelable; Zapatero, que, sobre el Plan Ibarretxe, había indicado que “las normas políticas aprobadas con el 51% acaban en fracaso”, equiparó la participación en el refrendo con las de las elecciones autonómicas, y, afirmó que, de todas formas, con ese resultado avanzaba la España plural. CiU se felicitó pero atribuyó la baja participación a la crisis del tripartito. Piqué estimó que, en apoyo, era un retroceso sobre el Estatuto anterior, y Rajoy, que había solicitado en el Congreso celebrar un referéndum en defensa de la unidad de España, solicitó que se suspendiera su entrada en vigor. ERC, después de forzar la puja con CiU por los contenidos, finalmente se abstuvo, pero quedó al borde de una ruptura interna.

Después vinieron la rebaja de las expectativas nacionalistas del Estatut en las Cortes, el recurso del PP, la demorada sentencia del Tribunal Constitucional y las reacciones posteriores y “el Procés” que nos ha traído hasta aquí.

Hoy, ante las dudas de unos, el apoyo de otros y la inanidad de unos terceros, los nacionalistas han avanzado sus posiciones y se sólo admiten negociar sobre la manera de obtener la independencia. Fracasado el primer intento de alcanzarla de modo unilateral y, dado que el quebranto, por ahora, no ha sido muy grande, esperan obtenerla negociando con un gobierno en una situación muy débil, al que amenazan con volver a las andadas el próximo mes de octubre.